Por Rossana González Pilares
Un aspecto poco resaltado en los planes de gobierno son las propuestas en materia de Seguridad y Defensa Nacional. Tanto en el tratamiento mediático como en el imaginario popular de la mayoría de los electores, la seguridad ciudadana es el aspecto que cobra mayor protagonismo, llegando a opacar totalmente el ámbito al cual este artículo contiene.
Los discutiblemente altos índices de victimización de crímenes y delitos comunes, así como la percepción popular de un alto nivel de inseguridad tanto en la capital como a nivel nacional, determinan la demanda, hacia los candidatos , de centrarse casi exclusivamente en este aspecto, el cual en muchos casos es mezclado y acaso confundido con los temas de defensa nacional. Así, tenemos antes de la primera vuelta electoral, algunos planes de gobierno que de plano no contienen ninguna sección ni referencia a temas de Defensa Nacional, así como otros que la mezclan con la seguridad interna postulando por ejemplo un “apoyo” de nuestras Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en temas de seguridad ciudadana. También están los casos intermedios, en los cuales se encuentran algunas referencias a la Defensa Nacional, acompañadas con propuestas de políticas públicas para la misma, y algunos otros tienen un capítulo entero dedicado exclusivamente a profundizar en estos temas, de manera completamente separada a la seguridad ciudadana y otros temas relevantes.
En este documento se hará una revisión y comparación rápida de los planes de gobierno de los 10 partidos que postulan un candidato a la Presidencia de la República para las elecciones 2016. Cabe aclarar que el tema de la seguridad ciudadana solo se tocará tangencialmente, cuando el plan de gobierno correspondiente plantee el involucramiento de la Fuerza Armada en estas tareas.
ACCIÓN POPULAR – ALFREDO BARNECHEA
El candidato de Acción Popular discute temas de defensa de una manera limitada y breve en comparación a los temas centrales de su propuesta. En vez de un enfoque integral, la Defensa Nacional aparece aquí reducida al tema de la subversión en el acápite 6.2 de su plan de gobierno.
A este respecto, propone la integración de los sistemas de inteligencia de la Fuerza Armada con los de la Policía Nacional del Perú en aras de una mayor eficiencia en la vigilancia y desmovilización de los remanentes terroristas, que resulte en la búsqueda e identificación de blancos del alto mando en las zonas de emergencia.
Además, a pesar de no postular una intervención directa de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana, identifica y mezcla las funciones de ambos postulando un fortalecimiento de la capacidad operativa mediante la construcción de comisarías y nuevas bases militares en el territorio nacional, y la creación de una unidad especializada contra el secuestro de menores de edad en zonas de emergencia, sin aclarar qué institución tendría la rectoría de tal unidad. Como propuesta aislada postula la “adquisición de equipamiento especializado en lucha contrasubversiva” sin entrar a detalles de presupuesto, montos proyectados, equipamiento a priorizar, etc.
El segundo punto en el cual el candidato Barnechea menciona a la Fuerza Armada es en el acápite sobre minería ilegal. En este capítulo, se propone coordinación con la Marina de Guerra del Perú para el control fluvial en zonas críticas, creación de bases fluviales y centros de comando especializados para combatir la minería ilegal.
ALIANZA POPULAR: ALAN GARCÍA
El plan de gobierno de Alianza Popular plantea desde el inicio la participación de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana, postulando una unión que incluya a la Policía Nacional, Fuerza Armada, Serenazgo, vigilancia privada y rondas campesinas, así como los alcaldes para “cumplir en doce meses la meta de reducir la inseguridad y arrinconar a la delincuencia…” (Alianza Popular, 2016: 5).
Este plan de gobierno no cuenta con ningún capítulo referido ni a Defensa Nacional ni a subversión, el resto de su propuesta se limita al punto 13 de la página 69, referido a la seguridad ciudadana, dentro de los cuales tomaremos como referencia únicamente aquellos que conciernen a las FFAA.
