ANÁLISIS AMBIENTAL por Jorge Luis Cáceres Neyra

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ANÁLISIS AMBIENTAL por Jorge Luis Cáceres Neyra



2014-11-30

ENCUENTRO ANDINO AMAZONICO DE DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL: “DESAFÍOS DE LAS POLITICAS FORESTALES LATINOAMERICANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - COP 20 LIMA

Estimados amigos,

A propósito de la próxima COP 20 a realizarse los próximos días en la ciudad de Lima, me complace compartir con ustedes la realización del encuentro internacional sobre políticas forestales a realizarse el 1, 2 y 3 de Diciembre en el Colegio de Abogados de Lima.

ENCUENTRO ANDINO AMAZONICO DE DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL:

“DESAFÍOS DE LAS POLITICAS FORESTALES  LATINOAMERICANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO -  COP 20  LIMA PERÚ”

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de saludarlos cordialmente y manifestarles que como parte de las actividades del presente año, la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural, Comunidades Campesinas y Nativas del Colegio de Abogados de Lima, realizará  EL ENCUENTRO ANDINO AMAZONICO DE DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL: «DESAFÍOS DE LAS POLITICAS FORESTALES  LATINOAMERICANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO -  COP 20  LIMA PERÚ»con la participación de especialistas de las distintas entidades públicas, privadas y  reconocidos expertos internacionales en Derecho Ambiental y Forestal, Derecho de  Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cambio Climático, a fin de  plantear sus puntos de vista frente a los acontecimientos actuales, unamos esfuerzos para realizar un evento académico, multidisciplinario e internacional, cuyo objetivo principal es el intercambio de experiencias y  debate  sobre los nuevos desafíos de las políticas forestales latinoamericanas frente al cambio climático y brindar alcances en el ámbito jurídico desde nuestro gremio.

En este sentido, me complace invitarlos a participar en dicho evento los próximos días lunes primero, martes 2 y miércoles tres de diciembre de 2014, desde las 8:00 hasta 13:00 horas, en el Auditorio «José León Barandiarán»  del Colegio de Abogados de Lima, ubicado en la Av. Santa Cruz N° 255, Miraflores.

Sírvase confirmar su asistencia a la brevedad posible con la Coordinadora de Comisiones y Consultas, Abogada Geraldine Silva o Asistente de Dirección, Señorita Luisa Pittman, de la Dirección de Comisiones y Consultas, a los teléfonos: 710-6616, 710-6657, 987.95.28.99,  ó 999.708.058.

Cordialmente,  

 

Norka Moya Solís                                                                                                     

Presidenta   

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2013-10-14

Afectados por Talidomida: Juicio en España

A la fecha, según Medline Plus (web  médico de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América, ver: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a699032-es.html#why) la talidomida se usa junto con la dexametasona para tratar el mieloma múltiple (cáncer a los glóbulos blancos)  en personas a quienes se les ha detectado la enfermedad recientemente.  Sin embargo, la talidomida tiene por efecto secundario causar en el feto malformaciones congenitas.

Remontándonos más de 50 años atrás, la talidomida patentada en 1955 por el laboratorio  Grunenthal en Alemania, fue inicialmente  utilizada como calmante de las nauseas del embarazo, que originó que sólo en España nacieran mas de 3000 bebes con graves malformaciones sobre todo en el acortamiento o falta de extremidades.

Este tema resulta particularmente importante desde  el punto de vista de la salud pública habida cuenta que en España se ha iniciado el juicio en que 186 afectados piden 204 millones al laboratorio Grunenthal, bajo la premisa que de acuerdo a la regulación española el demandante debe demostrar la relación causa-efecto entre el medicamenteo y sus consecuencias, así como desvirtuar las alegaciones de la emplazada respecto a la prescripción del caso.

Adicionalmente, un tema de particular interés resulta ser la evaluación en relación a que si la empresa en su momento informó a los usuarios de la talidomida los potenciales riesgos de la misma una vez que en Mayo de 1962 el Ministerio de Sanida retiró el registro para dicho medicamento.

Para mayor ilustración del problema legal existente en España se puede consultar: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/14/actualidad/1381744235_631034.html.

Esperamos dentro de los próximos meses informarles con mayor detalle de los resultados de este juicio en España.

 

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2013-10-13

La ejecutoriedad de las Resoluciones Administrativas: El caso OEFA y la Ley 30011

La ejecutoriedad de las Resoluciones Administrativas de los Organismos Reguladores, Supervisores,  y Fiscalizadores.

El caso de la OEFA: Los efectos perniciosos de la Ley  30011

Primera Parte

Esta nota tiene por finalidad presentar  un visión panorámica de los problemas que enfrentan los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores  del Estado al momento de ejecutar las resoluciones administrativas sancionadoras a las personas naturales y jurídicas en las actividades vinculadas al uso y explotación de recursos naturales, tanto por sus efectos ambientales, técnicos, y en seguridad y salud en el trabajo.

