No hay país en la región y fuera de ella, en donde no se hable y se discuta sobre los serios problemas de representación y la desafección hacia los partidos políticos. En ningún lado, estas organizaciones son valoradas positivamente. Ciertamente, los partidos políticos han hecho su tarea para que esto sea así. Pero no hay que engañarse, no hay sistema político sin partidos políticos. Es más, a mayor debilidad de ellos, mayor fortaleza de los liderazgos carismáticos y autoritarios. Sobre todo en sistemas presidenciales como el nuestro.
Por eso, no causa extrañeza que en todas partes se discuten reformas políticas y electorales. De esta manera, en Chile se ha eliminado el sistema de circunscripciones binominales, en México se permite ahora la reelección parlamentaria y en Colombia se discute eliminar la reelección presidencial y el voto preferencial.
En estos y otros casos, toda propuesta de reforma parece insuficiente. Nadie parece contento. Unos, porque les afecta y otros, porque consideran que su implementación abre nuevos problemas. Pero todas las propuestas señalan como propósito fortalecer a los partidos políticos.
Sin embargo, en países como Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú, lo que más los corroe es el mecanismo del voto preferencial. Este, por más popular que sea para los electores es altamente nocivo.
El voto preferencial desata una inevitable lógica fratricida entre los candidatos de un mismo partido, impide que estos ofrezcan propuestas unificadas, crea una lógica creciente de ofertas demagógicas por ganar votos, producto de la competencia deja heridas internas difíciles de sanar, imposibilita que el partido político conozca el origen y gasto de los recursos económicos, pues el candidato no lo informa o solo lo hace parcialmente, hace vulnerable a los candidatos al dinero ilegal y mal habido y no protege la cuota de género.
Pese a ello, cada vez más parlamentarios defienden el sistema del voto preferencial, pues los beneficia, así sea un elemento que incida en la baja calidad de la representación. Son los que no les importa los partidos y constituyen el porcentaje mayor de los parlamentarios que se mudan de un partido a otro. Es decir, tránsfugas.
Pero hay otros que aceptan que existen efectos negativos del voto preferencial, pero temen que con su eliminación, permita que la designación de las listas sea controlada por los dirigentes del partido. Esto, justamente, obliga a plantear la aprobación de núcleos de reforma. Es decir, el voto preferencial debe ser eliminado, pero acompañado con medidas de garantías para los que compitan al interior del partido. Esto podría en parte lograrse si se tiene un reglamento electoral que sea condición de la inscripción, con reglas claras de competencia, en las que se incorpore allí sí, el voto preferencial, en un formato de elecciones directas. Estas elecciones deberían ser organizadas y realizadas por la ONPE de manera simultánea en todos los partidos y los resultados vinculantes. RENIEC se encargaría del padrón de militantes y el JNE resolver las controversias. Es decir, un conjunto de reglas y procedimientos que produzcan garantías de un proceso interno.
Ningún otra medida que se está discutiendo en el Congreso tiene el impacto comparable a la eliminación del voto preferencial.
Los partidos no parecen ser conscientes de que el voto preferencial contribuye al fraccionamiento, a la falta de disciplina y cohesión partidaria, así al transfuguismo. Si no se elimina, nada permite afirmar que los partidos políticos se fortalecerán y que el próximo parlamento sea mejor que el actual (La República, 8 de marzo del 2015).