Nadie puede cuestionar seriamente que lo que hemos vivido en los tres últimos años ha sido una de las mayores parálisis políticas con impacto económico y social de lo que va del siglo. Este bloqueo no es otra cosa que aquella que se construye cuando existe una mayoría opositora en el Congreso, como ocurrió antes con Augusto B. Leguía, José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaunde Terry, Alberto Fujimori y, en el presente, con Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. En los cuatro anteriores precedentes, las salidas a las crisis incorporaron a un actor político fundamental, las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad, el camino debe estar en el marco de la Constitución.
En este escenario, la propuesta de adelanto de elecciones aparece como una válvula de escape como solución a la crisis: un atractivo para la ciudadanía para deshacerse de sus representantes a quienes desaprueban visceralmente y una invitación para que participe en la construcción de una mayoría en menos del plazo previsto, allí donde hasta ahora solo tenía como frase en los labios, que cierren el Congreso.
Instalada la propuesta, difícilmente el presidente la retirará, más aun cuando la aplastante mayoría de la ciudadanía la respalda. Mayoría que también se manifiesta, pero de manera inversa en el Congreso, en contra de la propuesta presidencial. Sin embargo, las bancadas parlamentarias estarán diariamente observadas si son responsables del atraso del adelanto de elecciones, con lo que el escenario de cuestión de confianza se acercaría peligrosamente, pues podría llevar a una disolución del Congreso. Medida que llena de aplauso ciudadano, pero retuerce el camino a un nuevo período de mandato, pues solo se convocaría a elecciones parlamentarias para completarlo y casi, inmediatamente, elecciones generales, desgastando a partidos y electorado.
Pero la propuesta presidencial, si bien puede ser apetecible a la mayoría, contiene el lado vulnerable de estar en manos del Congreso, que sabe que cada día que tarda en aprobar la propuesta de adelanto de elecciones, es cada día que compromete el calendario electoral. Este calendario se puede cumplir si el Congreso lo aprueba en el mes de agosto, pues a partir de setiembre corre riesgo, debido a que previamente se debe realizar un referéndum. Si este se efectúa, la victoria de Vizcarra será aplastante. Aquí es donde la oposición tiene una posible salida: evitar el referéndum para no terminar la historia, no solo derrotada, sino con facturas que puedan pagar sus partidos en el resultado electoral. Ciertamente, los congresistas no tienen ningún incentivo para llegar a este escenario, pues no pueden reelegirse, pero sus partidos sí van a participar, por lo que requieren el menor rechazo posible.
La única manera de evitar el referéndum es que la modificación constitucional de adelanto de elecciones pase por la aprobación en dos legislaturas consecutivas con un mínimo de 87 votos. Medida posible, pues se aplicó en el 2000 para hacer lo propio, mediante el recorte de la presente legislatura, vía la modificación del reglamento del Congreso. En esta oportunidad, si este mes se aprueba en primera votación, se pone fin a la legislatura e inmediatamente se convoca a la siguiente y se vuelve a votar la modificación constitucional. En este escenario, ya no sería necesaria la realización del referéndum. Se gana tiempo, dinero y desgaste político. La oposición no solo evitaría una derrota aplastante, sino que, de cara a la ciudadanía, gana imagen al allanar el camino de adelanto de elecciones y le arrebata un triunfo el presidente Vizcarra. Cualquier otro escenario, alarga los plazos y hace inviable un cambio de mando el próximo 28 de julio (El Comercio, lunes 5 de agosto del 2019).