La actuación sancionatoria  de los organismos del Estado.-

En el caso  de los recursos naturales consagrado por el artículo 66º de la Constitución, el Estado transfiere al particular los atributos para ejercer el usufructo y explotación de dichos recursos, estando sujeto el particular al poder de supervisión y fiscalización por parte de las agencias del Estado.

Por ejemplo, en el caso del sector minero el titular de la actividad minera, luego de haber obtenido la concesión minera debe superar el otorgamiento de las autorizaciones para explorar y explotar el proyecto minero las cuales son otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, (artículo 75º del Reglamento de Procedimientos Mineros).

Durante la operación minera el titular será  supervisado y fiscalizado en materia ambiental por el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental),  en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el OSINERGMIN (Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería, en materia de compromisos técnico mineros por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y finalmente en materia de uso de insumos fiscalizados la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria).

La supervisión y fiscalización ejercida por parte del Estado verifica que el particular cumpla con sus obligaciones legales en los diferentes aspectos vinculados a la explotación de los recursos naturales, ejerciendo a través de la imposición de sanciones al particular de poderosos desincentivos para violar la ley.  En particular, la multa,  la suspensión de actividades, así como su cierre definitivo simbolizan el poder sancionador del Estado ante el quebrantamiento por parte de los particulares de sus obligaciones legales en el marco del otorgamiento de los derechos para el usufructo y explotación de los recursos naturales.

La  actuación reglada de los organismos del Estado y la sujeción a las garantías del debido procedimiento administrativo y el derecho a la motivación suficiente.-

Sin embargo, este poder estatal no es absoluto. La actuación del aparato público, a diferencia de actuación de los particulares, se limita expresa y restrictivamente a los atributos otorgados por la Ley, y en este caso la Ley del Procedimiento Administrativo General, que concede a la administración entre otras facultades, las de supervisión y fiscalización.

Las acciones  de supervisión por regla general culminan en procedimientos administrativos sancionatorios regulados por la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, bajo la premisa que la actividad administrativa del Estado debe respetar principios básicos de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido procedimiento, y garantizar el derecho de defensa del Estado.

Bajo esta premisa, los actos administrativos del Estado, como son el caso de las resoluciones sancionatorios, descansan sobre una actuación reglada de la administración dejando poco espacio para la discrecionalidad del funcionario público, habida cuenta el peligro de  dejar la puerta para una actuación que pueda significar el ingreso a la arbitrariedad de la función pública.

En este contexto,  la arbitrariedad en la expedición de actos administrativos puede estar signada por la violación al debido procedimiento administrativo, incluyendo el caso del derecho a una motivación suficiente, es decir aquella que carezca  de una motivación adecuada, suficiente y congruente (Tribunal Constitucional – Exp Nº 04944-2011-PA/TC Lima – Mateo Grimaldo Castañeda Segovia).

La Ejecución de los Actos Administrativos que imponen sanciones a los administrados.-

Ante el incumplimiento por parte del particular en la imposición de sanciones por parte de la administración la ley habilita a la administración a disponer la ejecución forzada de las resoluciones administrativas bajo los supuestos establecidos por el artículo 196.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas).

Al respecto, la Ley Nº 26979, Ley  de Procedimiento de Ejecución Coactiva, establece el marco legal aplicable a los actos de ejecución coactiva que ejercen las entidades  de la Administración Pública, con excepción de la Administración Tributaria del Gobierno Central. Bajo este marco legal, el ejecutor coactivo cuenta con las atribuciones para ordenar embargos y exigir cumplimientos a favor de la administración pública.

Sin embargo, las facultades de ejecución forzada a favor del ejecutor coactivo no son aplicables cuando no se hayan vencido los plazos para presentar o se haya interpuesto el recurso administrativo de reconsideración, apelación o revisión o eventualmente no haya vencido el plazo  para presentar o se haya presentado la demanda contencioso administrativa dentro del plazo previsto normativamente (artículo 16.1 inciso e de la Ley Nº 26979 modificada por Ley Nº 28165). Esta limitación igualmente se aplica al responsable solidario de la obligación conforme lo estipula el artículo 4.2 del Reglamento de la Ley  Nº 26979 (D.S Nº 069-2003-EF).

Se entiende que no es posible ejecutar una resolución administrativa en tanto no se concluya con el procedimiento administrativo en sus diferentes instancias, ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

A diferencia del  texto original de la Ley Nº 26979 que suspende, en sede judicial,   la ejecución coactiva  de la resolución administrativa cuando el administrado cuenta con una medida cautelar dentro de un proceso judicial (proceso contencioso administrativo), la modificación dispuesta por la Ley Nº 28165 habilita a suspender el procedimiento de ejecución coactiva, en el supuesto que el administrado haya presentado demanda contencioso administrativa dentro del plazo de ley contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución (artículo 16.1 inciso e).