En primer lugar, su propuesta de participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana se plantea con dos condiciones limitantes: la temporal y la geográfica. Esta participación se daría únicamente por un tiempo y en zonas geográficas determinadas, manteniendo así el rol constitucional que permite su participación con estas condiciones. No se especifica en el plan las zonas a declarar en emergencia, ni los criterios para hacerlo.
Además, se plantea unificar el liderazgo de esta lucha, fusionando el Consejo de Lucha Contra la Inseguridad Ciudadana con el Consejo de Lucha Contra el Crimen Organizado, en una sola institución presidida efectivamente (en alusión a una supuesta claudicación del Presidente Ollanta Humala a este liderazgo) por el Presidente de la República.
La propuesta específica para las zonas rurales es “devolver las capacidades a las rondas campesinas y comités de autodefensa “mediante el apoyo logístico y marco legal adecuados”, manteniendo el enfoque de integrar a todas las fuerzas del orden en esta lucha. Como propuesta aislada se postula un fortalecimiento de la SUCAMEC para controlar armas, municiones y explosivos de uso civil, así como las que son propiedad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional.
DEMOCRACIA DIRECTA – GREGORIO SANTOS
El plan de Democracia Directa obvia casi totalmente los temas de defensa nacional, y no menciona ni una sola vez a la Fuerza Armada. Sin embargo, a partir de algunas alusiones a temas de soberanía nacional, se puede esbozar su visión acerca de temas relacionados a la Defensa Nacional.
Dentro de sus propuestas de seguridad ciudadana, menciona que se buscará la “descriminalizacion de la función rondera, cese y corte de juicios a los dirigentes campesinos con procesos por aplicar justicia comunal o rondera” (Democracia Directa 2016:15), sin mencionar qué mecanismos legales se daría para este “cese de juicios” sin vulnerar la autonomía de poderes constitucional.
La segunda pista que existe dentro de este plan es que, en una corta discusión del tema del narcotráfico se afirma que se buscará la “promoción y defensa del cultivo y del uso tradicional de la hoja de coca y su industrialización benéfica”, privilegiando así un enfoque social por encima de la erradicación e intervención de las fuerzas del orden.
Un eje ligeramente más articulado de este plan de gobierno es el segundo eje, a saber, “Soberanía integral para fortalecer el estado nacional”, esta soberanía es planteada sobre todo en términos de economía y de utilización nacional de los recursos naturales del país. Dentro de esta discusión se plantea una política de territorio marítimo con el fin de defender la soberanía territorial y del Mar de Grau, atendiendo sobre todo a los puertos y su infraestructura (moderna, tecnificada), se plantea una marina mercante nacional, sin mencionar a mayor detalle su interacción con las instituciones ya existentes y encargadas de la soberanía nacional. Esta parte del plan ameritaba una mayor discusión del rol de la Marina de Guerra, institución que sin embargo no es mencionada.
FRENTE AMPLIO – VERÓNIKA MENDOZA
El plan de gobierno del Frente Amplio tampoco tiene una propuesta articulada respecto a la Defensa Nacional, las menciones de algunos temas concernientes a ella y a la Fuerza Armada están esparcidos en por lo menos tres temas aislados, mediante los cuales podemos hacernos una superficial idea de su propuesta a este respecto. Se evidencia, viendo esta propuesta y la de Democracia directa, una falta tanto de preocupación como de capacidad en la izquierda de proyectar la defensa nacional de manera integral, enfocándose únicamente en temas de soberanía y control civil.
En su sección Relaciones Exteriores, el Frente Amplio plantea “Defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional y de sus recursos naturales, incluido el dominio marítimo y aéreo, así como nuestra proyección sobre la Antártida” (Frente Amplio 2016: 40). Este planteamiento no es en realidad ninguna propuesta, si no el rol constitucional de cualquier estado nación.
Posteriormente, dentro de las propuestas más concretas se menciona “Recuperar iniciativa en materia de seguridad”, sin llegarse a detallar en este documento qué iniciativas concretas se tomarán al respecto, así como la propuesta de asegurar la presencia del estado en zonas de frontera, tema no tocado por muchos de los candidatos dentro de sus planes.
