Si bien la denuncia de la supuesta existencia de narcoparlamentarios debe estar acompañada de nombres para que esta no sea genérica e injusta, al involucrar a justos por pecadores, lo cierto es que el hecho, pone nuevamente en discusión, el tema del dinero en la política.
En realidad, en ninguna parte del mundo los partidos recurren más al esfuerzo de sus militantes y dirigentes para sufragar los crecientes gastos que le reportan sus actividades, sobre todo, en las campañas electorales. Como es conocido, estas se vuelven muy costosas, sobre todo por el uso intensivo de los medios de comunicación de masas.
Es claro que los partidos buscan dinero por cualquiera de las formas, por lo que si no lo consiguen internamente, suelen ser presas fáciles de quienes tiene los recursos, corporaciones económicas o carteles delictivos, que aportan a una campaña con el propósito de exigir una retribución.
Hace una década, al promulgarse la Ley de Partidos Políticos (Ley 28094), se dejó atrás la mirada contemplativa del financiamiento partidario con origen privado y sin controles. Es decir, el mundo del dinero con origen desconocido y el gasto no reportado. La ley escogió el formato mixto, con financiamiento privado (aportaciones de militantes, actividades partidarias y gestión de su patrimonio) y financiamiento público indirecto (franja electoral) como directo.
Sin embargo, este último está suspendido por la tercera disposición transitoria, en la que se contempla que se otorgará dinero a los partidos si existe disponibilidad presupuestal. La consecuencia es que ni el gobierno aprista ni el actual han otorgado este financiamiento que por ley estaba, además, acotado a capacitación y formación partidaria. Nadie puede creer que 12 millones de soles anuales para todos los partidos, constituye un forado en el presupuesto nacional de la república.
Si bien el rechazo a esta posibilidad es entendible, es una postura que no hace frente a la preocupación sobre el origen del financiamiento y deja las cosas como están, como si estas fueran a resolverse por sí solas.
Pero el financiamiento público directo no arregla todos los problemas y enfrenta al menos tres, aparte de la suspensión de la entrega de los fondos directos antes anotada.
Uno es el voto preferencial. Según la norma los candidatos no pueden recibir apoyo económico directo, salvo que lo informen a la central del partido. Esto, por más buena voluntad del partido, no se cumple. Los candidatos de manera individual, buscan recursos en dinero, servicios o especies que no reportan o lo hacen de manera incompleta al partido. De esta manera, para la ONPE se le hace casi imposible supervisar el origen de los fondos y los gastos correspondientes.
Asimismo, la ley no contempla hacer efectiva las sanciones impuestas de parte de los organismos electorales, lo que produce un incentivo para que los partidos no rindan cuentas y violen doblemente la ley.
Finalmente, si se otorga el financiamiento público directo se enfrenta al tema de la distribución. La ley señala que se entregan fondos a los partidos con representación en el Congreso. Pero de las seis organizaciones con representación, tres son partidos (Gana Perú, Fuerza Popular y PAP) y tres alianzas electorales (APGC, Alianza Perú Posible y Alianza Solidaridad Nacional). Pero estas últimas ya no existen como tales. La ley no señala cómo proceder en estos casos. Por lo tanto, si los partidos políticos no se ponen de acuerdo antes de recibir los fondos, ocasionarían un escándalo por su distribución que sería contraproducente para el conjunto de los partidos y para el propio financiamiento público directo.
El tema es complicado, pero hay que enfrentarlo. A estas alturas lo fácil es dejar las cosas como están, pero el dinero seguirá desequilibrando las campañas, los partidos ahorcados por cumplir con una ley que les exige mucho, y el dinero mal habido atrapando representantes ávidos de recursos (La República, 29 de agosto del 2013).