Legislar para impedir la inscripción y excluir candidaturas ha resultado siendo el búmeran que regresa a cortar cabezas de candidatos de los partidos que en el Congreso aprobaron estas normas a lo largo de una década, con el aplauso del público y las propias bancadas de los partidos. Ya salió de carrera Julio Guzmán. Pero el que más cabezas va a cortar es el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que pretende combatir el clientelismo político.
Es decir, sancionar la relación de reciprocidad que establecen candidatos con electores, ofreciendo o entregando dádivas, bienes o dinero a cambio de votos. Por eso fue excluido César Acuña y ahora la espada de Damocles pende sobre las cabezas de Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, Vladimiro Huaroc, Gian Carlo Vacchelli, Fidel Medina (Moquegua) y varios otros.
Si bien hay de otros partidos, el mayor número de casos se refiere a los de Fuerza Popular, organización política que desde hace tiempo desarrolla una práctica extendida del clientelismo político.
No por nada, el que más la desarrolló fue Alberto Fujimori durante su mandato, en sectores pobres de Lima y en provincias. Hoy se traduce en el apoyo electoral que posee Fuerza Popular. Esa práctica ha permanecido en el fujimorismo de hoy.
Los que ayer eran rigurosos acusadores, embanderados en “la ley es la ley”, se callan ante esta falta grave que podría excluir a Keiko Fujimori del proceso electoral.
Cuando se observa que las exclusiones (Guzmán, Acuña y Fujimori) sumarían más de la mitad de la intención de votos del país, la propia legitimidad de las elecciones empieza a dañarse y se pasa de la preocupación al ataque de pánico.
Recién se están dando cuenta de que ninguna norma debió limitar la inscripción y la exclusión de candidatos. Pero quizá ya sea demasiado tarde (Peru21, domingo 20 de marzo del 2011).
Actualización: La incertidumbre electoral no solo está centrada en los escenarios de quién va a ganar, sino de quiénes compiten. Esto último es consecuencia de una tendencia que interpretó el desprestigio de la política, de parte de los electores, con incorporar normas que limitan y excluyen a candidatos del derecho de ser elegidos. Estamos pagando la miopía de los políticos, ingresando a un terreno cuyos efectos perniciosos para la elección y nuestra democracia, serán mayores.