Un ajuste en la inscripción partidaria

  Decir que los partidos políticos son organizativamente débiles, poseen una mínima cohesión y baja disciplina interna, es una verdad incuestionable. Por si fuera poco, más allá del líder fundador, carecen de cuadros de dirección y relevo, los militantes son pocos, su economía es pobre y la mala imagen que tiene de ellos la opinión pública es general en América Latina.
 
El desplome del sistema partidista peruano, a inicios de los 90, no produjo una mejora en la calidad de los partidos que nacían de este terremoto institucional y, en consecuencia, la representación política. Por el contrario, fenómenos como los outsiders, el transfuguismo, partidos vientre de alquiler, aparecieron y se multiplicaron.

 
Por el contrario, en cualquier sistema político estable, uno encuentra un número acotado de partidos. Cuando el número es alto, como en nuestro país, la representación se fracciona, la relación entre representantes y representados se debilita y la interacción entre los partidos, por el solo número, se dificulta, cuando no se bloquea.
 
Esto sucede en el Perú, donde además las normas, que expresan las reglas de juego, aparentemente exigentes, no han sido un filtro para que se inscriban partidos políticos. Estos, por el contrario, se ven incentivados por sus vacíos legales, acompañados de una aplicación laxa.
 
No obstante lo mencionado, el caso Movadef ha puesto en evidencia que si los organismos electorales ponen todo el esfuerzo y voluntad en supervisar adecuadamente los requisitos formales pueden evitar la inscripción de partidos que no los cumplen. El tema es que esta forma rigurosa de accionar se debe extender a todo aquel que intenta una inscripción. Sin embargo, esto no es suficiente.

En un artículo anterior (La República, 26/1/12), sosteníamos que para inscribir un partido político se debería suprimir el requisito de las firmas. No demuestra que un partido existe y ha sido un procedimiento generalmente viciado. Lo que sí vale la pena observar con detenimiento, son los comités partidarios. La ley exige que los partidos que pretenden acceder a la inscripción, deban acreditar 65 comités provinciales distribuidos en 17 departamentos del país, con al menos 50 miembros. Más o menos 3.250 militantes.
 
A diferencia de las firmas de adherentes, los comités partidarios demuestran la existencia de una organización. Sin embargo, es poco probable que se hayan supervisado adecuadamente los requisitos que acrediten la existencia de estos comités, pues es difícil pensar que para las elecciones del 2006, como las del 2011, un número tan alto de partidos superaran este filtro exigente.
 
Es necesario ajustar la norma para que la presentación de documentación falsa y/o adulterada sea sancionada, no solo con la negación de la inscripción, sino con la sanción de los promotores de la inscripción. Existen casos en que hacen aparecer como miembros de los comités partidarios a personas que por hacer un favor o por la compra de ese mismo favor, aparecen en los padrones. Lo que se debe obligar es que para que opere el período de tacha, se debe publicar en la página web del JNE el listado completo de los miembros del partido que solicita la inscripción.
 
De la misma manera que solo ellos, y no otras personas, sean los únicos con derechos y deberes y, por lo tanto, los que pueden elegir a sus dirigentes, como a los candidatos para las elecciones en que el partido esté obligado a participar. Si este es un requisito de ingreso, debe ser también un requisito de permanencia. No puede haber un partido con menos del límite mínimo de militantes.

Hoy esto no sucede, por lo que muchos partidos políticos se inscriben y no están en capacidad de colocar siquiera candidatos a elecciones nacionales y menos a las subnacionales. Pero la acreditación de la inscripción los convierte en portadores de un bien preciado que se termina ofreciendo al mejor postor, que está en la búsqueda de un partido inscrito, para candidatear. Todo esto no cambia la realidad de los partidos, como por arte de magia, pero sí puede desincentivar a muchos aventureros e irresponsables que hoy han hecho de la política un espacio lucrativo de supervivencia (La República, 2 de febrero del 2012).