Solicitud que parece un tanto difícil de aceptar, pues aun no termina el Premier Jorge del Castillo de superar una interpelación del mismo parlamento al que ahora se le solicita facultades especiales. Ésta interpelación no solo tiene que ver en una probable infracción constitucional –nombramiento de Alberto Pandolfi cuando estaba inhabilitado para ejercer cualquier cargo público- sino por que abría todo un abanico de conjeturas sobre un pacto o acuerdo con el fujimorismo donde Pandolfi jugó un papel crucial no solo en puestos de gobierno sino en su relación con Vladimiro Montesinos.
Esta presencia –si bien es cierto en un puesto no destacado- venía apadrinada del cada vez más influyente vicepresidente de la república almirante (r) Luis Giampietri, quien tiene lazos claros con sectores fujimoristas. Militar con predicamento muy conservador – algunos lo asocian incluso con el Opus Dei- no ha escatimado ninguna oportunidad para aparecer en temas muy controvertidos.
Desde el inicio del gobierno esta inclinación de Alan García –que fue notoria desde la elección de Giampietri como compañero de lista- hacia la derecha no parecía formar parte solo de un reconocimiento de ser un gobierno sin mayoría parlamentaria, sino de su dirección misma. Fue parte de este sector quien en el primer gobierno de García desató una oposición radical y del que salió la alternativa liderada por Mario Vargas Llosa. Quizá por ello organiza su gobierno con algunos ministros y funcionarios cercanos o firmes representantes de este sector. La oposición de derecha se vio así, seriamente diezmada, dividida y cooptada.
A su izquierda, no era necesario hacer gran cosa, pues la derrota de las listas más articuladas fue estrepitosa y la agrupación política encabezada por Humala (UPP), se dividió al inicio de la legislatura. De esta manera, un gobierno sin mayoría tiene al frente un congreso dividido, que tiene dificultades para cumplir una agenda legislativa de acuerdos mínimos sobre temas de trascendencia, pese a los esfuerzos de su propia mesa directiva. Esto no quiere decir, sin embargo, que esté subordinado al ejecutivo, como ha ocurrido en algunas ocasiones.
En esas circunstancias la censura al Premier Jorge Del Castillo, difícilmente prosperará, tal como ocurrió con el Ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca, acusado de usar fondos públicos para mejorar su imagen personal. Sin embargo, si bien es cierto la oposición dividida no está canalizando el conflicto social, éste no deja de manifestarse a nivel de las regiones.
El gobierno reconoce este potencial problema, pero es muy dependiente del voluntarismo presidencial. El gobierno no ha logrado promover niveles más amplios de acuerdo, sino inclinarse hacia un sector cuyo pragmatismo es difícil de predecir. Por todo ello, la relación ejecutivo-legislativo que discurre sin aparentes contratiempos es altamente precaria.
(Infolatam, 24 de abril del 2007)