Desde la caída del fujimorismo, los organismos electorales se renovaron radicalmente. Se establecieron procedimientos de seguridad y se ofrecieron amplios canales de información y transparencia en los procesos electorales siguientes.
Por eso, pese al comprensible malestar frente a las elecciones municipales, sobre todo en Lima, la denuncia de fraude no dejó de ser infundada, pues la honestidad y probidad de quienes dirigen la ONPE y el JNE están fuera de toda duda.
Sin embargo, no se puede ni se debe soslayar que uno de los efectos del último proceso electoral ha sido el deterioro de la confianza y la imagen de los organismos electorales. El resultado ajustado entre Fuerza Social (FS) y el Partido Popular Cristiano (PPC) puso al desnudo una serie de problemas que se debe enfrentar de distinta manera, ante las elecciones de abril próximo. Estos no fueron de orden normativo, sino también de planeamiento y eficiencia.
Es necesario, por tanto, realizar algunas acciones, puesto que difícilmente habrá reformas legales. El presidente debe convocar a elecciones generales el primer día que dispone la ley. Cualquier innecesaria postergación atenta contra el proceso, pues sin convocatoria no hay manera de presentar el presupuesto de elecciones que, por cierto, no debe ser recortado por el Ministerio de Economía. Con el tiempo disponible y el presupuesto adecuado, los organismos electorales se encontrarán en condiciones de llevar a cabo sus funciones y desarrollar con eficiencia cada etapa preclusiva del proceso electoral, así como contratar a más y mejores servidores y profesionales.
Es necesario que los organismos electorales inviertan esfuerzos en la capacitación de los funcionarios (JEE y ODP) y del personal que contratan en el país. Son decenas de miles (coordinadores distritales, de local, de mesas) los que cumplen un papel fundamental en la elección. Los miembros de mesa deben ser mejor capacitados y compensados, sea económicamente o con un día libre en el trabajo. De la misma manera, se debe retirar del sorteo de miembros de mesa a aquellos que gozan de voto voluntario (mayores de 70 años).
Las tachas contra las candidaturas deben ser resueltas con prontitud, claridad y unicidad de criterio por los JEE. Los atrasos atentan contra los planes de impresión y despliegue del material electoral que realiza la ONPE.
Rapidez y transparencia van de la mano en cada etapa del proceso, pero con mayor razón en la entrega de resultados. Si se mantiene la forma de acumulación de actas para producir un informe, es necesario que esto suceda en no menos de cinco horas tras finalizada la votación o, de lo contrario, optar por la solución colombiana; es decir, que las pantallas muestren el ingreso de las actas desde la primera, en tiempo real. Esto debe estar acompañado por el escaneo –de manera inmediata, como se hacía antes– de las actas ingresadas para que cualquier ciudadano pueda ver lo que ocurrió en su mesa de votación.
La resolución de las actas observadas debe tener un tratamiento distinto al actual para que estas no se acumulen como en el último proceso. Cualquier salida debe pasar por respetar y preservar el voto, y no permitir su anulación por razones formales.
Si estamos en el modelo de “acta mata voto” (los votos se destruyen luego del escrutinio), no se puede pasar a “firma o huella mata acta”. Lo anterior no será posible sin la coordinación permanente de los titulares de los organismos electorales quienes deben dirigir y encauzar el proceso de manera pública. Si este no se atiende y se enfrenta con mensajes claros, en el próximo proceso electoral se pasará de los hoy nubarrones a una tormenta de efectos incontrolados (El Comercio, 1 de noviembre del 2010)