La Alemania reunificada es más potente que nunca. También el Este de Alemania está en auge económico. Pero algunos sondeos muestran que sigue habiendo reservas en ambas partes del país.

Reunificación Alemana

El prestigio de los partidos políticos de Chile ha llegado a los más bajos niveles tras numerosos escándalos que deterioran seriamente la popularidad del gobierno y de la oposición. Y los ciudadanos están cada vez más indignados quienes pagan por esa desestabilidad. ¿Cuán profunda es esta crisis y cómo se puede salir de ella? ¿Qué dicen estudiantes, analistas políticos y sindicalistas?.

Crisis en Chile

A poco tiempo de la conmemoración de 190 años de relaciones diplomáticas, México y el Reino Unido firmaron en 2013 una declaración conjunta para la celebración de “el Año de México en el Reino Unido” y del “Reino Unido en México”. Originalmente, la agenda del Año Dual contempló únicamente temas culturales. Sin embargo, autoridades de ambos países determinaron ampliarla e incluir al comercio, la inversión, el turismo, la educación, la ciencia y la innovación para abordarlos desde el ámbito cultural. Se espera que, al término del proyecto, los esfuerzos realizados para el fortalecimiento de las relaciones sean útiles para la futura cooperación e intercambio en todas las esferas entre México y el Reino Unido. Para conocer más acerca de este proyecto bilateral, el equipo editorial de Foreign Affairs Latinoaméricaentrevistó a Duncan Taylor, Embajador del Reino Unido en México. Sígalo en Twitter en @DuncanJRTaylor.

Foreign Affairs Latinoamerica – Dentro del marco de las celebraciones del Año Dual, ¿qué criterio se tiene en mente al elegir las exposiciones o muestras culturales que viajan a México? 

Duncan Taylor – La planeación del programa empieza con un acuerdo para promover el Año Dual a nivel de gobierno y representa un compromiso de inversión, de recursos, de gente y de tiempo bastante importante. La elección depende de los artistas, de las obras o de los grupos que están libres y con base en eso planeamos el programa. No siempre pueden venir todos puesto que siempre hay imprevistos.

Se busca que en el Año Dual las personas puedan identificar ciertos eventos destacados y que los señalen. Por ejemplo, la exposición “Landscapes of the Mind” o la presentación de la Orquesta Filarmónica de Londres son eventos con un alto nivel de reputación internacional, pues todo mundo sabe qué son, como también lo es la exposición Maya en el Museo Nacional de Liverpool. Se trata de sucesos que tienen un impacto muy fuerte.

En el ámbito de las artes, buscamos traer expresiones contemporáneas para cambiar los estereotipos. Por ejemplo, pese a que a los mexicanos les interesa mucho la cultura británica, si les preguntas seguro te dirán “me gustan mucho los Beatles”. Aunque esto no está mal, quisiéramos también que la gente conociera músicos y artistas contemporáneos. Por eso es que hacemos venir a gente como Jeremy Deller con su proyecto Sacrilege, que consiste en escenarios inflables de representaciones como Stonehenge. Queremos, al mismo tiempo, traer una muestra de las distintas partes del espectro de la cultura: la música, el baile, las artes plásticas y escénicas, entre otras. Asimismo, estaremos presentes en el Cervantino, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y en la Feria de las Culturas Amigas.

FAL – ¿Cuál es el mensaje que el Reino Unido quiere dar a la sociedad mexicana a través de las expresiones artísticas?  

DT – Sabemos que los mexicanos conocen bastante bien al Reino Unido y que, en general, tienen una buena impresión de la cultura británica. Lo que queremos es reforzar esta imagen al demostrar que la cultura británica está más presente de lo que parece. Por ejemplo, en la edición 2014 del festival Corona Capital, de los 52 grupos que tocaron, 17 eran británicos. Esto significa que, en este importante festival, nuestros connacionales fueron la segunda nacionalidad con más presencia después de la mexicana, lo que demuestra el interés por la cultura británica contemporánea. Para nosotros el objetivo es reforzar esta imagen y establecer vínculos entre las instituciones culturales de ambos países. En este sentido, queremos que el Año Dual nos de un “empujón” en la relación cultural que tendremos en años venideros.

