En este clima se han manifestado opiniones y algunas propuestas en relación a los organismos electorales. Y es que no se puede hacer una reforma institucional efectiva, sino se hace referencia y ajustes a los órganos electorales. La polémica división del JNE, a partir de la Constitución de 1993, en tres instituciones distintas, provocó una serie de conflictos entre ellas, que ha originado, después de un quinquenio de vida, hasta tres propuestas.
La primera que considera que se debe regresar al modelo anterior, es decir, reunificar a los órganos electorales, bajo la dirección del JNE. Si dividirlas permitió debilitarlas frente al poder político, una reunificación le daría un poderío que hoy carece y le devolvería una coherencia que no tiene. La gran dificultad radicaría que ello merecería una reforma constitucional, lo que exigiría el mayor de los consensos.
La segunda considera que pese a los problemas suscitados, mal que bien este tríptico electoral ha funcionado. De lo que se trataría es de hacer ajustes funcionales internos, modernizar las oficinas y tecnificar los procedimientos. No se necesitaría ninguna reforma constitucional, sino mas bien voluntad política de parte del ejecutivo para desarrollar estos ajustes, sin contratiempos.
Una tercera propuesta, intermedia entre las dos anteriores, propone reducir de tres a dos los organismos electorales. El JNE, que sería el encargado de ejercer justicia electoral y la ONPE, encargada de realizar las elecciones. El Reniec, debería ser anexado al último de los organismos nombrados, por cuanto el padrón electoral, debe estar en manos de la institución que organiza las elecciones y no separada ella. Pero sería el JNE quien elija al jefe de la ONPE y no el Consejo de la Magistratura, por tratarse de un campo de acción de su competencia. Por la misma razón, la destitución también estaría a su cargo, con la aprobación de 4 de sus 5 miembros. Los dos organismos actuarían en forma autónoma, pero existiría un comité de coordinación con miembros de ambas partes. Sin embargo, al igual que el primer caso, esta propuesta requeriría de una reforma constitucional.
En cualquiera de los casos, será necesario mantener la composición de los miembros del JNE en forma corporativa, pero añadiendo como requisito indispensable el que ninguno de sus miembros haya tenido relación directa con el gobierno en ejercicio. La reforma podría fijar también que podrían ser miembros -como sucede en otras legislaciones de la región- del Jurado, candidatos de cualquier profesión que tengan experiencia y conocimiento en el campo electoral. Ello permitirá presentarse funcionarios de carrera de los propios organismos electorales. Pero, si el objetivo de los organismos electorales, fortalecidos y autónomos, debe de ser los vectores de la reforma, el presupuesto del sector debe ser entregado, como prioridad y de forma completa, 12 meses antes de una elección por parte del Ministerio de Economía. De esta manera, éste no podrá negarse ni aplazar la transferencia. Esta norma permitirá mantener la autonomía del ejecutivo y evitar las presiones del que es muy recurrente. Es decir, no hay reforma institucional allí donde se carece de autonomía funcional y económica efectiva.
(Canal N, Lunes 26 de junio 2000)