Otro tema novedoso y acorde con la propuesta de género del Frente Amplio es el de incluir temas de género en la currícula de las Fuerzas del Orden, se menciona junto con la inclusión de temas de derechos humanos, los cuales sin embargo ya son parte clave de la formación planteada por todos los institutos armados, a partir de la recuperación de la democracia post- Fujimori.
Otra mención específica se da en la sección economía, planteando “Fortalecer la industria nacional de la defensa, consolidando un clúster de la empresa privada con los institutos especializados de la Fuerza Armada, y centros de investigación, creando empleos y capacidad de innovación tecnológica, que es un bien público” (Frente Amplio 2016: 44), propuesta que va acorde con las propuestas económicas camino al fortalecimiento de las industrias nacionales y al rol del estado en las industrias consideradas estratégicas o con una mayor ventaja competitiva.
FRENTE ESPERANZA, Fernando Olivera
El Frente Esperanza es uno de los partidos que sí cuenta con un capítulo de “Seguridad Nacional” con una extensión considerable, que consta de casi cuatro páginas. Al inicio se plantea un rol limitado de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana, no mediante su intervención directa en patrullaje sino concentrada en temas de narcotráfico y contrabando.
En la sección de Seguridad Nacional de este plan (páginas 35 a la 38) se observa una definición multidimensional de la seguridad que no se restringe al ámbito militar. Propone un enfoque de modernización, democratización y profesionalización de la Fuerza Armada que incluya su mayor preparación para los nuevos escenarios y retos de la seguridad a nivel mundial y regional, nivel en el cual propone una “seguridad cooperativa” con los países vecinos en un ambiente de confianza mutua. Además, propone un énfasis en la disuasión, tanto en temas de equipamiento como de prioridades institucionales. Por otro lado, una repotenciación del rol social de la Fuerza Armada en cuanto a emergencias, desastres y construcción de infraestructura.
Propone una activa participación de la FF.AA en un programa de Fronteras Vivas, que incluya incentivos tributarios y financieros que apoyen a la Fuerza Armada a integrar de mejor manera estas localidades, a la vez que se aplica un sistema virtual de alerta nacional de fronteras territoriales, marítimas, fluviales, lacustres y aeroespaciales.
En cuanto a temas logísticos se plantea una renovación y repotenciación del equipamiento de la FF.AA mediante un incremento del presupuesto en estos campos para una ampliación de las capacidades operacionales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional así como en la capacitación y entrenamiento operativo conjunto de la Fuerza Armada en temas de defensa así como de búsqueda y rescate.
En el acápite de Defensa Nacional (Frente Esperanza 2016:36) se asume una postura de control civil, mediante el liderazgo y control democrático de las fuerzas armadas y policiales a manos de civiles acorde al estado de derecho, lo cual pasaría por un “fortalecimiento del Ministerio de Defensa” y con la propuesta de potenciar la escuela de posgrado del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) para transformarlo en un punto de encuentro académico, doctrinario e ideológico entre civiles y militares, para cerrar la brecha en las relaciones cívico militares, capacitar a cuadros civiles en temas de Defensa para que asuman los aspectos administrativos, presupuestarios y de planeamiento del sector Defensa y aportar en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, etc.
Esta idea de un espacio académico de encuentro entre profesionales militares y civiles merece ser resaltada en tanto podría representar, de ser aplicada, un paso importante en el mejoramiento de las relaciones cívico militares en nuestro país, tan dañadas por el autoritarismo fujimorista, las consecuencias a largo plazo de la lucha contra el terrorismo y la baja confianza de la población en las instituciones del estado en general. Por otro lado, implicaría una formación más integral de especialistas civiles en temas de Defensa, que incluya la educación doctrinaria de nuestra Fuerza Armada en vez de una simple transferencia de control militar a control civil.
