La señora Acuña parece que conoce poco de polìtica y mucho de negocios. El audio difundido hace unos dìas muestra varias cosas. Una candidata a la vicepresidencia que llegó al puesto gracias a un aporte importante y no gracias a cualidades que carece, pero que la podrían colocar, en un eventual triunfo de Castañeda y posterior ausencia en el cargo, en el sillón de Palacio. Así de simple y así de temerario.
No es ilícito donar dinero para una campaña presidencial, generalmente costosa. Pero lo que no parecía conocer la señora de Acuña, es que su aporte no puede exceder los 216 mil soles, en un año. Cierto es que la norma no impide que pueda utilizar a gente de su confianza o empresas para efectuar la donación y así sortear la ley. En todo caso, el castigado, si fuera el caso, no sería la señora de Acuña, sino Solidaridad Nacional.
Esta presumible transacción, que seguramente es común en gran parte de los partidos, muestra una vez más la debilidad de los partidos. Esto que ya es frase corriente, es consecuencia, a nivel institucional, de una fácil puerta de ingreso a la inscripción de los partidos políticos.
Para nadie es novedad que en el Perú, con una historia de baja membresía o militancia partidaria, no hay más de media docena de partidos. Sin embargo, poco o nada se dice de la mayoría de los 27 legalmente inscritos, que difícilmente cumplen con los requisitos que señala la ley, para ser inscritos. La aplicación laxa de la norma, explica el abultado número de partidos. Estos, sin aparato, militantes, locales, carentes de recursos, sólo tienen la valiosa constancia de legalidad. Varios han hecho de esta situación de privilegio, un negocio poco menos que lucrativo. Por ello, se los denominó, partidos vientre de alquiler. Pero, esta debilidad abre la puerta para que necesiten, con ansiedad, recursos ecconómicos, que no tienen. Un aporte como el ofrecido por la señora de Acuña, resultaría, para varios de ellos, imposible de rechazar.
Una aplicación adecuada de la ley y un ajuste de la misma, provocaría una reducción realista del número de partidos, pero que estarían en mejores condiciones para cumplir las funciones que le son propias. Estos partidos tendrían que recibir, al lado de los recursos privados, los provenientes del financiamiento público establecido por la Ley de Partidos Políticos, ausente por temor o cálculo político de los gobiernos que no otorgan las partidas correspondientes. Cierto es que esta medida es políticamente incorrecta, por lo que ningún partido, pese a que necesitan dinero, exigen el cumplimiento de esta norma que ya tiene siete años de vida.
Mientras tengamos partidos cascarones, que carecen de lo mínimo, los jefes y fundadores harán de ellos lo que es propio de una propiedad, comprar, vender o alquilar, antes que declararlos en remate.