Y es que los regímenes democráticos construyen sus normas electorales basadas en el principio de la neutralidad del Estado. Esto quiere decir que sus organismos no deben identificarse con ningún partido político ni inmiscuirse en la competencia electoral. La ley salvadoreña, por ejemplo, impide que el Gobierno pueda observar una conducta partidista ni publicar informes triunfantes de su gestión. La ley francesa señala que el candidato que va a la reelección está prohibido de realizar campañas referidas a su gestión seis meses antes de la elección.
En nuestro país, hay funcionarios y ministros, como la ministra Cuculiza, que constantemente formulan declaraciones acerca de la campaña electoral con clara presencia hacia el presidente-candidato. Éste, por su lado, se cuida de hacer comentarios acerca de la campaña en las ceremonias de inauguración de obras, pero no deja de ensalzar los logros de su régimen, lo que termina siendo propaganda electoral difundida diariamente por los medios.
Otro mecanismo negado en nuestra legislación es el referido a la igualdad de oportunidades de los candidatos en los medios de comunicación. Si bien en casi todos los países se otorga espacios gratuitos en los medios de propiedad del Estado, en nuestro caso canal 7 no tiene la sintonía de los privados. Las legislaciones electorales modernas regulan también los canales privados, puesto que se reconoce que la exposición de mensajes por estos medios es de tal importancia que no se les puede soslayar. La variedad-como lo recuerda Pedro Planas en su libro “Comunicación política y equidad electoral”- para enfrentar este problema es muy interesante. Por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Paraguay limitan a diez minutos diarios máximos la propaganda en televisión. Brasil y Chile, prohíben contratar propaganda pegada en televisión y otorgan, en cambio, espacios gratuitos a los partidos.
Hay otros casos, como el colombiano, que limita los espacios pegados a sólo 30 días de la elección o el venezolano en donde los canales privados ceden espacios gratuitos para la exposición de los candidatos presidenciales, pagados por el Estado. Por si fuera poco, Estados Unidos, el país más liberal, exige a los medios privados que otorguen espacios equitativos y Regla del Tiempo Igual. Bajo esta última no se permitió que se proyectaran las películas de Ronald Reagan durante las campañas electorales en las que él participó.
Muchos países regulan las tarifas y prohíben la discriminación. En México se otorgan facilidades a los partidos para contratar espacios sin tarifas discriminatorias. En Panamá y en Bolivia los canales de televisión presentan al órgano electoral previamente las tarifas vigentes y en Paraguay se penaliza al medio que eleve las tarifas en período electoral.
Por el contrario, en nuestro país no se regulan nada. Los partidos que tienen dinero pueden contratar todo. Los que carecen de él, están ausentes de las pantallas. Los canales varían sus tarifas según deseos en época electoral; discriminan a partidos, como lo hicieron varios canales con la propaganda de Somos Perú; favorecen a algunos candidatos con rebajas o regalos de espacios. Se implementan así, la desigualdad y discriminación total. Esta elección no será una excepción.
(El Comercio, 25 de enero del 2000)