En el plan de gobierno de Frente Esperanza, se propone además continuar con temas de cooperación técnico militar y memorandos de entendimiento con otros países, que tuvo un gran impulso a lo largo del gobierno de Ollanta Humala, aplicar una modernización de doctrinas y fundamentos de las FF.AA y revisar y potenciar el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) “..para incidir en campos no militares”. No se precisa cuáles serían los campos no-militares en los cuales se concentrarían SINA y DINI, por lo cual no queda claro si es que se refiere a seguimiento de criminales y otros temas de seguridad ciudadana, o si cabe la posibilidad de usos de los servicios de inteligencia que puedan afectar las libertades civiles y ciudadanas.
FUERZA POPULAR – KEIKO FUJIMORI
El plan de gobierno de Fuerza Popular menciona inicia, de acuerdo a su nueva estrategia de deslindar con el fujimorismo de los 90, con un bloque titulado “Derechos fundamentales y dignidad de las personas” en el cual se tratan temas como reconciliación nacional y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Respecto al tema que nos concierne, se postula que este proceso no se ha concluido y que “no se ha considerado la reparación a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a los Comités Autodefensa.” Por lo tanto, su primera propuesta en cuanto a la Defensa Nacional y a la Fuerza Armada es culminar este proceso de reparaciones establecido en la Ley n° 28592, y “reconocer la importancia de reparar los daños sufridos por las familias de nuestros policías y soldados que enfrentaron al terrorismo” (Fuerza Popular 2016: 8). Cabe destacar, sin embargo que este postulado de Fuerza Popular es erróneo o incompleto, ya que en su Programa Integral de Reparaciones (PIR), la Comisión de la verdad sí recomienda que:
– se estimule a las instituciones responsables a otorgar con la mayor prontitud los beneficios respectivos adeudados a estos sectores, pues la implementación de dichos beneficios, extensibles al personal militar caído en “comisión de servicio” o en “cumplimiento del deber”, no se ha cumplido del todo, y que se nivelen dichos beneficios a los del PIR;
– quienes aún no han recibido beneficio alguno puedan optar por acceder exclusivamente a los beneficios del PIR;
– se evalúe la conveniencia administrativa y humanitaria de combinar los beneficios otorgados por la legislación vigente y los beneficios del PIR bajo la administración del ente post-CVR o de quien asuma la función de llevarlo a ejecución. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Programa Integral de Reparaciones, pp 154)
El plan de Fuerza Popular también cuenta con una sección específica dedicada a la Defensa Nacional (página 35), la cual sin embargo no es muy amplia ni detallada, lo cual podría tener que ver nuevamente con la estrategia de campaña de distanciarse del gobierno de su padre, el cual tuvo un gran énfasis en el aspecto de defensa y una gran cercanía con las Fuerzas Armadas, altamente cuestionada.
Se presenta una escueta lista de propuestas concretas para el ámbito de defensa nacional, cuya mayor novedad es la incorporación de las FF.AA al plan de reparaciones: fortalecer la capacidad de inteligencia con mayor control por parte del Congreso; implementar un sistema de reservas y movilización nacional, fortalecer la capacidad técnica de las FF.AA con mejora en salarios, prestaciones de salud y bienestar; complementar las recomendaciones de la CVR con reparaciones para las víctimas militares del terrorismo y fortalecer capacidades técnicas de respuesta a emergencias naturales.
ORDEN : ANTERO FLORES
El partido ORDEN es otro de los que postula la participación de la Fuerza Armada en la lucha contra la inseguridad ciudadana, de una manera integral y con una nueva legislación. También cuenta con un capítulo específico sobre Defensa Nacional (capítulo 18). Ofrece una lista de propuestas específicas que incluyen: impulsar el planeamiento estratégico del sector Defensa (profesionalización de la FF.AA, fortalecimiento de adquisiciones, modernización, repotenciación), “ley de desarrollo de las FF.AA para definir su magnitud de manera “realista” y contar al largo plazo con personal militar profesional en reemplazo del Servicio Militar Voluntario; fortalecimiento de tareas en atención de desastres con presupuestos específicos para las mismas; plan de información para la ciudadanía sobre la política de Defensa Nacional y el rol de las FF.AA.
