El nuevo Parlamento no tiene ni cuatro meses de funciones y está envuelto en una serie de críticas por el desempeño de varios congresistas, las cuales difícilmente podrá superar. Las demandas para mejorar la calidad de los representantes no se han hecho esperar. Todos los caminos se dirigen a cuestionar a los partidos políticos por no ser representativos, pero sí antidemocráticos y de proveerse, en la gran mayoría, de personal incapacitado para ejercer el cargo.
Gran parte de las propuestas buscan atacar el desempeño parlamentario (revocatoria del mandato), acentuar una mayor fiscalización (control de la economía partidaria), real democracia interna y hasta modificar las normas electorales (renovación parcial del Congreso, voto preferencial, voto facultativo). Algunos piensan que estos problemas no pueden ser afrontados solo con reformas institucionales y legales. Sin duda, pero sin ellas tampoco se avanza mucho.
El problema no es atacar solo el desempeño de los partidos y sus representantes, sino el propio origen de estas agrupaciones. Si bien no se debe cerrar el ingreso a la competencia partidaria, tampoco se debe incentivar el acceso fácil.
En concreto, ¿qué aspectos incentivan que, para cada elección, aparezcan partidos como hongos, logren su inscripción aun cuando no estén en capacidad siquiera de cumplir con los requisitos de ley y, posteriormente, las funciones para las que han sido elegidos?
Es así que hay partidos que se inscriben y recién existen, cuando una organización debiera existir primero para poder inscribirse legalmente. Esto da inicio al círculo perverso, que estimula la proliferación y posterior fraccionamiento partidario. Nada puede ser más dañino para la democracia que un sistema partidista fraccionado y con miembros carentes de cohesión, como lo muestran los parlamentos de las dos últimas décadas.
Lo que hemos tenido y seguimos teniendo al frente son partidos políticos que se reducen a sus bancadas parlamentarias, bancadas que no responden a partidos, partidos que han perdido representantes, representantes que carecen de partidos e incluso bancadas que se denominan no partidarizados. Es decir, tenemos una ley que exige partidos y lo que tenemos son entidades débiles, cuando no inexistentes. Es decir, leyes permisivas y de aplicación laxa.
Si bien la reforma normativa no soluciona por sí sola la realidad, también es cierto que no existe una aplicación rigurosa, lo que permite el acceso y permanencia de un sinnúmero de partidos. En esto han fallado los organismos electorales. En consecuencia, lo primero es garantizar que quienes ingresen a la competencia demuestren existencia real. Lo mismo debe ocurrir con los que se encuentran en el Parlamento. Es decir, hay que agregarle valor a la inscripción legal de los partidos, que es lo que abre la puerta a todo lo demás.
Esto debe estar acompañado de la eliminación del voto preferencial, eliminación de presentación de planillones de lista de adherentes, aumentar el número de comités provinciales, responsabilidad penal de falseamiento de documentación en la inscripción de comités, limitar las coaliciones y alianzas o aumentar sus exigencias para su conformación, limitación de presentación de listas en una sola circunscripción, sea el caso congresal, regional y local, colocar en la página web del partido el padrón electoral señalando continuamente las altas y las bajas, mantener el umbral de ingreso del 5% nacional y dejar sin inscripción a los partidos que teniendo representación parlamentaria ya no cumplen con las exigencias que les dieron vida. Listado incompleto, pero en la dirección de otorgar derechos sólo a los partidos realmente existentes y no ficticios, como hasta ahora (La República, 26 de noviembre del 2011).