Es parte de una consigna que cada cierto tiempo reaparece. La alternancia en el poder es una condición que siempre debe estar abierta en un sistema democrático. En algunos casos, allí donde se puede prolongar el mandato, es porque se permite la reelección. En el caso presidencial, los antecedentes en nuestro país han sido nefastos, como lo muestran los casos de Augusto B. Leguía y Alberto Fujimori. Pero en otros casos, si la alternancia es deseable y necesaria, cambiar todo se vuelve contraproducente. En nuestro país, los cambios de partidos y autoridades adquieren una frecuencia muy alta.
Si bien hay presidentes que han regresado al poder luego de al menos un período, como José Pardo, Augusto B. Leguía, Manuel Prado, Fernando Belaunde Terry y Alan García, lo cierto es que, desde hace un siglo, no hay un partido político que haya llegado al poder con más de un presidente (Valentín Paniagua no cuenta porque no fue elegido) de una lista numerosísima de agrupaciones a lo largo de la historia. De los 23 actuales, tan solo el Apra, Acción Popular (AP) y el PPC se han fundado en el siglo pasado. El resto son partidos de corta vida, incluso para los que han ganado la presidencia, como Perú Posible (perdió la inscripción), el Partido Nacionalista y, presumiblemente, Peruanos por el Kambio. A nivel parlamentario la situación es más grave, pues la tasa de reelección es de las más bajas en la región. En los últimos 30 años está en alrededor de 27%. En este siglo es más baja. Es así que de los 130 congresistas actuales, 105 lo son por primera vez.
A nivel subnacional la situación no es diferente. La tasa de reelección regional era de 25% y de alcaldes, de alrededor de 17%. Pero a partir de las próximas elecciones se cambiarán a absolutamente todas las autoridades, pues se ha prohibido la reelección. Premiar con la reelección a un gobernador o alcalde ya no será posible.
Si todo lo anterior es por elección, las reglas institucionales en el Congreso corren en la misma dirección: el cambio permanente. Cada año se elige a un presidente del Congreso y su Mesa Directiva, así como a quienes dirigen las comisiones legislativas (solo en algunos casos permanece). La experiencia y especialización se diluye. Estos cambios llevan, como en los casos anteriores, a cambios en el personal y funcionarios.
En el Ejecutivo pasa algo parecido, pero derivado del desgaste del gobierno, crisis interna o relación con el Legislativo. En lo que va del siglo, desde el gobierno de Toledo, ha habido, contando el actual, 19 gabinetes ministeriales. De ellos, solo seis superaron el año de vida, pero ninguno más de la mitad del período gubernamental. El número de ministros bordea la misma cantidad, siendo que en ministerios tan importantes como Interior, el número sube a 24 ministros y en Justicia, 21. Con cada cambio ministerial cambian también los viceministros, secretarios generales, asesores y, en algunos casos, funcionarios de otro nivel y trabajadores.
De tal manera que la consigna “que se vayan todos” no ha mostrado ser un mecanismo de mejora de la calidad de los políticos, sino que ha sido una de las puertas por donde han salido muchos buenos y ha desincentivado el ingreso de otros tantos (El Comercio, jueves 5 de abril del 2018).