Por el bien del Congreso, sus representantes y la opinión pública, es positivo que se tomen medidas para sancionar el incumplimiento de funciones básicas parlamentarias. En este sentido, las propuestas del presidente del Congreso pueden ser discutidas o precisadas, pero también pueden contribuir a que los parlamentarios entiendan que no están exentos de sanciones administrativas.
Ahora bien, estas medidas son de muy corto plazo –lo cual no anula su aplicación–, por lo que se requiere de acciones de carácter institucional que se relacionan, por ejemplo, con el tipo de representación que tenemos y debemos modificar.
Vemos congresistas que mantienen una débil relación con sus bancadas, en cuanto comunidad de ideas y de disciplina. Si estos temas fueran ajustados dentro de las agrupaciones políticas, probablemente algunos parlamentarios abandonarían sus tiendas originarias y se agruparían en bancadas cuyos miembros solo tendrían en común el hecho de ser congresistas.
Asimismo, vemos que los que incumplen funciones o forman parte de escándalos son políticos nuevos, sin formación política y experiencia. Pertenecen a partidos precarios, que no son pocos, lo que conduce a un serio problema de fraccionamiento político.
A esto sumemos que el número de congresistas no guarda relación con el tamaño del electorado, y que el voto preferencial convierte al parlamentario en el dueño de una bolsa de votos, que no responde ni siquiera a sus electores sino a sí mismo.
En consecuencia, hay que aplicar sanciones, pero también emprender reformas constitucionales con objetivos claros, que desincentiven la formación de organizaciones episódicas. Debemos ser más exigentes en la puerta de ingreso al sistema de representación.
(El Comercio, 8 de abril del 2008)