Nos está diciendo que no reconoce a la oposición como interlocutor válido para negociar y dar solución al grave problema de legitimidad que soporta, después de las discutidas elecciones pasadas. Considera a la oposición debilitada y que sus propuestas terminarán por diluirse en sus propios conflictos.
El gobierno reta además, a la misión de la OEA, que tenía el propósito que los 5 temas que presentó en su última visita, se lleven delante de manera conjunta entre gobierno, la oposición y representantes de la sociedad civil. Reta, porque es únicamente una propuesta de la Comisión oficialista, que quiere llevar adelante objetivos institucionales, por lo demás, difícilmente realizables por el propio gobierno, principal responsable del estado institucional del país. La OEA, cuando instale su oficina, ya tendrá propuestas, por lo que se verá obligada a iniciar sus funciones con un problema inicial.
Esto hace que la oposición no acepte algo que considera propuestas unilaterales y se encamine únicamente por la protesta callejera, la que finalmente le ha respondido con mayor efectividad, contra lo que considera medidas distractivas. Esto es más claro cuando se observa que de los 5 temas propuestos por la OEA, el de reforma electoral siendo de suma importancia, no es urgente. Por lo que el gobierno trata de evitar discutir los temas urgentes y demandados por la oposición, como son los referidos a la permanencia del señor Montesinos en las alturas del poder, la situación de los medios de comunicación, copados y amordazados por el gobierno, la falta de autonomía del poder judicial o la politización de las fuerzas armadas. Esto se demuestra por el hecho que las medidas que se acuerden y los efectos esperados de la reforma electoral se observarán recién en el 2005.
Por lo demás, el documento de trabajo muestra un claro apresuramiento y el desconocimiento sobre el tema de quienes han elaborado la propuesta. Es pues una propuesta que no es integral, al plantearse puntos dispersos, desconociendo la capacidad que tiene el sistema electoral para generar cambios claros y efectivos en la representación política y el sistema de partidos. Pero, además, no dice nada acerca de los órganos electorales, tema que ha estado presente y que si no se toca, será lamentablemente peor.
Pero, ¿qué propone el documento? Reducir el porcentaje del número de firmas, de 4% a 2%. ¿bajo que criterio? Pues ninguno. Lo responsable es ir a un sistema en donde los partidos primero se formen y luego se inscriban, con requisitos que demuestren su existencia real. Las firmas, como se ha comprobado últimamente, no garantizan la existencia de un partido político.
El distrito único era ya insostenible, el documento lo cambia por distritos electorales a nivel departamental. Sin embargo, no se toca el tamaño del Congreso, demagógicamente reducido a 120 congresistas, menor al tamaño que al de 1859, ni tampoco el fracaso del parlamento unicameral que ha demostrado serios problemas delante de ejecutivos como el que tenemos. Esto nos conduce a volver al sistema bicameral, como en las democracias modernas. Pero lo más grave de la propuesta es el abandono del sistema proporcional por el de mayoría, en dos vueltas electorales, sistema que rige nuestras elecciones desde 1931. El sistema propuesto, hace que la agrupación que gane con más del 50% se gana todas las bancadas. Por ejemplo, quien gane de esa manera en La Libertad se llevaría los 7 escaños. Ninguno para los grupos minoritarios, a quienes se excluye de una presencia, que si tienen en la realidad.
Si aplicáramos este sistema, a los resultados del 9 de abril último, el gobierno hubiera ganado 15 bancadas de 120 en la primera vuelta y -como se retiró Toledo-, las otras 105 en la segunda vuelta. Es decir, el sistema permite que un grupo pueda ganar, sin tener el mismo porcentaje, el total de los escaños. Eso sucedía en los sistemas imperfectos del siglo XIX.
Además, el documento obliga a elecciones primarias a los partidos, en la que participarían cualquier ciudadano y no sólo militantes, sin dejar que cada organización elija la forma mas adecuada. Finalmente, la propuesta limita la reelección parlamentaria a dos períodos, cuando la discusión y el origen de todos los males ha sido la reelección presidencial.
Este documento y el método que utiliza el gobierno para el diálogo, no lo ayudarán a él, ni menos a resolver los problemas institucionales del país. Por el contrario, los incrementa. Eso es quizá lo único seguro.
(Canal N, Lima 10 de julio de 2000)