Los fonavistas, no constituyen los principales afectados por la decisión del Jurado Nacional de Eleciones (JNE) de rechazar el referendum solicitado por éstos. El más afectado es la institucionalidad y el Estado de Derecho. Y es que las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) no se discuten, no se interpretan, no se negocian y menos se desacatan. Al JNE le corresponde obedecer lo resuelto por el TC, que es -guste o no- vinculante y por tanto de obligatorio cumplimiento. De la misma manera, que en la administración pública y en la órbita privada las resoluciones jusrisdiccionales se cumplen más allá del parecer de los implicados.
Existe un ordenamiento jurídico que se encuentra consagrado en la Constitución, por lo que el JNE debe acatar las resoluciones del TC quien se encarga del control constitucional y de velar por la protección de los derechos fundamentales. A estas alturas no está en dicusión si los fonavistas tienen o no razón. El referendum se tiene que realizar y el gobierno tiene todo el derecho a realizar una campaña para persuadir en favor de lo que considere necesario y pertinente para todos. Razones no le faltaría.
El JNE se encargó, en su momento, de ver lo concerniente al tema de los fonavistas. Ahora su papel es otro. Sino acata, como ocurre en este momento, estamos no solo delante de una rebeldía inaceptable, sino que se abre el camino para que otras instituciones hagan lo mismo, bajo razones diversas. A eso, con justa razón se llama quebrar el Estado de Derecho.
Por qué hace esto el JNE? por la defensa de sus fueros? por que considera que también tiene el papel de interprete de la Constitución? por que quiere generar apoyo en su ya conocida confrontación con el TC? o por que de un tiempo a esta parte inclina y defiende posiciones gubernamentales a cambio de su apoyo? la respuesta puede ser de una combinación de varias de estas posibilidades. El hecho es que la antigua actitud cautelosa de parte del JNE, ha sido reemplazada por una beligerante, que no lo hace bien al Estado de Derecho.