Los que defienden el Voto Preferencial sostienen que lo hacen desde un ángulo de derecho (permite que el elector tenga la mayor decisión) y de protección (permite que el candidato no caiga en manos de quienes tienen el control partidario). Tras casi tres décadas de ejercicio de este mecanismo en el Perú, es necesario hacer un balance.
Las consecuencias son distintas cuando se trata de un voto preferencial único y obligatorio (en 1978), que cuando se trata del actual (desde 1985), que es voto preferencial doble y opcional. Por lo demás, no es lo mismo aplicar el método de voto preferencial con un sistema de partidos poco numeroso (década del 80′) y otro con un sistema numeroso y debilitado (desde el 90′). En la modalidad del voto preferencial actual, los que lo utilizan tienen una incidencia desproporcionada en la elección de los representes al Congreso en relación a los que no lo hacen.
Podemos comprobarlo con un ejemplo hipotético. En Áncash, que tiene 5 escaños en el Congreso, un partido A obtiene 100 votos, con lo que consigue 2 escaños. Del total de votantes de A, 98 deciden no utilizar el voto preferencial, pues consideran que el orden presentado por el partido es el adecuado. Sin embargo, 2 votantes sí lo utilizan, optan por candidatos que están en los puestos debajo del que ocupa el segundo lugar en la lista, digamos en el puesto 4 y 5. El resultado sería que ingresan estos últimos y no los candidatos de los puestos 1 y 2, pese a que la mayoría de los votantes del partido A así lo consideraron. Este ejemplo puede ser extremo, pero muestra un mecanismo que, al no ser obligatorio, hace que algunos decidan más que otros. Es decir, en este formato de voto preferencial, no hay cómo hacer valer la decisión de quienes desean que se mantenga el orden presentado por el partido. Lo que establece una relación peligrosamente inversa: a menor uso del voto preferencial, mayor peso decisivo de los que lo utilizan.
¿Pero, cuántos lo utilizan? No hay cifras oficiales. Se conoce que en Lima es superior al resto del país y -previsible- en ciudades más que en el ámbito rural. Lo que sí se puede conocer es que el 27% de los parlamentarios que ingresaron en 2001 y en 2006, lo hizo gracias al voto preferencial. Sin embargo, esto es engañoso pues algunos candidatos prefieren estratégicamente ubicarse en puestos de fácil recordación. Por ejemplo, el último de la lista (Valle Riestra o Lombardi).
Ante estas cifras, los problemas que se generan son mayores. Desde el punto de vista de la comunicación de las propuestas partidarias, el voto preferencial constituye un freno, pues su lógica exige que cada candidato intente ganar más votos que el otro candidato de su propio partido, por lo que tiene que diferenciarse en forma y fondo. Cae, por lo tanto, en la tentación mediática de llamar la atención para conseguir que lo observen, condición necesaria -aunque no suficiente- para que lo voten. La consecuencia es que en las elecciones de 2006 se desarrollaron cerca de 2,800 campañas individuales en vez de 24 que fue el número de partidos que presentó lista de candidatos al Congreso, ya de por sí alto.
Esa competencia requiere necesariamente de una mayor inversión económica del partido y de cada uno de los candidatos y sacrifica lo común del discurso político -que es propio de un partido- por lo particular y demagógico. Se observa por eso que los candidatos intentan mostrar sus virtudes y ofrecer lo que solo como Ejecutivo podrían realizar. El resultado es una gran confusión de los discursos. Pero, lo más preocupante es que se hace más difícil conocer el origen y gasto de cada uno. Es decir, la ley de partidos controla a las organizaciones -ya con dificultad- pero deja libre a este vertiginoso juego del voto preferencial. Las posibilidades de control disminuyen ostensiblemente.
La lucha al interior de cada partido es tan intensa y competitiva que tiende a convertirse en fratricida. Varios de los que han postulado han perdido incluso amistades y luchan, en algunos casos, voto a voto a través de impugnaciones de actas. Si pudieran, cada candidato tendría su personero, pues varios dicen desconfiar del partidario. Si a eso se agrega que la votación se hace más compleja para el elector como para el miembro de mesa, se entenderá por qué el 90% de las actas con errores se deben al voto preferencial y, en consecuencia, la demora en entrega de resultados.
Con todo lo anterior, difícilmente un sistema partidista frágil puede reconstituirse siendo más sensible a la indisciplina partidaria y al transfugismo (Kouri, Ticona, Ruby Rodríguez y otros). No es raro que la gran mayoría de los que estuvieron involucrados en escándalos (Canchaya, Tula Benites, ahora; González y Torres Ccalla, antes), son hijos del voto preferencial.
¿Ante esto qué hacer? Lo que se requiere es modificar la Ley de Partidos Políticos reduciendo, por ejemplo, a un 10% el número de invitados por partido, quienes no tendrán la condición de militantes del mismo y debe estar previamente establecido en los estatutos cuál es la forma en que ingresan en las listas. Si desean los partidos, que introduzcan el mecanismo de voto preferencial en su interior. En la inscripción se deben eliminar las firmas de adherentes y documentar la militancia, siendo obligatorio que cada comité provincial deba tener un local. Sin espacio, no hay partido que desarrolle actividad. Si se falsea información, la agrupación no solo no procederá a la inscripción, sino que sus dirigentes podrán ser denunciados penalmente.
Por lo demás, todo el cronograma, normas, padrón y hojas de vida debe estar obligatoriamente publicado en la web de cada partido y no en otro lado. Esto facilitará la inscripción y descargará al Estado. En un solo día se deben desarrollar las elecciones internas y la sociedad civil debe ejecutar la observación electoral, como bien lo ha hecho y con eficacia. Pero sobre todo, es necesario hacer cumplir las normas y esa es responsabilidad que, en estos casos, no se ha observado con severidad de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que permitió la inscripción de 36 agrupaciones políticas allí donde seguramente no llegaban a una decena.
(Peru21, 17 de junio del 2007)
Archivos adjuntos
20070617-2006-2011 Congresistas.pdf