Qué hubiera pasado si en los distritos en los que se ha desarrollado la consulta a sus pobladores, sobre el tema del proyecto minero de Majaz, se hubiera realizado bajo el formato de Cabildo Abierto o votación pública en la plaza o una encuesta de opinión. Podríamos imaginar también a los municipios involucrados, solicitando a sus vecinos envío de cartas con sus respuestas. O quizá, en un tiempo no muy remoto, a través de Internet.
Es probable que, en cualquiera de los formatos, el resultado no hubiera sido muy distinto al de la consulta a través de votación directa. Lo que sería más claro es que a nadie se le hubiera ocurrido impedirlo, ni menos amenazar a los organizadores por consultar a los pobladores sobre un tema que los involucra, por más controvertido que este fuera.
Y es que en ninguna parte de nuestro ordenamiento constitucional y legal se puede sustentar que a nivel local toda consulta debe pasar por las manos de los organismos electorales. La Consulta Popular, es el mecanismo más elemental y casi primario de participación vecinal. Es también, en este caso, la materialización del derecho fundamental de expresión garantizado por la Constitución y Tratados Internacionales. Su resultado, por cierto, no es y difícilmente podría ser, vinculante.
Llama pues poderosamente la atención que sobre este caso, el JNE haya tratado de forzar una interpretación legal sobre un derecho fundamental de participación política a nivel local. Esa inusual pro actividad en un tema con claros ribetes políticos, colocó al JNE en el lado de los objetivos trazados por el gobierno, convirtiéndose en el intérprete electoral –más allá de lo legítimo- de los propósitos gubernamentales. Esta actuación no solo no ha sido respaldada, sino más bien cuestionada por diversos sectores, entre ellos a la Defensoría del Pueblo y la propia Fiscalía de Ayabaca, quien denegó un pedido de incautación del material electoral.
Más allá del destino final de este problema de la comunidad con la empresa Majaz, lo que queda claro es que el JNE ha dado un paso sumamente preocupante. Desde la caída de Fujimori los organismos electorales, todos sin distinción, dieron muestras de lo que deben ser: autónomos e independientes de cualquier poder del Estado. Esa distancia necesaria y fundamental no puede ser recortada, para seguir contando con el favor gubernamental, en el objetivo de la unificación de los organismos electorales. El JNE debe evaluar este peligroso paso en falso y tomar la distancia que siempre debió mantener con el poder.