En efecto, el texto original del artículo 16.1 inciso e) la Ley Nº 26979 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de Setiembre de 1998 establece que la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva se circunscribe en el caso que el administrado haya impugnado el acto administrativo que origina el procedimiento coactivo: “…Ninguna autoridad ni órgano administrativo o político podrá suspender el Procedimiento, con excepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando: e) Se encuentre en trámite recurso impugnatorio de reconsideración, apelación o revisión, presentado dentro de los plazos de ley, contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución…”

En otras palabras, la modificación introducida por la Ley Nº 28165, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de Enero del 2004,  amplia los alcances para la suspensión de la ejecución coactiva, al caso de la sola presentación de la demanda contenciosa administrativa. En consecuencia, se añade otro supuesto al tradicional caso  de la expedición de una medida cautelar firme en el proceso  de amparo o contencioso administrativo  suspende el procedimiento de ejecución coactiva (artículo 16.2 de la Ley Nº 26979). Cabe indicar, que por la modificación establecida en la Ley Nº 28165 se excluye el carácter de medida cautelar firme a la decisión tomada por el Poder Judicial para la suspensión del acto administrativo materia de impugnación judicial.

Bajo estas consideraciones, desde el año 2004, los administrados cuentan con el marco legal para obtener de la administración pública la suspensión de la ejecución coactiva de las resoluciones sancionatorias con solo la presentación de la demanda contenciosa administrativa que impugna judicialmente la legalidad de la sanción administrativa. Esta  regulación se aplica de forma uniforme al caso de las actuaciones administrativas de los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores en materia de recursos naturales,  hasta la llegada  de la Ley Nº 30011 publicada el 26 de Abril del 2013 en el diario oficial “El Peruano”.

Los efectos del artículo 2º de la Ley Nº 30011 que modifica la Ley del Sistema Nacional  de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-

El propósito de este conjunto de modificaciones legales es fortalecer la facultad supervisora, fiscalizadora y sancionadora del OEFA.  En este sentido, la  Ley Nº 30011 modifica y amplia un conjunto de artículos de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental vinculados al: rol y funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental (artículos 10º y 11º), reportes de cumplimiento de obligaciones ambientales (artículo 13º), facultades de fiscalización e infracciones administrativas (artículos 16º, 17º,  19º y 20-Bº),  transparencia y acceso a la información (artículo 13-Aº), y ejecutoriedad de las resoluciones del OEFA (artículo 20-Aº).

Al respecto, el artículo 20-Aº establece que: “…la sola presentación  de una demanda contencioso administrativa, de amparo u otra, no interrumpe ni suspende  el procedimiento de ejecución coactiva de las resoluciones  de primera y segunda instancia administrativa referidas  a la imposición de sanciones administrativas  emitidas por el Organismo  de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)…

En un siguiente post continuaremos con la segunda parte de esta nota...

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2013-09-16

Primer Curso de Especialización en Permisología y Fiscalización en Seguridad Minera 2013

Estimados amigos,
Tomo un minuto de su atención para comentarles, que la Pontificia
Universidad Católica del Perú aprobó la Segunda Versión del Curso de
Especialización en Permisología Minera para el año 2013.  Este año se ha
añadido como componente tópicos en Fiscalización en Seguridad  Minera.

Asimismo, el curso ha sido ampliado a más de 60 horas de dictado. Se han
revisado los temas de permisología minera profundizando los temas de
derechos de agua, concesión de beneficio, así como herramientas para  la
evaluación de los estudios de impacto ambiental y el ciclo de proyecto
minero.

De otro lado, este año, desarrollaremos con mayor detalle un caso modelo que
nos acompañara durante todo el Curso de Especialización.

El curso se iniciará el próximo  12 de Octubre del 2013, y siguiendo la
experiencia del año pasado se dictará sábados y domingos.

A continuación de los detalles de la nueva  malla curricular.

