Como en otros casos, sin economía, nada puede funcionar. Los partidos, tampoco. Históricamente, el dinero que sostenía a los partidos políticos, provenía del financiamiento privado. En concreto, de los recursos propios que se traducían en los aportes de los militantes, así como en las actividades y negocios del partido.
Pero los continuos procesos electorales, la mayor competencia y la centralización de la campaña en los medios, ha ocasionado que los costos de la actividad política se incrementen sustantivamente. Es así que las campañas se volvieron más frecuentes y costosas y, por el contrario, la militancia y sus aportes económicos disminuyeron drásticamente. El encarecimiento de la política hizo casi imposible que los partidos políticos se mantuvieran financiados de la forma tradicional. Ya no podían proveerse solo de los recursos privados, a no ser que dependieran de quienes sí los tienen. Es decir, de los grupos económicos o del dinero mal habido.
Así surge la idea del financiamiento público a los partidos, que se extiende por Europa y en nuestra región se encuentra normado, salvo los casos de Venezuela y Bolivia, en casi todas las legislaciones. Esto ocurre, sin embargo, en el momento en que los partidos políticos, en general, han perdido credibilidad y son más sensibles a la presión de los medios y la opinión pública, por lo que el debate sobre este tema ha estado contaminado por malos desempeños partidarios y prejuicios extendidos. Se ha dejado pues poco espacio para entender y dar una salida a la economía de los partidos.
Pocos saben que la Ley de Partidos Políticos vigente, incorpora la figura del financiamiento público directo, pero supeditado a la disponibilidad presupuestal. Es decir, a la voluntad del gobierno. Esta no se mostró, tanto en el gobierno anterior como del actual.
Como se recuerda, el financiamiento público directo es la entrega de dinero que hace el Estado a los partidos políticos para que lo destinen a determinadas actividades. En muchas democracias este tipo de financiamiento público, es uno de los componentes que colaboran en el fortalecimiento institucional de los partidos pues, entre otras cosas, disminuye la intervención o injerencia de intereses económicos particulares en las funciones partidarias.
Ahora que se está discutiendo la modificación de la ley de partidos, es necesario eliminar su tercera disposición transitoria, que bloquea el financiamiento público directo. De esta manera, se podrá asignar recursos a los partidos que cuenten con representatividad parlamentaria. La ley ya contempla el monto y la forma de distribución de acuerdo a variables relacionadas con el nivel de representación alcanzado en votos en las elecciones parlamentarias y no por el número de escaños conseguidos, pues hay sistemas electorales distorsionadores.
Esta asignación, para el quinquenio 2011-2016, llega a la suma de 44 millones de soles distribuidos en poco menos de 9 millones anuales, para todos los partidos políticos. Es la cifra más pequeña de financiamiento público directo de algún país en la región. Esta cantidad, que mensualmente llega a la cifra de alrededor de 800 mil soles, es pequeña para los 6 partidos políticos presentes en el Congreso, que en realidad suman 14, pues están cobijados en alianzas electorales, pero puede ser un gran aporte a la franciscana vida partidaria.
Sin embargo, deben realizarse algunas modificaciones en los aspectos relacionados al destino del financiamiento público. Centralmente, deben de invertirse al mantenimiento de los hoy locales partidarios y el pago de los servicios que lo acompañan y no en pago de personal. Partido político sin un espacio físico, es un partido disminuido. Eso permitirá además, una presencia más efectiva de los partidos a nivel nacional. Y en segundo lugar, que la asignación no se realice de manera anticipada, sino con cargo a los gastos que por esos rubros se han pagado (La República, 29 de marzo 2012).