En cuanto a temas de soberanía, se propone asegurar nuestra presencia en la Antártida con expediciones científicas y el mantenimiento y operación de la base Machu Picchu; Articulación con los gobiernos regionales para la acción social y desarrollo de fronteras vivas con más presencia de bases militares; apoyo con las capacidades de las FF.AA en la construcción de vías y caminos, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; mecanismos de educación para personal de servicio militar mediante un instituto de educación superior tecnológica pública de las FF.AA; reestructuración e integración del sistema de inteligencia nacional; repotenciación del Ministerio de Defensa; Optimizar la estructura de ingresos, reconociendo el concepto de pensión renovable; más bienes inmuebles del sector defensa para áreas de salud, vivienda y educación de la familia militar; restaurar reconocimiento económico de bienestar a miembros de FF.AA en lugares alejados y para deudos y miembros con discapacidad física o mental; entrenamiento conjunto de las FF.AA; Garantía a los procesados militares de respecto a sus derechos y debido proceso así como asesoramiento al personal en actividad y retiro que este en estos procesos por derechos humanos y recuperación de la capacidad disuasiva de las FF.AA
PERÚ POSIBLE – ALEJANDRO TOLEDO
Perú Posible no cuenta con un capítulo específico acerca de Defensa Nacional, por lo cual sus propuestas referidas a ella o a la Fuerza Armada se encuentran esparcidas en algunos lugares de su plan de gobierno. Este partido inicia sus planteamientos de seguridad ciudadana proponiendo disponer inmediatamente una medida constitucional para solicitar el apoyo temporal de la Fuerza Armada a la Policía Nacional en los lugares donde así se requiera, por haber sobrepasado las capacidades de la última. Dentro de esta lógica, se propone también incorporar a 30 mil nuevos efectivos policiales mediante cursos acelerados a personal con experiencia como serenos, vigilantes o licenciados de la Fuerza Armada, con el fin de crear una Policía de Seguridad Ciudadana.
La siguiente y última mención que se hace de la Fuerza Armada es en el capítulo de salud, con la propuesta de “Asegurar que el 95% de los hospitales del MINSA cuenten con nivel óptimo de medicamentos e insumos médicos. Habrá mayor y mejor atención en hospitales de las FF.AA. y policiales”.
PERUANOS POR EL KAMBIO – Pedro Pablo Kuczynski[1]
El partido que tiene un mayor espacio de su plan de gobierno dedicado a los temas de Defensa Nacional y Fuerza Armada es Peruanos Por el Kambio (PPK), quien es el único que dedica un capítulo aparte para el tema de Inteligencia. Este partido considera la participación de la Fuerza Armada en seguridad ciudadana solo para casos excepcionales como el narcotráfico y la recuperación del VRAEM. Respecto a esto último, dentro de su tercer lineamiento estratégico (“Inteligencia y justicia penal limpia y efectiva”) el punto 3.5 sobre Acción Estratégica, propone acabar con los remanentes terroristas en el VRAEM dando como plazo el 2018 para desarticular el aparato militar terrorista en la zona, mediante el fortalecimiento de la inteligencia humana, electrónica, policial y militar. Esta política sería conducida sin embargo por la Policía Nacional, e incluiría también mecanismos de recompensas, colaboración eficaz y protección de víctimas y testigos.
