De escándalo. El Congreso decidió elegir en bloque a los miembros del Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, desoyendo el amplio rechazo de los ciudadanos.
Hecho solo comparable a aquel vergonzoso Congreso que, en 1998, se opuso al referéndum que tenía el propósito de evitar el tercer mandato inconstitucional de Fujimori.
Nacionalistas y peruposibilistas votando por el ex congresista Sousa, no forma parte de un acuerdo político, sino de un acto antiético, contrario a sus discursos y recuerdan prácticas pasadas. Fujimoristas votando por Mayorga, Galindo y Freitas, no es porque los consideren los mejores, sino porque querían asegurar a Sousa en el Tribunal Constitucional. El propósito del bien común, está tan lejano, como la calidad de los cuestionados candidatos, ahora electos funcionarios públicos.
Un origen cuestionable como el que hemos visto el día de ayer, debilita tremendamente, tanto al TC como a la DP, aun cuando los partidos beneficiados por la votación, deben estar satisfechos con el desenlace. Este acto abona, además, al desprestigio del Congreso, que es visto como un órgano cuyos acuerdos son cuestionables, ofreciendo municiones a quienes desde la orilla autoritaria, les interesa atacar a las instituciones democráticas.
Haberse puesto de acuerdo hace días antes de la votación, les dio tiempo suficiente para percibir el clima ciudadano. Por el contrario, sin tomar en cuenta la oposición que produjo la propuesta y la forma de elegir, en bloque, los congresistas no quisieron oír el rechazo de una gran mayoría de peruanos, so pretexto del respeto de un acuerdo político, como si se tratara de un inamovible acuerdo medieval de caballeros.
En este despropósito, la responsabilidad del gobierno y su partido ha sido capital. Renunciaron a la posibilidad de dar marcha atrás, dando la espalda a una ciudadanía, cada vez más alejada del Presidente y que le pasará la factura por este acto indefendible. Parece que tener mayoría en el TC, era lo único que importaba. No es pues el precio del deber, sino el precio del poder, lo que ha dictado los actos de la mayoría oficial.
Ingrato, pero no sorprendente, ha sido observar que no hubo ninguna intención, de parte del Congreso, de elegir a personas de alta formación, buen desempeño profesional e independientes con intachable trayectoria democrática. Salvo excepciones, no se ha escogido a los mejores candidatos, sino a aquellos que los partidos consideran que pueden mediar y actuar a favor de ellos.
Pero hay responsabilidades compartidas de este y el Congreso pasado. El Defensor del Pueblo debió ser elegido en abril del 2011, pero se postergó. En este caso, importó más tomar el cargo para acrecentar la torta de reparto y no considerar la calidad de Eduardo Vega, Defensor encargado.
Los tres miembros del BCR debieron ser elegidos en julio del 2011, por un mandato de cinco años, que coincida con el del presidente de la República, pero fue postergado. No importó que los nuevos elegidos tendrían tan solo tres años en funciones, sino sumar cargos a elegir.
En el caso del Tribunal Constitucional, el más delicado de todos, se postergó la elección hasta que seis de sus magistrados habían concluido su mandato, acumulándose los cargos por elegir.
Se tenía que elegir y para ello, ponerse de acuerdo. Pero no a cualquier precio. Gana Perú y Fuerza Popular se han repartido estos cargos, justamente porque consideran que el Tribunal Constitucional resuelve sobre temas vinculados a casi todos ámbitos, pues el presupuesto es la afectación constitucional y con ello de impacto político y también económico, como el caso último de los Bonos de la Deuda Agraria, que sienten que deben controlar esta institución.
Revertir este suicida desempeño parlamentario, que es cada vez frecuente, no es tarea fácil. Pero fácil también es no hacer nada. Se ha dado muestras de participación política a través del rechazo, expresado a través de diversos medios. Ahora el control ciudadano debe ser más intenso y la reforma política más necesaria que nunca (La República, 18 de julio del 2013).
El asunto no es la repartija o cuotas, que por tratarse de un organismo político como el Parlamento Nacional, es lógico y natural. Es más, la misma Constitución Política obliga a ello.
El asunto ES LA CALIDAD DE PERSONAJES ANTIÈTICOS QUE SE ELIGEN, aprovechándose que la elección de miembros de esas instituciones centrales de nuestra república, tiene que realizarse luego de concertaciones entre los partidos políticos representados en el congreso.
VEO CON ALARMA, que en los comentarios que están haciendo muchos de los medios, se están centrando en la aproximación política de los elegidos.
La aproximación política de las personas capacitadas y profesionales es algo deseable y sano, para la vida democrática y la fortaleza institucional.
LO MALO está en la trayectoria corrupta, inmoral y de falta de ética de los incluidos en el listado preparado y aceptado por los parlamentarios.
OJO, no caigamos en esa trampa de supuestamente censurar a los elegidos por sus cercanías políticas. Censurémosles y rechacémosles POR SU TRAYECTORIA CORRUPTA NO ADIGNA para quienes han de ocupar CARGOS EMBLEMATICOS en nuestra sociedad peruana.
Dr. Tuesta, soy alumno sanmarquino, y estoy cansando de que el congreso sea el mismo de siempre, no soy estudiante de Derecho ni Ciencias Politicas, pero desde mi punto de vista considero que sería antidemocratico cerrarlo, pero debe haber otra salida a la poca representación de la misma.
Desconozco como funciona un parlamento en una democracia no liberal- caso Cuba- , pero he escuchado que la manera de como se elige a los parlamentarios es diferente a la de nuestra "democracia liberal", sé que Ud. es un experto en temas electorales, y no sé si me recomendaría algo al respeco de como sanjar dicha duda que la tengo desde que soy niño.
¿Es acasó representantivo el congreso?.¿Como conseguir que sea más democratico?
De antemano saludo su respuesta .
Luis Salcedo- Lbsalcedo@hotmail.co,