Nadie en una campaña electoral entrega o aporta dinero a cambio de nada. Aquí y en todas partes, salvo que se trate de un entorno muy cercano al candidato, las campañas electorales producen una dinámica de intercambio entre los donantes y los receptores. Pero en esta relación no existe filantropía, lo que existen son intereses. No está mal que esto se produzca, sino que esta relación sea pública y transparente. Lamentablemente, esto no ha sucedido.
Ocho años después de las elecciones del 2011, obligados por las circunstancias, gran parte de la élite empresarial ha declarado ante la fiscalía aportes no consignados en los reportes de los partidos a la ONPE que no pasaron por el circuito financiero. El caso más sonado, por tratarse de la mayor donación, es el que involucra al más alto funcionario de Credicorp con aportes a la campaña presidencial de Fuerza Popular que alcanzó la cifra de US$3’650.000. Si a esta cantidad se le suma los aportes recién declarados de otros empresarios, la cifra crece a US$5’650.000. Es decir, más de S/19 millones, lo que constituyó el principal origen del financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. No estaba alejada, entonces, aquella afirmación que señalaba que la candidata de Fuerza Popular representaba los intereses de los empresarios y que estos se sentían representados por ella.
El gran problema es que estas donaciones de campaña se hicieron violando la ley, bajo un manto de oscuridad, en donde la mentira y la complicidad se establecieron como conductas dignas de ser replicadas y defendidas. La mayoría de empresarios financió las campañas fraccionando las entregas y utilizando a terceros o no bancarizando la donación, entregando en efectivo, como clara conducta reprobable. Se burlaban, así, los filtros del sistema financiero al realizarlo de manera clandestina, en efectivo, y en maletines entregados en la mano a la lideresa de Fuerza Popular.
El argumento para quebrar todas las normas de financiamiento ha sido el temor al triunfo de Ollanta Humala y la implantación de un modelo chavista. Un argumento deleznable, puesto que cuando sucedieron los hechos, el candidato del Partido Nacionalista aparecía rezagado en la intención de voto. Por lo demás, en el gobierno de Humala, Credicorp y el empresariado en su conjunto siguieron haciendo negocios sin problemas. Por el lado de la lideresa de Fuerza Popular, la supuesta confidencialidad y reserva sobre la forma en la que se desarrollaron las donaciones, negadas por la defensa del señor Dionisio Romero, no hacen sino justificar mecanismos al margen de la ley. Esta reacción ha estado acompañada por quienes, a coro, señalaban que lo ocurrido era simplemente una falta administrativa o, en su defecto, una falta ética.
Las normas sobre financiamiento evidentemente han cambiado. Hasta el 2003, no existía en el Perú ninguna restricción para aportar a las campañas electorales. La diferencia entre a quienes apoyaban los empresarios y a quienes no, era enorme, como se vio en las elecciones de 1990 entre las candidaturas de Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, aun cuando esto no determinase el triunfo electoral. Con la Ley de Partidos Políticos, el marco de las elecciones del 2006, 2011 y 2016 permitía solamente que personas naturales o jurídicas –en este caso, empresas– aportaran no más de 60 UIT, lo que para el 2011 era no más de S/216 mil. La norma fue reformada en el 2017 y es la que se aplicó para las elecciones regionales y municipales del 2018, y se aplicará para el 2020, incrementando el límite a 120 UIT, aunque ya solo para personas naturales, mas no para empresas. Como se ve, los aportes eran largamente superiores a los límites permitidos. Eso lo sabían los empresarios y los candidatos que lo recibían. Se suscitaba, pues, una relación de complicidad para violar la ley. Que en ese momento la sanción solo era administrativa y recaía solo en el partido y no en el donante, no exime de una responsabilidad en la clara violación de la norma, un engaño al organismo electoral y una mentira al electorado a quien se le recalcaba que todo estaba en orden y transparente. Defender el libre mercado obliga a defender la ley por sobre todo (El Comercio, jueves 28 de noviembre del 2019).