En medio año elegiremos a autoridades regionales y municipales. La competencia entre los candidatos para ganar la elección requerirá de importantes recursos, en un momento en que los partidos enfrentan angustias económicas. Superarlas allí donde la política se hace casi de manera artesanal, resulta siendo una empresa titánica, a la que se agrega normas, para este tipo de elecciones, que les son desfavorables.
En términos comparados, la Ley de Partidos Políticos ha provocado que éstos compitan en condiciones de desventaja con las organizaciones regionales y locales, generando informalidad en los partidos e incentivando a los improvisados y caudillistas. La diferencia radica, además, en que una organización regional presenta un candidato, gana una elección, gobierna mal, termina su gestión y no pasa nada, pues la organización puede desaparecer o cambiar posteriormente su nombre. No hay una historia, una “marca” que proteger. En cambio los partidos tienen la pretensión de persistir. Las organizaciones locales corren con mayor ventaja aun. Una vez terminado el proceso electoral, desaparecen. Lo que sucedió en su economía, no deja huella, ni registro.
Contra lo que muchos creen los partidos carecen de los recursos necesarios para poner en marcha la organización. Las fuentes del dinero público están cerradas y solo el privado crea problemas. Para empezar, los partidos no tienen una economía centralizada. Los dispersos comités partidarios tienen autonomía y organizan su propia economía.
En relación con los recursos propios, casi todos dependen de los aportes de dirigentes y el diezmo de autoridades públicas, como los congresistas, alcaldes, ministros, así como altos funcionarios públicos. Esto sucedió con Perú Posible, el Apra, que tuvieron elevados ingresos de esta naturaleza, cuando fueron gobierno. Situación que revirtió cuando salieron de él y quedaron con dos y cuatro parlamentarios, respectivamente. Camino que, seguramente, transitará el Partido Nacionalista.
Los militantes, por su lado, ya no aportan de manera permanente y no hay manera que los partidos políticos les puedan exigir y sancionar. Representan, sin embargo, muy poco del conjunto de la economía del partido. Solo frente a un proceso electoral, los militantes suelen ponerse al día para poder estar habilitados y así poder postular a un cargo o candidatura de elección popular.
Los aportantes privados son básicamente externos a los partidos y lo hacen solo en elecciones. Sus objetivos, por cierto, no son filantrópicos. Pero aportar a los partidos no es una actividad que se quiere hacer pública, aun cuando la ley lo exige. Antes había personas que aportaban y no tenían temor de hacerlo. Ahora apoyan, pero no quieren aparecer, pues tienen temor a ser descubiertos que están asociados a un partido o haber aportado a varios. Esto abre una sequía económica, pero también una ventana de oportunidad al dinero mal habido.
Así, el motor de la economía es el candidato y no el partido. Pero a éste se le supervisa y a aquél, no. Por ejemplo, en el caso de la campaña presidencial el comando de campaña se encarga de toda la economía de manera reservada y no pasa por un control centralizado del partido. En el caso del parlamento, el tema empeora, pues el mecanismo del voto preferencial es un muro para poder supervisar los fondos, cuando no gestionar la economía partidaria, pues los candidatos no informan o lo hacen de manera parcial. No se sabe de dónde provienen los fondos y de qué modo se destinan de manera individual, aun cuando actúan con el símbolo de un partido.
Más allá de la buena voluntad de los partidos, es difícil el control que puedan ejercer si muchos de los candidatos resultan siendo invitados del partido, a lo que se agrega la imposibilidad del control, en el caso del uso del mecanismo del voto preferencial o cuando se trata de candidatos para elecciones regionales y municipales. De esta manera, el tesorero no puede ni tiene capacidad para obtener información de los candidatos de su propio partido.
Al carecer de financiamiento público, el autosostenimiento de los partidos de manera privada ha evidenciado un efecto pernicioso en el sistema, permitiendo que los meros intereses privados o particulares contribuyan a su sostenimiento y a su dependencia.
Así y todo el actual sistema de financiamiento partidario ha obligado a los partidos políticos a una mayor preocupación por la organización y transparencia en sus movimientos financieros. Sin embargo, ese mismo marco ha producido una desigualdad en las obligaciones, en beneficio de las organizaciones regionales y locales, que cada vez ganan más elecciones, pero existiendo sobre ellos un manto oscuro sobre el origen de sus recursos económicos (La República, 27 de marzo del 2014).