Lecciones Aprendidas: A 10 años de Choropampa

Hace algunos años, a propósito de una investigación que venía realizando como becario Fulbright, acerca de la judicialización de las demandas por daños ambientales en las industrias extractivas, conversé con un alto funcionario del Banco Mundial, a más señas peruano, sobre las repercusiones del caso Choropampa en el escenario peruano y su importancia de ser estudiado. Su respuesta fue clara y escueta: “historia pasada, mejor miremos el futuro”.

Luego de algunos años, miles de fojas de expedientes judiciales en sede peruana y en sede federal de los Estados Unidos de América,creo que la respuesta es otra.

A veces es bueno volver al pasado y de los errores cometidos extraer valiosas lecciones para el futuro. La minería peruana es una valiosa cantera de lecciones buenas y malas.

Choropampa es uno de esos eventos que no se puede olvidar.

En términos simples, en el departamento de Cajamarca, el 3 de Junio del año 2000, un accidente que causó el derrame de cientos de kilos de mercurio en las vías aledañas a los centros poblados de San Juan y Choropampa, cercanos a la Mina Yanacocha, indebidamente recogidos por dichos pobladores, causó eventos de intoxicación aguda por ingestión de mercurio a un número indeterminado de pobladores. Situación que a la fecha, viene dejando un aura de amargura e insatisfacción en la forma como el estado, la sociedad y la empresa en su conjunto enfrentaron dicho accidente.

La falta de información inicial en relación a los efectos tóxicos del mercurio, la débil atención oportuna y exhaustiva a los afectados, una incipiente política de transparencia y responsabilidad por la parte de la minera, y una carencia, sobretodo, ética de las agencias de gobierno confiadas en el cumplimiento de la ley ha coadyuvado a la creación de un ambiente totalmente conflictivo y abiertamente ideológico en relación a la minería.

Choropampa, no sólo ha sido la derrota de Yanacocha, ha sido la derrota de todos los peruanos. Creyentes en el Estado de Derecho, lo que los estadounidenses definen muy bien como el “Rule of Law”, en mi opinión, a entender como: “la ferviente creencia que, sobre los legítimos intereses individuales, prima la ley como voluntad última de hacer justicia donde la ignorancia, ceguera y egoísmo nublan nuestro pensar”.

Ahora hablar de “minería responsable” en ciertos espacios es casi un pecado de lesa humanidad. Decir que es posible convivir en armonía agricultura, minería y agua es tildar a nuestros opositores con el manto de pertenecer a los zorros de arriba y que en la próxima se quemarán en las hogueras del infierno, muy lejos del nirvana de “Avatar”. Sin embargo, no todo es belleza por el lado de la minería: palabras como “comunismo”, “vender más pobreza a los más pobres”, “ideologías trasnochadas y reinvindicacionistas”, son frases comunes en el acervo duro de la minería.

Qué viene después de Choropampa?

Han pasado 10 años y la agenda ambiental minera se viene convirtiendo día tras día en una agenda social y pública. Temas como el derecho de consulta y consentimiento previo a los pueblos indígenas afectados por la industria extractiva se encuentran prontos a ser parte del ordenamiento jurídico. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en el precedente Saramaka vs. Estado de Surinam, muestran una tendencia jurisprudencial a defender y proteger no sólo los derechos de posesión y propiedad indígenas sino igualmente participar de los beneficios de la actividad extractiva, así como la supremacía de la supervivencia de dichos pueblos sobre el valor económica de la actividad.

Más aún, las herramientas técnicas que debieren medir los potenciales efectos de la minería sobre el ambiente y las comunidades, como es el caso del Estudio de Impacto Ambiental, pierden cada día credibilidad. El Estado carece de la habilidad para construir una gobernabilidad fijada sobre una legitimidad social donde todos los actores lo observen como un árbitro severo pero justo, que contenga a la vez la ética y el profesionalismo del servidor público.

Cuál es la situación actual?

El Perú es un país minero. Ello es una realidad incontrovertible. Según últimas cifras de la SUNAT el 11% de la recaudación directa por impuestos proviene de la minería y si se añade las actividades indirectas dicha suma se eleva al 19%. Sin lugar a dudas es un vehículo de desarrollo. Ello convierte a la minería en intocable frente a las necesidades sociales del Perú?, claro que no. Pero igualmente, no es tampoco un prisionero de las comunidades afectadas por la minería. Historias acerca que una empresa minera tuvo que distribuir más de 4 millones de dólares americanos entre alrededor de 26 comunidades campesinas afectadas, como contraprestación para poder iniciar negociaciones para la explotación de la minera comienzan a sonar fuerte en el mundo minero.

A decir verdad, la realidad golpea aún más fuerte. Las teorías de negociación y facilitación intercultural sólo se aplican en la academia. Ejemplos como los acuerdos de Tintaya nos demuestran que nos encontramos ante negociaciones de naturaleza posicional -monetaria- donde la Comunidad se convierte en un nuevo socio de la minera. Parece que los cambios giran en esa dirección.

Qué hacer?

Estamos en tiempo de cambios. La globalización no sólo es una palabra aprendida en los claustros de la universidad, vive con nosotros cotidianamente, y nos obliga a convivir con la responsabilidad de ser tolerantes en la diferencias y a vivir con la verdad, aunque suene a curso de filosofía de letras y no parte del discurso aprendido en la Escuela de Negocios.

La verdad y transparencia, aunque no lo crean, son excelentes aliados en los negocios, construyen confianza, poca pero al fin de cuentas alguna.

Únicamente construyendo una minería responsable, que acepta sus errores, defiende sus beneficios y sobre todo es una aliada al desarrollo es posible crear alianzas, las cuales serán las que finalmente, ante un estado débil, sostienen el futuro de la minería en el Perú.