El financiamiento que tiene origen privado para las campañas electorales es el más escurridizo de todos, pues ingresa por cualquier lado y es el más difícil de supervisar. Aquí y en todas partes. Según Ojo-público.com, en la última década 371 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales, han recibido 908.965 aportes, sumando un total de 312’590.753 soles.
Es sabido que existe una brecha cada vez más grande entre los altos costos de campaña y la escasez de dinero en la caja de los partidos. Si estos suman millones y el Estado no provee de esos recursos, ¿cómo se cubren los gastos? ¿Con aportes individuales o de empresas? ¿Recursos propios o gestión de sus patrimonios? Los partidos no tienen dinero ni bienes. Quienes los tienen son las empresas formales, informales y las de origen ilícito. En todos los casos, quienes aportan esperan una retribución de diverso tipo una vez que el candidato que apoyaron llegue al gobierno. Aquí no existe dádiva ni filantropía. Existen intereses.
Asimismo, si estamos delante de organizaciones políticas formales, pero de una profunda vida informal donde hay miembros inscritos que no militan, otros que dinamizan el partido pero no están inscritos, tesoreros que no forman parte del comité de campaña y allegados a los candidatos que son los canales por donde discurre el dinero, en medio de circuitos informales que solo los jerarcas del partido conocen, es difícil, cuando no imposible, supervisar el dinero y seguir su ruta de recorrido.
De lo que se trata, luego de los eventos de corrupción que no terminan, es entender que, si no se cambia el tipo de diseño de las reglas del financiamiento de manera drástica, el deterioro de la política no se detendrá. Es decir, limitando, prohibiendo, sancionando, no se evitará que el dinero que irá en busca de los candidatos lleve consigo la obligación de la retribución, cuando no corromper. Por eso, hay que disminuir el financiamiento privado, no hay otra manera.
Primero, es necesario ampliar la franja electoral, costeada por el Estado, en el tiempo y duración, hasta cubrir el promedio histórico, pero prohibiendo, fuera de la franja, comprar espacios en los medios de comunicación masivos, como ocurre en México, Brasil y Chile. Con esta sola medida se reducen las tres cuartas partes de los gastos de los partidos. Segundo, proporcionar financiamiento público directo para las campañas electorales de los partidos, como ocurre en toda la región, con lo que se cubrirían los gastos, más allá de los que corresponden a los medios de comunicación. Tercero, regular la precampaña, que es la manera en que ingresa el dinero antes de la inscripción de candidatos. Cuarto, otorgar facultades sancionadoras y coactivas a los organismos electorales. Al lado de eso, sí tendrán sentido las medidas de transparencia, control y sanción. No se termina el problema, hay que supervisar muy bien el dinero público, pero los partidos políticos no serán tan vulnerables a los ostentadores del dinero. Eso ya es un avance (El Comercio, jueves 8 de marzo del 2018).