FAL – ¿Qué esperan los Británicos de México?

DT – En realidad, los británicos no conocen bien a México. Yo creo que en general la reacción es muy buena, pues queremos mucho a los mexicanos. ¿Qué es lo que México y mi homólogo en Londres esperan del Año Dual? Creo que, al igual que nosotros, el gobierno mexicano busca dar una visión contemporánea, a la vez que promueve su riqueza cultural y mejora la imagen de su país. Este es un tema delicado, pues las percepciones de los británicos que no conocen bien México suelen limitarse al tema de la inseguridad, porque que es lo que sale en los periódicos. México es más que esto pero, como sabemos, a los medios les gusta lo sensacional. Sin embargo, los que conocen el país tienen una visión mucho más positiva, pues ven la cultura tan rica que tiene este país y lo simpática que es la gente.

Asimismo, los empresarios que vienen se dan cuenta de que México es un buen lugar para hacer negocios. Eso es interesante para mí porque ello puede significar más comercio y más vínculos económicos, ya que las relaciones comerciales son modestas hasta ahora. Esto es un elemento importante para poder mostrarle a las empresas británicas que no conocen México todas las oportunidades de inversión que este país representa. En este sentido, ayuda que se tenga una mejor percepción del país. En buena medida, esta mejora está llegando gracias al periodo de éxito por el que atraviesa el cine mexicano y la presencia en los Premios Óscar de coproducciones británicas y mexicanas.

FAL – Al recibir una colección mexicana, ¿qué piezas esperan recibir y por qué? ¿Qué de la cultura Mexicana es lo que les gustaría mostrar a su púbico?

DT – No solo son las exposiciones en sí misma, sino las clases y cursos que se celebran en torno a ella las que sirven para aprender más acerca del tema. Por ejemplo, en la exposición “Mayas: revelation of an endless time” que está actualmente en Liverpool, se puede aprender un poco sobre la vida cuando la cultura Maya era dinámica en México hace cientos de años.

Yo creo que también cabe destacar que México fue invitado de honor en la Feria del Libro de Londres en abril, que es mucho más pequeña que la FIL de Guadalajara. Asimismo, a principios de junio tuvimos una muestra de lucha libre mexicana en el Royal Albert Hall, pues es un elemento de la cultura popular mexicana que muchos en Reino Unido no conocen y fue una oportunidad para darla a conocer. Vale la pena resaltar que esta muestra tuvo una recepción tremenda. 

FAL – ¿Contemplan los planes para el Año Dual los derechos culturales dentro del marco de los derechos humanos?

DT – Lo que nosotros queremos es captar con las muestras de las que hemos hablado al público más grande posible. Para nosotros la cultura es una parte sumamente importante de la comunidad y del país. En ese sentido, siempre me gustó mucho una cita de Picasso “El arte limpia del alma el polvo del día a día” porque refleja que el arte no es una necesidad para vivir. Necesitamos el agua, la comida y el trabajo. Sin embargo, el arte se trata de ser creativo y hacer algo por el placer de verlo, de escucharlo o de sentirlo. El arte es lo que hacemos cuando tenemos tiempo libre. No se crea por la necesidad de vivir o ganar un salario, sino por el placer de ver algo que nos enriquezca la vida. Para mí, esto es el arte

Over the past year, evidence has steadily emerged of a growing Russian military presence in Syria. As Bashar al-Assad’s armies have failed him in the field, he has increasingly relied on outside help. Initially, that help came from Hezbollah and Iran, but now it appears to be Moscow’s turn. And Washington may finally be waking up to what looks like a substantial Russian intervention in Syria.

New satellite images, obtained by Foreign Policy, of construction at an air base near Latakia leave little doubt that U.S. policy toward ending the conflict in Syria, such as it is, is now in total disarray. As they say, seeing is believing.