En la página 247 del plan se ubica el capítulo de Fortalecimiento de la Defensa Nacional, el cual se basa en un diagnóstico o premisa: a saber, que el fortalecimiento de la Defensa Nacional requiere un nuevo Libro Blanco de la Defensa que sería elaborado el 2017 por una comisión que recoja los aportes de los institutos armados, instituciones públicas y privadas afines, así como la ciudadanía. A partir de este nuevo Libro Blanco se implementarían medidas para reorientar, modernizar, clarificar objetivos y redefinir metas y plazos. El Perú cuenta con un solo Libro Blanco de la Defensa, publicado el año 2005, siendo ministro de defensa el General del Ejército del Perú Roberto Chiabra León, y bajo la presidencia de Alejandro Toledo, en un contexto en que, recién recuperada la democracia luego del autoritarismo fujimorista, el tema de la Defensa y la relación del poder político con la Fuerza Armada eran temas en la agenda nacional, con una alta demanda de transparencia y control sobre estos ámbitos. Además, constituye una manera de involucrar a la ciudadanía en general, y a la población civil en particular, en los temas y la política de Defensa Nacional.
Volviendo al plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, en este se identifican tres lineamientos estratégicos, cada uno de los cuales incluye propuestas de medidas específicas. El primer lineamiento es “Reformar y modernizar las Fuerzas Armadas”, y las medidas a aplicar serían: Reestructurar los vínculos interoperativos del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, a través del desarrollo de una nueva doctrina , estandarización de normas y procesos y el fortalecimiento de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas y fortalecer el poder disuasivo de la FF.AA. Respecto a estas cuestiones de equipamiento, ofrece adquirir una flota moderna de aviones y helicópteros de combate, una “apropiada defensa aérea”, una flota de submarinos reoptenciada, y “una fuerza blindada y mecanizada de última generación”. Resulta interesante este énfasis en defensa aérea en vez de aviones de ataque, submarinos en vez de fragatas y adquisición de blindados y mecanizados corresponden con los vacíos en las adquisiciones militares que el sector Defensa ha tenido en los últimos años.
En cuanto a las remuneraciones, propone asegurar que al 2021 los bonos no pensionables otorgados al personal de las FF.AA se incorporen a la remuneración básica, tanto a personal en actividad como en situación de retiro. En cuanto a lucha contra la corrupción, se propone constituir este año una comisión “que se encargue de identificar posibles irregularidades en los ascensos y pases a retiro de los oficiales generales y superiores” 1.3 Acción estratégica 3: Asegurar la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas.
El segundo lineamiento estratégico es “ Fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas en las acciones sociales, la gestión del riesgo de desastres, las operaciones humanitarias y la presencia en la Antártida. La acción estratégica correspondiente sería conseguir una sostenibilidad en la participación de la Fuerza Armada en estas labores. Al respecto, propone aumentar de 3 (2015) a 12 (2021) las Plataformas Itinerantes de Acción Social implementadas por el gobierno actual, para llevar a los lugares más alejados de la Amazonía servicios del estado como el Banco de la Nación, RENIEC, servicios de salud y educación. Las embarcaciones serían construidas en el SIMA de Iquitos. En esta misma lógica, se aumentaría la frecuencia de los vuelos militares de acción social o acción cívica a poblaciones alejadas y zonas de frontera. También se evaluaría construir un tercer buque multipropósito en el SIMA para acciones sociales en las cosas del pacífico, traslado de tropa y operaciones de desembarco en caso de conflicto.
Por otro lado, se busca fortalecer la presencia de ingeniería militar en la construcción de infraestructura vial, aportando también criterios estratégicos de defensa para las mismas. Se elevaría a nivel de batallón al contingente de efectivos militares que tenemos en las operaciones de paz de Naciones Unidas en Haití y República Centroafricana. En cuanto a la presencia en la Antártida, se haría efectiva la presencia permanente del Perú adecuando la infraestructura y adquiriendo un nuevo buque de investigación oceanográfica que complemente las labores del Humboldt.
