En la vida y en la historia de un país hay héroes que son glorificados oficialmente, con la intención de instaurar valores nacionales alrededor de una gesta que en realidad corresponde a un acción colectiva. De eso da cuanta en forma detallada nuestra historiografía tradicional.
Sirven, en la mayoría de los casos, para destacar una proeza militar contra un enemigo externo que hace peligrar nuestra unidad territorial. Pero hay otros héroes que mueren por ideales políticos sociales en una variada gama de actividades. Estos son, por lo general, incómodos para nuestra clase gobernante, por lo que nunca son reconocidos oficialmente.
Desde hace un año ocho periodistas son parte del conjunto de héroes de esta cuestionadora y compleja profesión que es la noticia. Su misión, como muchas, es la de ir en busca de la verdad allí donde –por razones perfectamente cuestionables– se ocultaba o tergiversaba la información, encontrando finalmente la muerte. A fines de 1982, ante la incapacidad del gobierno para derrotar a las huestes senderistas donde la presión de los militares se instruyó el Comando Político Militar dirigido por el tristemente célebre General Clemente Noel Moral y se declaró en emergencia varias provincias del departamento de Ayacucho. Los periodistas, salvo contadas excepciones, no tuvieron acceso a la información de aquella guerra interna en la que estaba sometida la antes pacífica región serrana.
El 24 de Enero de 1983 partieron rumbo a la comuniodad Uchuraccay ocho periodistas, en busca de información que no era posible encontrar en la militarizada ciudad de Huamanca, en relación a la matanza ocurrida días antes en la comunidad de San José de Secce. Ellos son Jorge Luis Mendivil y Willy Retto, de EL OBSERVADOR; Pedro Sánchez y Eduardo de la Piniella de El Diario; Jorge Sedano de La República; Amador García de la Regista Oiga; Octavio Indantes y Felix Gavilán, periodistas ayacuchanos. La mayoría eran órganos de oposición periodística.
Luego de un largo recorrido, la mayoría del cual hicieron pie, se encontraron con una comunidad campesina de Uchuraccay y lograron comunicarse con los comuneros (como mostraron claramente las fotos de W. Retto). Horas después fueron cruelmente masacrados. A pedradas, hachazos y cuchilladas fueron desfigurados y mutilados en una orgía de sangre de la que participó un número de comuneros. La noche del domingo 30 fuimos testigos, ante las cámaras, de televisión, de imágenes imborrables. Los ocho periodistas eran desenterrados con sus cuerpos mutilados y deformados. Esta ha sido una de las tragedias que ha conmocionado a nuestra sociedad hasta sus cimientos. Se suscitaron inmediatamente versiones encontradas. Pero la indignación fue mayúscula cuando un minúsculo pero importante sector del oficialismo asumió como suya la versión -la miserable versión- que los periodistas fueron confundidos con senderistas pues portaban -qué ingenuidad- una bandera roja y gritaban consignas contra el gobierno.
Esta versión que no resistió el más somero análisis, como era de esperarse, fue descartada también por la Comisión Investigadora nombrada por el Ejecutivo, Dicha comisión estuvo conformada por Mario Vargas Llosa, Mario Castro y Abraham Guzmán Figueroa, a pesar que e! periodismo en general exigió la conformación de una comisión autónoma, conferida por colegios profesionales, la iglesia e instituciones de derec1s humanos. El informe de la comisión, más allá de la buena intención de alguno de sus integrantes, sirvió para tranquilizar más ¡a conciencia oficial que, para aclarar y permitir un seguimiento judicial eficaz y rápido.
Al año de los luctuosos sucesos puede señalar tajantemente que no se ha esclarecido mucho sobre la muerte de los periodistas y se ha comprobado una vez más que, la administración de justicia no es sino un elefante burocrático incapaz de tener autonomía ante el poder militar. Desde que se inició el proceso judicial varias cosas han llamado la atención en este largo y penoso caso. Los jueces que fueron nombrados en sus inicios (Ricardo Pequeño y Orlando Cabrera) estuvieron permanentemente obstaculizados en sus labores de pesquisa por parte del Comando Político-Militar. Llegaron hasta ser impedidos de viajar en una oportunidad, a la zona de los hechos por falta de "apoyo logístico"; igualmente personas claves en la denuncia de irregularidades por parte del general Noel fueron permanentemente hostigados (caso del periodista avacuchano Luis Morales) y, lo más importante, en el año transcurrido murieron en forma sospechosa tres comuneros de Uchuraccay que eran considerados testigos sino partícipes de la masacre (entre ellos María Gálvez, esposa del teniente gobernador de la comunidad sindicado como el cabecilla del asesinato colectivo) ¿Qué se trata de ocultar con estas muertes sospechosas? ¿Por qué se obstaculiza un juicio que intenta mostrar los rostros de los asesinos directos o intelectuales de la masacre de Uchuraccay? ¿Existen o no bandas paramilitares que trabajan impunemente en la zona de emergencia y de la que son víctimas varios centenares de desaparecidos que hoy son encontrados muertos en las afueras de Huamanga?
Sobre las distintas versiones se ha escrito mucho, pero este conjunto de preguntas son las que no ha logrado responder la versión oficial. Llama la atención igualmente que Mario Vargas Llosa, miembro de la comisión nombrada por el Ejecutivo, que escribe sobre el caso Uchuraccay en la prensa nacional y extranjera, no siga comprometido en el reclamo de los familiares por llevar a buen término el proceso judicial. Igualmente preocupa la actitud del ayer fogoso acusador Mario Castro Arenas, quien ante la necesidad imperiosa de unir esfuerzos para exigir justicia, da muestras de indiferencia primero y de marcado divisionismo luego frente al llamado del Comité Coordinador que busca el esclarecimiento definitivo del crimen. Dicho comité ha convocado esta semana a una jornada nacional de movilización ciudadana que marcará los campos entre los que realmente desean que este crimen se esclarezca y quienes alientan un silencio cómplice. Felizmente la mayoría ciudadana se ha adherido a dicho llamado, que tendrá su fecha más importante el jueves. 26 de este mes en una marcha que será multitudinaria y donde resonarán nuevamente los nombres de los héroes del periodismo nacional, para el que esta masacre no tendrá olvido ni perdón.
(El Observador 26 de Enero de 1984)