La tragedia de Bagua

La semana empezó con la intervención por parte de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) de Panamericana Televisión, que desnudó la intromisión gubernamental, en un escándalo con olor a estatización encubierta. Ese hecho hubiera bastado para poner en problemas al gobierno del presidente García, sino fuera porque 25 policías, 5 nativos y 4 civiles muertos, 87 heridos, así como 74 detenidos y un incierto número de desaparecidos, en Bagua, coloca el hecho en el nivel de la tragedia nacional y sumen al segundo gobierno aprista en su más profunda crisis.

La promulgación de decretos legislativos por parte del gobierno, con el objetivo de facilitar la inversión privada en la región amazónica, fue el detonante violento que desnuda la profunda desconexión entre el proyecto de desarrollo del gobierno y las necesidades de comunidades nativas amazónicas, históricamente olvidadas. Es la diferencia entre el Estado y sus ciudadanos. Es la diferencia entre ciudadanos, en donde dichas comunidades pertenecen a los de segunda clase. Si las andinas, ocupan gran parte de las de mayor pobreza, las nativas un vasto territorio con recursos naturales importantes. Es por eso, si bien el gobierno podía y necesitaba generar normas para atraer la inversión extranjera, lo hizo transitando por el peor camino, pues no hay peor resultado que aquel que está bañado en sangre.

El decreto legislativo -facultad legítima del ejecutivo- se convirtió en el instrumento expeditivo, pues no necesitó pasar por ningún proceso lento y riesgoso, como pudo ser aquel que se generaba como ley en el Congreso. Sin embargo, dejó de lado consultar a las comunidades nativas amazónicas, tal como lo señalaba el Acuerdo 169 de la OIT, que el Perú suscribió. Peor aun cuando existía el fresco antecedente de dos decretos legislativos que pretendían adecuarse a las exigencias del TLC con Estados Unidos y que terminaron siendo derogados por el Congreso y motivaron una acción de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo, ante el Tribunal Constitucional.

El hecho no sólo daba muestra de una soberbia estatal, sino que prendía la chispa de los sentimientos de mayor desconfianza de las comunidades hacia el Estado, que han sentido que sus derechos siempre han sido pisoteados. La antigua era del caucho, se reverdecía con el petroleo y gas,en donde la política del embudo, colocaban a las empresas en la parte ancha. De esta manera, no es difícil entender como los sectores más radicalizados, encabezados por Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), hoy clandestino, pudieron liderar un movimiento, que en el momento de los sucesos del 5 y 6 de junio, ya llegaba a más de ocho semanas de paralización y de toma de carreteras y puentes.

Si bien un forzado diálogo se estableció entre el primer ministro Yehude Simon y Alberto Pizango, así como el Congreso revisaba los decretos del legislativos, llegó tarde y nadie pudo evitar el desborde de violencia que segó la vida de tantos peruanos. El gobierno ha tomado el control de la situación en Bagua, pero ha respondido con medidas represivas y propagandísticas que claramente tienen límites.

A dos años de las elecciones presidenciales, el gabinete Simon está por llegar a su fin, sino por voluntad propia, quizá por vía del Congreso. Él ha jugado un papel beneficioso para García, luego de ayudarlo a salir de la crisis de los petroaudios y quizá probará una candidatura presidencial, tal como lo manifestó al inicio de su gestión. Si Simon puede irse, García debe quedarse. El problema es que esta etapa de su gobierno lo toma con los efectos de la reseción mundial. El crecimiento económico ya lo acompañará, como hasta hace poco. Lo ocurrido en Bagua, sino lo resuelve de otra manera, puede terminar con su baja aprobación, pero sobre todo hacer daño a una democracia poco generosa en resultados.