El tercer lineamiento estratégico es “Colaborar en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las actividades extractivas ilegales” , se menciona que este rol sería subsidiario y excepcional. Una primera acción estratégica sería fortalecer la capacidad de control y vigilancia en el territorio nacional, comprando e implementando un sistema de control y vigilancia que complemente el satélite adquirido a Francia con un avión de control y vigilancia aérea (AWACS) así como drones y radares. Se ofrece también el diseño de un mecanismo para implementar el mandato de interdicción aérea de la ley 30339 (Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional) . Se buscará también tener convenios con Bolivia, Chile y Brasil para hacer efectiva esta interdicción aérea, e integrarnos con el Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM) de Brasil y el Sistema de Protección de la Amazonía (SIPAM)
En cuanto a la participación de la Fuerza Armada en la lucha contra actividades extractivas ilegales, se incrementaría la participación de la Marina de Guerra en la interdicción de naves dedicadas a la pesca ilegal, fabricando en el SIMA lanchas patrulleras y poniendo en operación aviones de vigilancia con los que ya se cuenta, comprando gradualmente los radares requeridos para esta labor.
Peruanos por el Kambio cuenta también con un capítulo específico sobre las labores de inteligencia. Se propone establecer este año una nueva estructura orgánica de la DINI, que contemple cuatro direcciones: “…la de Inteligencia Estratégica Interna, la de Inteligencia Estratégica Externa, la de Contrainteligencia y la de Inteligencia Técnica; comprendida en esta última la ciberseguridad y la ciberinteligencia”.
Este partido propone que la DINI se dedique a elaborar inteligencia estratégica, y no actividad técnica u operativa, con el fin de contrarrestar los abusos que se habrían cometido en años pasados y consolidar la inteligencia en una sociedad democrática. Además, se establecería un nuevo plan de carrera profesional de inteligencia con tres áreas funcionales: labor analítica, labor técnica y labor administrativa. Se buscaría también que la DINI cuente con enlaces de inteligencia internacional y agentes en el exterior. Propone transferir los equipos de interceptación de comunicaciones adquiridos por la DINI el 2012 a la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional. Además, triplicar al 2018 el número de agentes de inteligencia e investigadores en el Ministerio del Interior y Policía Nacional y establecer un sistema informático único que integre la información recogida por las diferentes unidades.
PROGRESANDO PERU. Miguel Hilario
El Plan de Gobierno de Progresando Perú es el menos referencias tiene a temas de Defensa Nacional. A pesar de que no considera la participación de la Fuerza Armada en temas de seguridad ciudadana, es en este capítulo donde hace la única mención a las FF.AA.
Esta mención está referida a “…captar jóvenes licenciados y reservistas de las FF.AA., previa evaluación y enrolarlos al servicio policial, capacitación en la Ley 27933 (SINASEC).” (Progresando Perú, 2016: 24) .
Finalmente, presentamos un cuadro comparativo con las principales variables en común de todos los planes de gobierno, con el fin de visualizar de mejor manera las propuestas. Resalta el hecho de que únicamente 4 planes de gobierno cuentan con un capítulo dedicado a la Defensa Nacional.
En cuanto a las propuestas, podemos observar que la propuesta más usual acerca de Defensa Nacional en los planes de gobierno es “Aumento de presupuesto / mayor equipamiento a las FF.AA” , presente en 6 de los 10 planes, seguida del fortalecimiento de la presencia estatal en las fronteras con 5 de 10 planes. Por otro lado, la propuesta menos usual es “integración de cuadros civiles para la defensa” mencionada en un solo plan, seguida de “incorporar bonos a la remuneración básica de miembros de las FF.AA” con presencia en 2 planes .
Cuadro 1: comparación de propuestas de Defensa Nacional
Elaboración propia
[1] Como acto resaltante, el 31 de marzo el candidato Pedro Pablo Kuscynzki realizó una conferencia de prensa exclusivamente sobre Seguridad y Defensa con miembros de la Policía Nacional e invitados de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Ejército del Perú, para dar a conocer sus propuestas y anunciar varias medidas: un incremento de 1% en el porcentaje de PBI para seguridad y defensa, el cual pasaría de 1.3% a 2.3%, la reforma y funcionamiento de la Caja Militar Policial, la homologación de pensiones, el mantenimiento y mejoramiento del programa Beca 18 modalidad Fuerzas Armadas, y la defensa y conclusión de los procesos a oficiales y suboficiales por temas de derechos humanos y la guerra interna.
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