Al grupo de trabajo de reforma electoral del Congreso de la República se le ha extendido el plazo para entregar su informe hasta el 16 de mayo. Dos temas deben enfrentar este encargo: el problema del tiempo y el contenido del texto.
Siempre se ha dicho que el mejor momento de una reforma es al inicio de un período de mandato. No falta razón. Alejado de un proceso electoral, el legislador tiene la oportunidad de ver, con cierta distancia, la modificación del marco normativo. Por eso si bien se han consumido varios meses de trabajo, el texto será evaluado por su calidad, pese a que la legislatura termina a mediados de julio. Si se llega a aprobar un dictamen, parte del camino se habrá recorrido.
La Comisión de Constitución tendrá solo hasta mediados de diciembre para entregar al pleno una iniciativa para que se debata y apruebe. Esto se debe a que en febrero del próximo año se convocan elecciones regionales y municipales, y lo recomendable es no modificar las normas en el período electoral. El riesgo aquí es no mantener un ritmo de trabajo para llegar a fin de año con la ley aprobada, pero sobre todo que las personas que estén en la presidencia de la Comisión de Constitución no sigan con el propósito de terminar la reforma. Esto ha sucedido en períodos anteriores, pues en cada cambio de presidencia se terminaba por dejar de lado lo avanzado.
Obviamente, el contenido es lo fundamental y el camino escogido para desarrollarlo es el correcto, a través de un código electoral. Hay que tener en cuenta que toda modificación de la ley electoral no es necesariamente una reforma electoral. Por eso, no es lo mismo eliminar el voto preferencial, modificar las circunscripciones, crear la circunscripción de peruanos en el extranjero, otorgar financiamiento público para las campañas electorales acompañado de mayores controles y sanciones, que solo modificar artículos relativos a temas procedimentales o mayores controles para la inscripción de candidaturas. Las primeras producen una reforma electoral. La segunda solo modificaciones a la ley. Es decir, podemos tener un código con reforma o un código sin reforma. Ese es el dilema de la reforma.
En consecuencia, no es coherente plantearse objetivos institucionales que no son correspondidos con las medidas planteadas. No se puede proponer, por ejemplo, fortalecer a los partidos políticos en el Perú y mantener el voto preferencial. Tampoco se puede otorgar dinero público a los partidos sin hacer los ajustes de mayor control y supervisión. Menos se puede combatir el ‘golondrinaje’ si no se establece más tiempo para la supervisión de domicilio y penalidades efectivas.
La reforma requiere tiempo, voluntad política y prudencia para no aprobar aquello que es popular. Se requiere sistematizar las normas, regulando en aquello en donde hay vacíos y desregulando allí donde las normas han resultado ineficaces y, por el contrario, han creado riesgo político en la competencia. Pero quizá los mayores riesgos aparecerán cuando las agendas de los partidos puedan ser superadas por las agendas de los congresistas, espacios en donde se abre el ancho campo de lo mínimo y lo demagógico (El Comercio, jueves 20 de abril del 2017).