Los dueños de los canales señalan que ellos tienen derecho, como propietarios, a vender los espacios televisivos a quien crean conveniente. La verdad que colocan los términos de la discusión allí donde se crea confusión y donde en realidad, no corresponde. No se discute la legítima propiedad de las empresas televisivas. Lo que se discute es el carácter del uso que, en tiempos electorales, se le quiere dar. Las empresas saben que las ondas televisivas son de carácter público, en las que el Estado se las entrega en concesión. Actualmente sólo emiten en señal abierta seis canales de televisión privados. No son muchos. Casi los mismos desde hace veinte años, por lo que su relación con el público adquiere un carácter muy particular: pocos que usan un espacio fundamental para la comunicación de millones. En el Perú, estos millones, son cerca de 14 y medio, que enfrentan el proceso electoral más discutido de los últimos tiempos. Esta población, entre la que se encuentra los propietarios en calidad de ciudadanos, tiene el derecho a estar informados. Esto quiere decir, adecuadamente informados para ejercer su derecho a voto, cuyo resultado -la elección de un presidente de la república y un parlamento- impactará decididamente en la vida de los 24 millones de peruanos. Es decir, nos encontramos delante del ejercicio del derecho de mayor importancia en la vida ciudadana. Por lo que si nos encontráramos frente a un conflicto de intereses entre el derecho de empresa –de los pocos- y el derecho a la información –de los muchos-, prevalece el de este último, pues abarca a absolutamente a todos.
Si bien el derecho fue la invocación primera, la situación económica aparece como a respuesta segunda. Y aquí se observa otra contradicción. Las empresas televisivas atraviesan, desde hace casi dos años, la peor crisis de su existencia, como correlato de la severa recesión de la economía nacional. En este contexto, la publicidad ha disminuido de manera alarmante, apareciendo el Estado como el mayor cliente de ellas. 62 millones de dólares de inversión publicitaria, en 1999. Por lo tanto, la presencia de nuevos clientes es siempre bien recibida. El rechazo a la venta de publicidad, no es pues una respuesta coherente. Se argumenta también que la propaganda política pagada, desarticula la programación previamente establecida. Esto no es cierto, pues si fuera así en cada uno de los 13 procesos electorales de los últimos 20 años, se hubiera argumentado lo mismo, cosa que no ocurrió. Por lo demás, las empresas sabían, como todos, que este año electoral se venden espacios políticos, por lo menos entre enero y abril.
El argumento parece ser pues exclusivamente político y eso si no se puede decir abiertamente. La cobertura televisiva, según el registro cuantitativo presentado por Transparencia y corroborado por cualquier atento televidente, favorece en un 80% a la figura presidencial y residualmente a los otros 3 candidatos, con cierta posibilidad de ganar o pasar a una segunda vuelta electoral. Por lo tanto, para poder emitir sus mensajes, estos candidatos requieren comprar espacios televisivos. Si se les niega, sólo la propaganda del candidato Fujimori -encubierto en los actos del presidente Fujimori-, será recibida por los electores. Lo demás, son conminados al silencio. Después de esto ¿alguien seriamente puede seguir preguntando, por que sigue ganando el presidente-candidato?.
(Canal N, Lunes 31 de enero del 2000)