Dudosa inscripción, financiamiento turbio

El deterioro de la política, viene de la mano del desempeño de los partidos, en una relación directa. Pero la situación se torna especialmente delicada cuando para la opinión pública peruana, al lado de considerar el tema de la corrupción como uno de los principales problemas del país, se encuentra extendida la idea de que la política es, en general, corrupta. En este contexto, el informe periodístico sobre el financiamiento de Gana Perú, no haría sino (re)confirmar esas ideas.

La rendición de cuentas de la campaña electoral –momento de mayor flujo de dinero en la política– del partido de gobierno, Gana Perú, tiene serios indicios de documentación falsa. Esta situación debe ser investigada y obviamente sancionada. Sin embargo, no resulta descabellado pensar que esta situación cruza a todos los partidos, como de seguro se podrá encontrar también en la que presentaron al momento de su inscripción.

Es aquí donde se puede también observar una clara debilidad y permisividad de los organismos electorales, al momento de cumplir su función de ser adecuados filtros para el ingreso de los partidos a la legalidad.

 En nuestro país hay muchos incentivos para la creación de partidos políticos que, con poco esfuerzo, logran la inscripción. En un país de poca cultura partidaria y baja militancia, es difícil pensar que 36 y 24 partidos, hayan logrado la inscripción para las elecciones del 2006 y 2011, respectivamente, cumpliendo con los exigentes requisitos de la ley. Sin embargo, lograron su inscripción y compitieron. Aquí empieza el circuito perverso. Estos partidos carentes de organización, militancia, con tan solo algunos cuadros y un líder jefe y fundador en el que reposan todas las decisiones, obviamente no tienen recursos materiales y económicos.

Al momento de la elección, deben inscribir 130 candidatos que deban competir con cierto éxito, no solo para lograr escaños sino para apoyar la lista presidencial. Pero es obvio que habrá muchos interesados y pocos capacitados. El partido oferta así los puestos, demostrando su extrema fragilidad, volviéndose vulnerables a las diversos tipos de ofertas de personajes que vienen mayormente de fuera de la política y/o con recursos, de los que carecen los partidos. Éstos no solo no se pueden resistir, sino que los aceptan sin mayores condiciones. Aquí se origina el contrato del puesto en la lista, a cambio de recursos.

Estos partidos, así de frágiles, ¿pueden exigir algo a estos contribuyentes, que en muchos casos quieren ser anónimos? Seguramente no. La tesorería del partido (figura partidaria, creada por ley), si no es cómplice de estos tratos, es incapaz de concentrar y organizar contablemente los informes de los ingresos y egresos que se producen en las campañas electorales. Peor aún, cuando nuestro sistema electoral tiene voto preferencial, en donde cada candidato es casi un partido en sí mismo. ¿Puede realmente un partido cumplir con la rendición de cuentas, es decir, hacerse responsable del dinero partidario? Difícilmente. Si esto es así, la posibilidad del ingreso de dinero mal habido crece y el incentivo para el desarrollo de conductas corruptas, crece.

Hay por lo tanto dos incentivos perversos: el fácil ingreso a la legalidad y la carencia de sanciones efectivas por el incumplimiento de las normas. El resultado es encadenado: partidos políticos incapacitados de cumplir con sus responsabilidades, creciente posibilidad que estallen escándalos que los involucren, consiguiente rechazo de la opinión pública, corta vida de varios partidos y permanencia de otros, pero en medio de la debilidad. El círculo se cierra en la siguiente elección, en donde se inicia nuevamente este proceso perverso. Así y todo, en los partidos, nadie quiere seriamente reformar las normas (La República, 19 de noviembre del 2011).