MALLA CURRICULAR PARA EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PERMISOLOGÍA Y
FISCALIZACIÓN EN SEGURIDAD MINERA (69 horas)

1.  PERMISOLOGÍA MINERA:  CONCESIONES, SERVIDUMBRE, AMBIENTE, ARQUEOLOGÍA, EXPLOSIVOS, AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN PROYECTOS DE INVERSION. (48 horas)

Profesores: Ing. Alfredo Rodríguez (SVS), Abog. Angel Chávez (MINEM), Abog. Angelica Remuzgo (INGEMMET), Dr. Arqueología Luis Salcedo (PUCP), Abog. Alcides Chávarry (MINAM), Ing. Iván Valentin (DIGESA), Abog. Eduardo Lanao (Minera Poderosa), Abog. Oscar Echaiz (MINEM), Jorge Luis Cáceres LL.M (PUCP)

1.1 Introducción: Permisología en Minería: El Estado - El Titular Minero - y las
Poblaciones en el área de influencia del proyecto minero. Ciclo de Vida de
la Mina
1.2El INGEMMET: Petitorios Mineros y Concesiones (Exploración y Explotación)
1.3 Arqueología Aplicada: El Certificado de Inexistencia  de Restos
Arqueológicos  - El proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones -
El Plan de Monitoreo arqueológico
1.4 La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros: El Estudio de Impacto
Ambiental
1.5 Permisos y Opiniones Sectoriales Complementarias: Autoridad Nacional del
Agua - Ministerio de Agricultura - Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SERNANP) - Dirección General de Salud Ambiental y Ministerio de
Salud
1.6 Gestión de Derechos Superficiales y Servidumbre
1.7 La Dirección General de Minería: Concesión de Beneficio, Labor General y
Transporte Mineros. Otras autorizaciones: Explosivos
1.8 Solución Caso Práctico: Desarrollo en gabinete de solución a caso modelo del
Curso

2. FISCALIZACIÒN Y RÉGIMEN SANCIONATORIO EN EL DECRETO SUPREMO Nº
055-2010-EM-REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MINERÍA (21 horas)

Profesores: Ing. Felix Guerra (PUCP-Minas Buenaventura), Jorge Luis Cáceres Neyra LL.M (PUCP)

1.El sistema de supervisión y fiscalización del Estado en Seguridad y Salud en
el Trabajo en minería
2.Las obligaciones sustanciales y formales del operador minero de acuerdo al
Decreto Supremo Nº 055-2010-EM
3.Estándares y Procedimientos de gestión interna minera para el cumplimiento
de las obligaciones de los titulares mineros de acuerdo al Decreto Supremo
Nº055-2010-EM
4.Las atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras del Ministerio de Trabajo yPromoción del Empleo en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo
5.Las atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras del Organismo Supervisor y
Regulador en Energía y Minería (OSINERGMIN)
6.Taller: El expediente administrativo de fiscalización y sanción en materia
de seguridad Minera: El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y
OSINERGMIN.

Confiamos que este ciclo nos acompañen con sus comentarios y aportes al
nuevo Curso de Especialización en Permisología Minera.

Para mayor información pueden contactarse a:

Jorge Luis Cáceres Neyra

email: caceres.jl@pucp.pe o jcaceres@ccfirmalegal.com

Coordinador Académico

email: acdelgado@pucp.pe

Ana Cristina Delgado

Secretaria de Diplomatura en la Sección de Ingeniería de Minas

Teléfono 626-2000 Anexo 5074

Horario de Atención: Martes a Viernes de 8.00am a 5.00pm.

 

Un fuerte abrazo,

Jorge Luis  Cáceres Neyra

Profesor  TPA Sección Ingeniería de Minas PUCP

Coordinador Académico del Curso de Especialización en Permisología Minera y
Fiscalización en Seguridad Minera

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2012-10-25

Aprobación del Proyecto Línea de Transmisión 500 Kv Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas

Buenas noticias para el desarrollo de la actividad económica en el Perú. El pasado 11 de Setiembre del 2012 se publicó en el diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 408-2012-MEM/DM mediante la cual se encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), la condución del proceso de licitación necesario, hasta la adjudicación de la Buena Pro del Proyecto "Línea de Transmisión 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya- Montalvo y Subestaciones Asociadas".

Importancia de la Línea de Transmisión Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo.-
A tener de lo dispuesto por la acotada Resolución Ministerial N° 1017-2012-DE/SG, la Línea de Transmisión Mantaro-Marcona-Socabaya constituye el segundo enlace en el nivel de tensión de 500kV entre las zonas centro y sur del país, y su puesta en operación comercial permitirá que la energía generada en el centro sea transferida hacia el sur para atender el crecimiento previsto de la demanda en esta zona. Cabe señalar que la puesta en operación de dicha Línea de Transmisión es clave en tanto se proyecta que para el año 2016, si no se cuenta con un segundo circuito en 500kV entre la zona centro y sur del país originará congestión en los costos operativos del sistema, ello conforme lo señala el informe del COES (Informe COES/DP-SPL-06-2012).

Consideraciones de futuro.-
Este proyecto permitirá consolidar el tramo sur en 500 kV que viene construyendo Abengoa Transmisión Sur desde Chilca a Montalvo (Moquegua), proyecto que a través de sus 3 principales estaciones podrá suministrar energía a los futuros proyectos de inversión en minería como Marcobre en Ica, así como el emporio agroindustrial en la provincia de Ica y Palpa.

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