Hizo bien, en octubre pasado, el Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Aurelio Pastor, en postergar un proyecto de ley presentado por algunos congresistas de su bancada, en relación a la reforma constitucional referida a los organismos electorales.
La propuesta -unificar los organismos electorales- tiene como propósito desaparecer la ONPE y RENIEC.
Cabe recordar que en la legislatura anterior los principales líderes apristas votaron en la misma Comisión por un proyecto multipartidario y mayoritario en sentido contrario al propuesto ahora. ¿Qué aspecto de la realidad, no contemplado antes, ha tenido un valor decisivo para plantear hoy la desaparición de la ONPE y RENIEC? En realidad, en términos de diseño institucional, ninguno. En el plano de la política, quizá.
Lo cierto es que el diseño institucional consagrado en la Constitución de 1993 ha llevado a una lógica perversa, por ello merece ser modificado. Desde la creación de la ONPE y RENIEC hasta el día de hoy, las relaciones con el JNE, con independencia de quién o quiénes las dirijan, han sido conflictivas. Esta tensión ha sido atenuada temporalmente por la propia acción de sus titulares. Es así que inevitablemente estos organismos invierten tiempo, energía, trabajo y recursos para afrontar este conflicto, que no tiene visos de solución. El modelo es la base del conflicto, que no solo erosiona las relaciones interinstitucionales, sino las interpersonales, en donde las acusaciones y denuncias no están descartadas. Esta relación perversa, que genera tensión en momentos donde se requiere de un gran esfuerzo, dedicación y concentración para alcanzar un objetivo: hacer elecciones, no se la merecen trabajadores y funcionarios de instituciones cuyo empeño, particularmente desde la caída de Fujimori, ha sido capital para la transición y estabilidad democrática.
Las razones esgrimidas -modelo nacido en el fujimorismo, duplicidad de funciones y gastos mayores- no resisten el mayor análisis serio. En relación al origen, quienes se opusieron al diseño del 93 –entre los que me encontraba- no lo hicieron proponiendo uno alternativo, sino era la defensa del status quo, pues se trataba de una oposición política, como parte de la oposición al fujimorismo. Se pensaba que el modelo era consustancial al fraude, que era más sencillo controlar los organismos electorales y debilitarlos. Es por eso, que haciendo un balance, se puede observar que no existe, durante la década pasada, ningún trabajo serio que se introduzca en el debate del modelo institucional y, por el contrario, sí los centrados en la polémica política.
La caída del fujimorismo mostró que el problema no era el modelo y menos el número de organismos. El problema era de ética. Quienes se encontraron como titulares y por ello con capacidad de decisión en la ONPE y en el JNE estuvieron comprometidos con Montesinos y los objetivos del régimen. ¿Esto se podía evitar con el modelo del 79? ¿El problema era el número o la subordinación al régimen político autoritario? Es por eso que caído el régimen, se realizaron las elecciones más limpias de la historia con el mismo modelo, con lo que se probó que no era consustancial al fraude fujimorista. Por lo tanto, el origen del modelo, no es el problema. Lo es sí, el modelo mismo.
Qué es preferible, un modelo con un organismo que concentre las competencias de los otros dos, sin que ello conlleve necesariamente ahorro, eficiencia y, lo más importante, garantía de eficiencia, transparencia e imparcialidad o un modelo donde se delimite claramente competencias, y precise que las administrativas se concentran en ONPE, las jurisdiccionales en el JNE y las registrales el RENIEC. Este último modelo mantiene y mejora la eficiencia y ofrece las garantías para las elecciones, así como a los candidatos, partidos y ciudadanos. Es decir, en un proceso electoral las resoluciones de la ONPE y el RENIEC, podrán ser vistas por un JNE, que concentra su tiempo, energía y conocimiento en impartir justicia, distante de todo aquello que tiene que ver con la administración electoral. Solo así, aquello que llegue al Tribunal Constitucional, por violación de derechos fundamentales, será residual.
(El Comercio, 29 de enero del 2007)