Uno de los requisitos para inscribir a un partido político es el de presentar el 4% de firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto es aproximadamente 480 mil ciudadanos. En ningún momento ha sido 600 mil como señaló el mandatario. O la cifra le fue entregada mal por los asesores o el ex-profesor de matemáticas se equivocó en sacar el porcentaje o se colocó esta cifra premeditadamente. En los dos primeros casos, sería una vergüenza, el tercero una grosera manipulación con fines efectistas.
¿Qué razones pudo tener el presidente Fujimori para lanzar esa iniciativa? Fortalecer el sistema democrático con la inclusión de más partidos o incidir en el curso de la opinión pública y de los partidos. Si fuera el primer caso, como lo han manifestado los voceros de la mayoría, se está mintiendo o se desconoce el formato de partidos políticos a nivel comparado. Un mayor número de partidos no implica mayor democracia, en ninguna parte. Por el contrario, un número como el que tenemos o más, es considerado un sistema débil y frágil. Inglaterra, Estados Unidos y más cerca Colombia, Costa Rica son sistemas bipartidistas; Alemania, Canadá, España o Uruguay, Venezuela, tienen pocos partidos políticos. Todos esos países, pese a algunos problemas, han sido y son más democráticos y estables que el sistema peruano que contiene en su Congreso 13 partidos políticos. En el otro extremo se encuentra los países con un fraccionamiento alto: Ecuador, entre 1984 y 1992, Bolivia entre 1980 y 1984, algunos países del Este (Rusia) y algunos países de África. El problema no es por lo tanto aumentar el número sino crear las condiciones para que estos sean de mejor calidad. Es decir partidos con organización, elección interna de sus miembros y representantes, estatuto, ideario, comités partidarios en todo el país, que funcionen más allá de las elecciones y que perduren más allá de la presencia de su fundador ¿cuántos partidos de los 13 presentes en el Congreso cumplen estas mínimas características?. Si este no es esta la razón, entonces se trataba de influir en la opinión pública y el estado de los partidos políticos.
¿Qué impacto puede tener entonces el anunció presidencial? internacionalmente, mejorar la imagen del régimen peruano en Alemania después de las duras críticas hechas una semana antes por Mario Vargas Llosa -tremendamente respetado en el país teutón- y de cara a un país en donde los partidos políticos gozan de buena salud y son piezas vitales del ordenamiento institucional (gobierna el poderoso socialcristiano CDU/CSU y en la oposición está el socialdemócrata SPD de más de un siglo de vida y un millón de militantes). Internamente, el impacto puede ser mejorar la imagen de un gobernante que tiende la mano a los partidos políticos, que éstos se sientan estimulados para inscribir a sus organizaciones y, como consecuencia de lo anterior, pierda invalorable fuerza la campaña de recolección de firmas del Foro Democrático contra la reelección. Que ningún partido llegue a la meta de los 300 mil firmas, es otro asunto. Finalmente, a largo plazo dicha medida podría alentar la postulación de varios candidaturas presidenciales fraccionando una unificada.
Pero, ¿se debe rechazar esta medida? de ninguna manera. Es necesario señalar al Congreso Nacional que si desea legislar con orden al conocimiento y la seriedad, debería bajar el umbral necesario de firmas exigidas y complementarla con normas que exijan el real funcionamiento de las organizaciones que nos representan políticamente. Aunque perezca contradictorio, una mayor reducción es lo más saludable.
Hasta 1995 se exigían 100 firmas para lograr la inscripción de los partidos políticos, que representaba el 0.8% de los ciudadanos inscritos. Los partidos presentes en el CCD renovaron sus inscripciones según ley, pero existen buenas razones para pensar que muchos de ellos la adquirieron más por lo artesanal del método de verificación de firmas que por la validez de su esfuerzo en conseguirla. Como varios de los partidos políticos no llegaron a obtener el 5% de los votos en las elecciones de aquel año, perdieron su inscripción -único caso en la legislación comparada que lo hacen pese a tener representación en el Congreso- e inmediatamente, como una ley que sólo se puede interpretar como política y sin ningún sustento se elevó el porcentaje al 4%, es decir casi se quintuplicó. El efecto fue que no pudieron participar en las elecciones municipales del año pasado.
¿Con que fin se sancionó esta ley? con el único fin de que no reingresen los que salieron. La norma no se basaba en ningún sustento técnico-comparativo, ni de la tradición electoral peruana. El 4% es uno de los porcentajes más altos en el mundo. El porcentaje varía entre el 0.5% (Bolivia, Chile, Costa Rica, Paraguay y Venezuela) y 1.5% (Ecuador). Colombia exige 50 mil, El Salvador 3 mil (0.2%), Guatemala 1 por cada 2 mil (0.05%), Honduras 20 mil (0.5%). En la otra orilla, España exige 1% de firmas y Alemania ninguna. La famosa ley que incrementaba el porcentaje era tan descabellada, como demagógica parece reducirla a 300 mil. Una verdadera medida es colocarla a los niveles históricos y en el promedio internacional: 1%. Pero, este porcentaje, a su vez, no se debe tomar del universo del padrón electoral. Este, elaborado en 1984 y mal depurado, no expresa el número real de ciudadanos peruanos. Es necesario que sea, como en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, sobre la base de los votantes efectivos de la última elección general. En nuestro caso, en 1995, fue de 9’062,512 votantes. El uno por ciento, poco más de 90 mil, sigue siendo uno de los más altos de la región, pero se ajusta a una realidad menos caprichosa. Estoy seguro, pese a lo que se cree, que para cualquier partido político esa sería todavía una tarea titánica. Por lo demás una legislación deberá ser acompañada de requisitos que demanden una organización y permanencia de estas organizaciones tanto de los nuevos que se inscribirán como de los que se encuentran en el Congreso ¿se atreverán?
(Caretas, 24 de Octubre de 1996)