Los conflictos en el interior de la bancada de Fuerza Popular tienen consecuencias perjudiciales para la reforma electoral. Esta se colocó como parte de la agenda pública antes de las elecciones del año pasado y, luego de ellas, se incrementó la necesidad de llevarla a cabo de manera prioritaria.
El fujimorismo, al contar con la abrumadora mayoría de votos, asumió el reto en un espacio donde se tenía la ventaja de que ninguna agrupación política tenía una propuesta propia. El Grupo de Trabajo de Reforma Electoral (GTRE), con la congresista Patricia Donayre, de las filas fujimoristas y coordinadora, presentó su informe a la Comisión de Constitución (CC) luego de nueve meses de trabajo. Quizá esto no se esperaba, pues lo que se entregó fue, en buena cuenta, un Código Electoral con 423 artículos. Lo que siempre había ocurrido es que se aprobaban modificaciones de alguno de los artículos de las 14 leyes sobre elecciones y partidos políticos. Ciertamente, el GTRE tuvo que tomar como base el texto elaborado por los organismos electorales durante los últimos años.
El primer tema de discordia fue el factor tiempo. Si el GTRE propuso un cronograma para discutir el informe, la CC consideró que los plazos eran muy cortos. En realidad, hay varios plazos. Uno efectivamente a fin de mes, por cuanto todos los cargos en el Congreso, una costumbre nociva, se cambian en julio de cada año. Los presidentes de comisiones e integrantes pueden seguir los planes de sus antecesores. Aquí pertenecer a un mismo partido no garantiza la continuidad. Un segundo plazo es el referente a las elecciones regionales y municipales del 2018. Lo propio sería no superar la fecha de la convocatoria, que sería en febrero del 2018, lo que permitiría aprobar cualquier reforma hasta diciembre de este año.
Un segundo problema es el referido a qué documento se toma como base para la reforma. El GTRE sostiene que debe ser su informe. La CC ha tomado la decisión de que este sea uno más de los que se han presentado, desde proyectos de diversas bancadas, pasando por el de los organismos electorales y el presentado por el Ejecutivo. La ventaja del informe es que, al presentar un código electoral, incluye todos los temas cuyos artículos están sistematizados con la pretensión de ser una única fuente normativa. Una discusión de artículos parciales puede llevar a más de lo mismo. Solo tiene sentido esto último, si es parte integrante de un plan de reforma sustentado en acuerdos políticos estables.
Pero, finalmente, el problema es político. Toda reforma debe tener como base el acuerdo político para que la discusión sea ordenada y con norte. Fuerza Popular no sabía –esto se ve también en otras bancadas– qué hacer y cómo llevar adelante este encargo de tanta importancia política. Los opositores al informe del GTRE, de la misma bancada de Fuerza Popular, lo hicieron con tanta agresividad y desdén que daban muestra de que no quieren la reforma. Es probable que Keiko Fujimori y sus asesores piensen que aprobando un código pueden encontrarse con efectos no deseados y prefieren lo malo conocido. Pero no se dan cuenta de que, contra lo que se afirma, un código electoral beneficia a las organizaciones mejor organizadas, entre ellas, Fuerza Popular. Pocas veces el fujimorismo ha tenido una oportunidad de aportar institucionalmente al país. La está perdiendo (El Comercio, jueves 8 de junio del 2017).