La agenda de Nadine, la compra de candidaturas, el dinero de fuera, el dinero de las mineras, el narcotráfico, todos temas que llevan al mismo lugar. El bolsillo y la chequera de la política. Todos exigen regular, aun cuando la mayoría hizo poco por avanzar en un tema que requiere amplitud de debate y, no menos importante, la integridad de las propuestas.
Pero, previo hay que contestar ¿qué tipo de campaña queremos?, ¿qué encarece una campaña electoral?, ¿queremos conocer solo el origen o también el destino del dinero? Partamos de lo básico. Los partidos políticos apenas tienen recursos económicos. Basta ver, en épocas no electorales, los pocos locales que existen y en las condiciones que estos desarrollan sus actividades. Saben indudablemente que la política cuesta y las campañas mucho más. Para la campaña electoral del 2011, por ejemplo, todos los partidos gastaron más de 23 millones de dólares, aunque ciertamente lejos de los cerca mil millones de dólares que costó la campaña en Estados Unidos, en el 2012.
En nuestro país, más del 70% se gasta en televisión. Particularmente en producción y emisión de los llamados spots televisivos. Porcentajes altos, como en todo país donde los topes en la inversión televisiva es bajo.
Si no hay financiamiento público, pese a que la ley lo señala, pero el MEF no cumple con asignar recursos y no pasa nada, la única manera que los candidatos se provean de recursos es a través de aportaciones privadas en dinero y especie. Si a ello se le agrega que con el voto preferencial, los candidatos manejan sin control de sus partidos, su propia caja, se abre un amplio espacio para la influyente participación de quienes tienen el dinero, que pueden tener origen lícito o ilícito.
En el corto plazo, para el caso del financiamiento, lo único que se puede hacer es apuntar a aprobar un núcleo básico de reformas que estén relacionadas entre sí, teniendo en cuenta lo que hemos señalado anteriormente.
Esto debería pasar por las siguientes medidas: a) dejar sin efecto la tercera disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos que deja al libre albedrío del MEF la decisión de entregar el dinero a los partidos; b) incrementar a 0.2% el financiamiento público en año electoral; c) duplicar el tiempo de la franja electoral, para uso exclusivo de los partidos nacionales, pero prohibiendo la contratación de espacios fuera de este mecanismo, como ocurre en Chile, México y Brasil; d) mantener el tope de aportaciones de personas naturales de 60 UIT, pero elevar el tope para aportaciones de personas jurídicas, a por lo menos 200 UIT; e) prohibir el financiamiento de gobiernos extranjeros y partidos extranjeros, a no ser fundaciones pertenecientes a partidos y para uso exclusivo de formación, investigación, capacitación; f) prohibir aportaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras; g) las aportaciones mayores a 1 UIT deberán realizarse a través del sistema financiero; h) incrementar los tipos de sanciones, así como elevar las multas; i) crear sanciones políticas, como el retiro de la inscripción del partido en caso de faltas graves y reiterativas.
Lo anterior debe estar acompañado con la eliminación del voto preferencial, que a su vez requiere que las internas de los partidos políticos se desarrollen de manera simultanea y sean, en todas sus faces, desarrolladas por los organismos electorales, que ofrecen garantía de legitimidad. Esto se convierte, además, en una de las modalidades de financiamiento público indirecto. Este es un núcleo de reformas acotadas, pero urgentes, para lo que se requiere mucha voluntad política. Caso contrario, a lo Hurtado Miller, “que dios nos ayude” (La República, 23 de agosto del 2015).