Después de varios intentos fallidos el 2 de abril el Presidente de la República se reunió en sesión de trabajo, por largas once horas, con los presidentes regionales. La relación entre ellos reproduce la tensión que existe entre el Lima y las provincias, como correlato de un estado no solo altamente centralizado, sino ineficiente, con el resultado conocido de desarrollo desigual y favorable a la capital, con el añadido de frustración y resentimiento en las provincias.
Desde el quiebre del régimen oligárquico, se han hecho intentos, hasta ahora vanos, por llevar adelante un real proceso de descentralización. Tanto la Constitución de 1979, como la de 1993 trataron, con sus diferencias, de afrontar este casi ancestral problema nacional.
Si el primer alanismo (1985-1990) llevó adelante un proceso de creación de regiones, con asambleas como espacios de representación corporativas, el fujimorismo se encargó de eliminarlas. Pero, si el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), desarrolló un proceso de descentralización –no sin antes modificar la Constitución- a través de la creación de gobiernos regionales, el segundo alanismo les transfirió recursos como nunca antes había ocurrido. Hoy tenemos 25 gobiernos regionales, con recursos económicos, pero tanto Alejandro Toledo, como Alan García no han podido descentralizar el país y, por lo tanto, que las provincias gocen hoy de los beneficios del crecimiento económico.
Tanto en el 2002 y 2006 se han elegido gobiernos regionales, bajo la jurisdicción de los departamentos, con el propósito que, a partir de ellos, en un proceso de fusión de dos o más, se creen las regiones. Eso no ha ocurrido sino, por el contrario, el referéndum del 2005, en donde se intentó ratificar el acuerdo inicial, fue desaprobado por la población. El resultado es que tenemos gobiernos regionales, sin regiones, pero manteniéndose los 25 departamentos. El gobierno de García se ha preocupado menos de la política y ha optado por transferir funciones y no pocos recursos. Sin embargo, el resultado ha sido muy pobre. Hay recursos, pero no inversión. Los profesionales y técnicos calificados y competentes no solo se concentran en Lima, sino que están distantes del aparato del estado y más si se trata del regional y local. No hay -salvo escasas excepciones- quiénes se encarguen de planear, desarrollar y ejecutar las grandes inversiones que requieren las provincias.
Esa fractura también se observa en la representación política, en donde la gran mayoría de los presidentes regionales no pertenecen a partido nacional alguno. Es decir, hay una distancia entre la representación nacional y la regional, por lo que el diálogo entre el presidente Alan García y los presidentes regionales, se hizo al margen de los partidos políticos nacionales. Este fraccionamiento permite que, casos como el presidente del gobierno regional de Puno, exija autonomía con virulencia.
El presidente y su gabinete han ofrecido resolver las demandas inmediatas. Se han puesto de acuerdo en los 11 de los 16 puntos de agenda, que es todo un avance. Sin embargo, el desarrollo de las provincias será difícil sin una desconcentración del poder político y limitada, sin una económica y fiscal. Esto no llevará a parecernos a Bolivia, pero la frustración interna puede crear muchas caras.