El primer ministro Javier Velásquez Quesquén consiguió el voto de confianza del Congreso e insistió en la propuesta presidencial de modificar el calendario para las elecciones parlamentarias, lo que se ha venido a llamar —con la confusión que esto crea— “la renovación parcial del Parlamento”.
El argumento es que esta reforma generará mayores niveles de crédito a una institución permanente desgastada. Lo que a estas alturas debe quedar claro es que, si el difícil camino de la reforma constitucional se supera, los parlamentarios mantendrían, independiente de su desempeño, su período de mandato de cinco años. No es, pues, una revocatoria, como algunos pueden creer. Es una modificación que introduce elecciones parciales a mitad de período.
El sistema operaría de tal manera que 60 congresistas iniciarían su mandato de cinco años en julio del 2011, conjuntamente con el mandato presidencial. Los otros 60, en enero del 2014.
Para que ello suceda sería necesario que en las próximas elecciones, y por única vez, 60 congresistas tengan un mandato de solo dos años y medio. ¿Quiénes serían los elegidos (perjudicados)? La mitad de los representantes de cada departamento, quedando la difícil decisión en aquellos casos de representación impar y Madre de Dios. No se sabe si esta operación compleja y costosa es conocida por los congresistas. Pero es bueno que lo sepan, más temprano que tarde.
Por lo tanto, lo que se modifica es un calendario electoral, vigente desde hace más de ocho décadas, que hace coincidir en el tiempo elecciones presidenciales y parlamentarias.
Para cualquier modificación del calendario, es necesario considerar las alternativas posibles, como aquellas elecciones que coinciden en el tiempo, con segunda vuelta presidencial, como ocurre en el Perú desde 1985.
El resultado es una alta probabilidad de dispersión parlamentaria y un gobierno sin mayoría en el Congreso, cuando el sistema de partidos es débil. Otro es el caso, de la misma coincidencia parlamentaria, pero con un sistema de elección presidencial de mayoría relativa, como el caso peruano hasta 1985.
La probabilidad de un gobierno con mayoría parlamentaria se incrementa, la gobernabilidad también y el número de partidos decrece. Finalmente, en aquellos casos en que no coinciden en el tiempo elecciones presidenciales y parlamentarias, sea porque esta se realiza en otro momento, favorece a una mayor pluralidad. Pero también, la probable pérdida de la mayoría por parte del partido de gobierno. Esto último solo ocurre en sistemas presidencialistas.
De esta manera, en América, solo hay elecciones a mitad de período presidencial: en Estados Unidos y en Argentina. En el primer caso el mandato parlamentario es de dos años; en el segundo, de cuatro.
En países con sistema institucional y partidario débiles debe mejorarse la representatividad, pero sin descuidar la gobernabilidad. En tal sentido, la propuesta del Gobierno no es la más adecuada. Este equilibrio se puede hallar rebajando el período presidencial y parlamentario a cuatro años, como han hecho varios países de la región. Asimismo, si no se desea eliminar la segunda vuelta presidencial, que mejor se realice la elección parlamentaria.
Medidas como estas deberán ser acompañadas por la eliminación del voto preferencial y el ajuste a las normas para la inscripción de partidos, para quienes presenten candidaturas que puedan cumplir realmente con la función parlamentaria, evitando el fraccionamiento, la falta de cohesión y el transfuguismo, males endémicos de la representación política peruana (El Comercio, martes 18 de agosto del 2009)