Cada vez más los aspectos formales y procedimentales están reduciendo el espacio a la campaña electoral, preocupándonos menos de qué debe hacer el próximo gobierno y el nuevo Parlamento.
En un proceso electoral se deben preservar el voto y el derecho fundamental a la participación política, cuyos requisitos son escasos, como en todo el mundo: edad, nacionalidad y estar inscrito en el registro. Pero en nuestro país, un frondoso conjunto de leyes y otras normas de menor rango han ido limitando este derecho, regulando en casi todos sus espacios pasando de ser un soporte a convertirse en un fin en sí mismo.
Regular no debe ser sinónimo de limitar, maniatar las candidaturas. La situación es más compleja cuando este marco regulatorio extremadamente reglamentarista se implementa sobre una realidad partidaria escasamente institucionalizada y altamente informal. En el Perú, es casi imposible que los partidos cumplan rigurosamente todas las normas, por lo que se impone aquello de hecha la ley, hecha la trampa. Es decir, normas que no se extraen de la realidad.
Las leyes hay que respetarlas, nos guste o no, pero hay que ponderarlas para no perder de vista que hay un derecho fundamental que estas deben tutelar, el derecho a la participación política. ¿Cómo hacerlo? Desde una mirada integral del proceso en donde derecho fundamental y normas reguladoras estén apropiadamente evaluadas para poder producir una decisión que preserve este derecho fundamental. Por eso, como señala la Constitución, se deben apreciar los hechos con criterio de conciencia.
Así como siempre se debe hacer todo lo posible para salvar los votos de una elección, de la misma manera se deben salvar las candidaturas de nuestro enmarañado marco normativo; distinguiendo, eso sí, una infracción de un presunto delito. El que resuelva será finalmente el elector, porque de él emana el poder y la representación (Peru21, domingo 7 de febrero del 2016).