Reglas de desprotección de la autoridad

Un mecanismo como la revocatoria en un contexto de debilidad institucional, ausencia de un sistema de partidos consolidado y bajo índice de cultura democrática, tiene un efecto negativo sobre un sistema democrático. Pero a eso se puede añadir, reglas de juego mal diseñadas. Ese es el caso nuestro.

Mientras en otras países para revocar a una autoridad la valla es más alta, en tanto la autoridad es de mayor jerarquía, en nuestro caso eso no se produce. La ley señala que para solicitar la revocatoria se debe presentar la adhesión del 25% del padrón de la circunscripción, hasta un máximo de 400 mil. Resulta que el único lugar que llega ese máximo es Lima, por lo que los 400 mil resultan siendo solo el 6.7% del padrón. La capital y sus autoridades están menos protegidas.

Un segundo elemento es que la solicitud de revocatoria para una autoridad específica. Pese a que alcaldes y regidores ingresan, por el método de lista cerrada y bloqueada. Es decir, sin voto preferencial. Esto enfrenta a los electores, a decidir sobre el futuro de una autoridad sin conocer, en la gran mayoría de los casos, siquiera el nombre de los regidores.

Un tercer elemento es la condición para revocar a una autoridad. La ley 26300 señalaba que se requería la mitad más un voto del número de electores, para que la revocatoria proceda. Sin embargo, la norma se modificó para considerar el universo con el que se porcentualiza, los votos válidos. Es decir, la suma solamente de los votos por el SI y por el NO. Por ejemplo, si van a sufragar mil electores, en el primer caso se necesitaría por lo menos 501 votos para revocar a una autoridad. En cambio en el segundo caso, se podría revocar hasta con 167 votos. La diferencia es considerable y la desprotección de la autoridad, mayúscula (La República, 4 de marzo del 2013).