El escándalo Lava Jato coloca el tema de la corrupción como el principal problema del país y extiende la idea de que la política es, en general, corrupta. Pero como van las cosas, es muy difícil de revertir esta idea, con mayor razón si hay un amplio abanico de incentivos perversos y favorables a la corrupción.
El progresivo debilitamiento de las organizaciones políticas, la sangría de su militancia y la pérdida de fidelidad partidaria están acompañados por un drástico crecimiento de los costos de las campañas electorales, sobre todo, en lo que corresponde a la televisión y a la profesionalización de dichas campañas.
Ante esta realidad, los países desarrollaron marcos regulatorios sobre el financiamiento de los partidos, el acceso a los medios de comunicación, así como un conjunto de normas con prohibiciones, topes, faltas, sanciones y la incorporación de los organismos electorales en la competencia de control sobre los fondos tanto públicos como privados.
Sin embargo, pese a todas las regulaciones, ninguno de los diversos modelos ha logrado controlar el flujo de dinero hacia los partidos, incluyendo el de origen ilícito. Las medidas de transparencia, control y sanciones no han sido suficientes, si bien algunos diseños regulatorios han sido más efectivos que otros.
Pero quienes consideran que el problema se resuelve solo con medidas de transparencia y sanción a los partidos, escamotean y no quieren responder la pregunta de fondo. Si los partidos necesitan dinero, de dónde lo van a obtener. Es decir, si no se advierte la realidad concreta de estas organizaciones, la regulación será formal y la vida partidaria informal.
Es necesario reconocer que el desprestigio de la política aleja a muchas personas honestas que pueden ser representantes y atrae a otras que serían potenciales corruptas o dispuestas a depender de quienes ostentan dinero. Los partidos difícilmente pueden proponer incentivos inmateriales, por lo que los recursos de sus miembros son escasos. El miembro de un partido, salvo que tenga cargo de representación, no aporta a su partido, a no ser que tenga una expectativa a futuro, como una candidatura. Incluso, la propia noción de militancia, base de la organización política, está en cuestión o su actividad es baja, salvo para campañas electorales.
Si los partidos gastan cada vez más en campañas electorales y no pueden proveerse de sus propios recursos, harán todo lo posible por conseguir ese dinero. Si la regulación es rígida y no atiende la realidad, los partidos y candidatos verán cómo hacen para cumplir los formalismos y violar la ley.
Hoy, con un financiamiento público que no se puede usar en campaña electoral y el no incremento de la franja electoral, la única puerta abierta que seguirán usando los partidos es la del financiamiento privado, que como ha sido probado hasta la saciedad no hay manera de controlar.
La regulación es necesaria, pero no se puede desarrollar sin tomar en cuenta la realidad. Hay que dar recursos a los partidos, pero con severos controles o indefectiblemente seguirán siendo vulnerables a las corporaciones o al dinero mal habido. Lava Jato se transformará como un camaleón (El Comercio, jueves 16 de febrero del 2017).
CÁRCEL para los corruptos.
Lo fundamental , de estas organizaciones , es su naturaleza comercial. A la base no está el bien público, el servir a la población. El incentivo es ser elegido para alguna representación o algún puesto, según la espectativa será la inversión , que además lo acerca al núcleo que dirige el negocio. ¿ Fondos públicos o privados “transparentados” eliminará la mano del narcotráfico y la corrupción de las grandes empresas? En lo absoluto. Esta lacra tiene que ser eliminada, nuevas fuerzas son necesarias.Claro está que el actual sistema tratará de impedirlo, para ello están sus leyes, sus medios de prensa con sus plumíferos ganapanes, sus “partidos” , reales mastines del poder.