En dos años se celebrarán las elecciones generales 2021. Si no se aprueban ahora las necesarias reformas, veremos en el bicentenario la reproducción del pasado y no un juego con nuevas reglas que encaminen a mejorar el futuro de la política y, en consecuencia, de nuestras vidas. Las modificaciones que se han realizado hasta ahora no han significado cambios sustantivos, pues no han regulado lo necesario y, más bien, solo han sobrerregulado lo accesorio.
Casi toda la élite partidaria está comprometida en los procesos que se siguen por el Caso Lava Jato y sus partidos se hallan seriamente diezmados. Mantener el estado de cosas es irresponsable, pese a que la realidad muestra de forma dura cómo los partidos han estado expuestos al poder económico y cómo han hecho del dinero una forma perversa de relacionarse.
Los partidos peruanos débiles y sin recursos propios están expuestos a quienes detentan los recursos económicos que se han extendido cada vez más hacia fuentes ilegales e ilícitas. Mientras que en el transcurso de los años muchos militantes abandonaron a sus partidos, otros frenaron su interés por ingresar y no pocos encontraron en ellos una fuente fácil para llegar al poder y así acumular recursos, favorecerse o favorecer a terceros y eludir la justicia.
Esa doble dinámica de salida y entrada de los partidos fue facilitada por normas, como el voto preferencial, que acrecentaron el personalismo y el engorde de la billetera personal, haciendo casi imposible –en los pocos casos en los que se quería actuar bien– el control partidario interno. Por eso, sin una reforma política que tenga como parte clave el tema del financiamiento, lo que tenemos hoy al frente seguirá igual, más allá de las sinceras invocaciones a cuidar el ingreso y el gasto en las campañas electorales.
Hay 24 partidos inscritos hasta ahora, que deberán levantar recursos para enfrentar campañas cada vez más costosas. Si bien gracias al referéndum ya no se podrá comprar espacios en la radio y en la televisión –más allá de la franja electoral–, lo que reducirá considerablemente los gastos de campaña, lo cierto es que tendrán que recurrir al dinero de origen privado, ahora solo limitado a los que se originan en el interior de los partidos (como las cuotas, la gestión de patrimonio o las donaciones) que se reducen al mínimo.
Pese a ello, recurrirán a estas fuentes, que mostrarán costos sobrecargados, pues ahora nadie quiere aparecer financiando partidos, incrementando así la presencia del dinero ilícito. Volveremos a observar cómo las listas se componen y acomodan a esta realidad imponiendo, los que tienen recursos, las condiciones al haber aumentado los riesgos. No hay nada que nos indique que será distinto. Es más, como se señaló anteriormente, con el voto preferencial ya no tendremos una competencia entre 24 organizaciones sino entre 3.120 candidatos que manejarán cada uno su economía individual, haciendo complejo el control interno al interior de cada partido y también el de la ONPE, que deberá multiplicar la supervisión –aunque posterior a la campaña y de manera limitada–, tal y como está actualmente normada. Al final del eslabón, hay un control dificulto y unas sanciones que, en el caso de que sean económicas, no se pueden cobrar, como hasta ahora ha ocurrido.
Si bien los actuales congresistas no postularán en el 2021, tienen la enorme tarea de modificar adecuadamente las reglas de juego, como lo propone el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. En caso contrario, serán los únicos responsables de llevarnos a un desastre del bicentenario (El Comercio, lunes 27 de mayo del 2019).