Más bien es claramente un espejismo, tanto porque el período de elecciones realmente competitivas sólo lo tenemos desde 1963 y libres e inclusivas (con jóvenes menores de 18 y analfabetos) desde 1980. Antes de estas fechas, los procesos electorales se encontraban seriamente cuestionados (1931, 1939, 1956), anulados (1936 y 1962), o con candidato único (1950). Basta abrir un libro serio de ciencias sociales, para comprobar abrumadoramente este hecho. Entre 1980 y 1995, la situación es distinta. En este período la población casi se duplica, los candidatos y los partidos políticos exigen una mayor control e imparcialidad, los ciudadanos transparencia y entrega de resultados de manera rápida y los procesos electorales se incrementan en número. Frente a eso, a inicios de los noventa, el diseño del organismo electoral mostraba sus falencias y deficiencias. Así lo muestra con contundencia los diarios de la época. Paralelamente, la modernización del Estado y la administración pública aparece como prioritario en la agenda de los países de América Latina. En nuestro caso, esto pasaba necesariamente por una modificación del diseño del organismo electoral.
¿Qué hizo que esto no se comprendiera así? En realidad, el problema es que sobre este tema se ha entendido poco y se ha hablado mucho. Quizá porque resulta un tema muy sensible ligado a dos hechos que impiden aproximarse con serenidad. El diseño actual nace con la discutida Constitución de 1993 y los Organismos Electorales estuvieron comprometidos en el penoso fraude del año 2000. Desde esa perspectiva la oposición política, pero también cultural y académica, se opuso a toda reforma que proviniera del fujimorismo pues la consideraban sospechosa; en consecuencia, la unificación de los organismos electorales parecía una respuesta adecuada. Se señalaba que el diseño actual era consustancial al autoritarismo. Sin embargo, desde la caída de Fujimori hasta la actualidad, este mismo diseño fue probado en otra realidad, por lo que revisar las propuestas anteriores no es sólo necesario sino verdaderamente serio.
¿Y qué dice la realidad? Ésta señala que los procesos electorales desde el 2001 han mostrado a los organismos electorales ofreciendo eficiencia, rapidez y transparencia. Han probado que el sistema puede funcionar en democracia pero que, sin embargo, merece ser mejorado. Las dificultades manifestadas a lo largo de este tiempo no se deben al número de organismos, como muchos piensan, sino a una inadecuada delimitación de funciones. Este es el centro del problema, que debe superarse en el actual diseño con una clara separación de acciones y competencias entre los organismos electorales y una mejora sustancial de la legislación electoral.
Dos organismos separados constituyen una garantía de independencia e imparcialidad en las resoluciones del órgano jurisdiccional. Por lo tanto uno debe dedicarse a la organización y ejecución del proceso y otro a impartir justicia. Como es sabido, un principio básico en los Estados modernos y democráticos es que quien ejecuta una función no puede ser a la vez quien la juzgue. No se puede ser juez y parte de un proceso. Este espíritu está consagrado en todas las Constituciones del mundo y el Perú no es una excepción.
La eficiencia es el resultado de la especialización y no de la concentración de funciones. En el mundo moderno la separación de funciones y la autonomía entre los organismos de un Estado moderno son las claves a través de las cuales los países desarrollados y de tradición democrática han logrado eficiencia, bajos costos y una mejor atención al ciudadano por parte de sus instituciones.
El actual sistema no se perfeccionará con el riesgoso experimento de desaparecer a uno de los organismos electorales, sino delimitando rigurosamente sus funciones. Los procesos electorales desde el 2001 han probado el buen funcionamiento del sistema y han mostrado a los organismos electorales recibiendo la aprobación de los ciudadanos, partidos y organismos internacionales. Las dificultades no se deben al número de organismos, como algunos piensan sino, como lo señala la Defensoría del Pueblo y la OEA, a la inadecuada delimitación de sus funciones.
En consecuencia, ¿es necesario eliminar lo conseguido o mejorarlo? Sólo es responsable lo segundo, en donde dos organismos altamente especializados en su propio campo, al interior de una legislación adecuada, aseguran que las elecciones sean siempre transparentes, limpias y justas.
(El Comercio, 11 de junio del 2003)