Admittedly, there has long been a Russian military presence in Syria. When opposition forces overran a Syrian listening post in October last year, the images revealed that it was staffed by the Russian military. More recently, analysts have noted pictures and videos that seem to confirm the presence of Russian combat forces fighting in Syria. Russian military vehicles have been sighted, while Russian soldiers have posted images and comments on Russian social media sites like VKontakte and the California-based LiveJournal, detailing their service in the war-torn country. (Some of the bestopen-source analysis has been on Bellingcat’s website.)

It is very strange world we live in, one marked both by the “little green men” of Russia’s “hybrid” warfare who Moscow can disavow and by data ubiquity that allows analysts to mock those disavowals.

Still, there has always been a question about how extensive Russia’s support for the Syrian regime has been the past four years. Are those even Russians inside the Moscow-supplied combat vehicles? Open-source analysts have been quite enterprising in suggesting the answer is yes, hearing snippets of Russian in between bursts from the vehicle’s gun. But the Russians claim any Slavic accents are merely those of a very small number of trainers or advisors.Nothing to see here; please move along.

That is now very hard to believe. On Sept. 4, the New York Times published an article suggesting that Russia had shipped prefabricated housing and a transportable air traffic control station to an airfield near Latakia. It was a great scoop, but I was pretty baffled that the New York Times didn’t bother to purchase a satellite image of the facility. Had they done so, they would have realized that they buried the lede.

Drag the slider back and forth to compare a Google Earth image of the air base near Latakia with a recent satellite image of the same air base.

The satellite image shows far more than prefabricated housing and an air traffic control station. It shows extensive construction of what appears to be a military canton at Bassel al-Assad International Airport (named for Bashar’s elder brother, who died in a car accident in 1994). This canton appears designed to support Russian combat air operations from the base and may serve as a logistical hub for Russian combat forces.

In recent days, using aircraft tracking sites, a number of analysts have begun to document the near-daily arrival of Russian transport planes to the base. The Russians are also sending ships to Syria, though the ships often declare for a nearby non-Syrian port, like Port Said in Egypt, and then take a wrong turn at Albuquerque, so to speak.

The White House, according to Bloomberg’s Josh Rogin, scheduled a National Security Council meeting last week to discuss the construction.

What is at stake is how to deal with a situation in which Vladimir Putin is going all-in on behalf of the Assad government while our policy is in tatters.

What is at stake is how to deal with a situation in which Vladimir Putin is going all-in on behalf of the Assad government while our policy is in tatters.

Rogin reports that U.S. officials believe Russia will base combat aircraft at the site. That is easy to confirm from the satellite image. In recent weeks, construction crews have completed a taxiway that connects the runway to the construction area. That means aircraft shelters for Russian aircraft.

The scale of the construction goes even further. A large area of ground has been cleared in many different parts of the air base. There are pallets and crates everywhere. Trucks are visible driving into the site. (We’ve annotated the image, but I highly recommend following @finriswolf on Twitter.) The image drives home the implication of all those flights and shipments heading to Syria: Russia is substantially expanding its involvement.

There is now little hope of establishing a no-fly zone over Syria, unless Washington wants to be in the business of shooting down Russian aircraft. From a broader perspective, U.S. efforts to arm the opposition to Assad mean fighting a proxy war with Moscow, either by trying to down the Russian planes or helping Syrian opposition forces kill Russian combat troops on the ground. That seems a much tougher task than fighting a proxy war with Iran and Hezbollah.

But beyond this narrow question of whether the United States wants to directly support combat operations against Russian forces in Syria, Moscow’s apparent commitment to Damascus raises fundamental questions about what U.S. strategy, if any, can succeed. I have long been opposed to collaborating with Assad. I don’t believe that he is committed to fighting the Islamic State; he only seems interested in attacking those opposition forces that threaten him directly. (In fact, by writing off parts of Syria to the Islamic State, he creates a second front for his opponents.) Nor do I believe he will ever command enough support to reestablish government control in Syria. If there is any hope of uniting Syrians, Assad must leave.

What Russia has done, however, is make it clear that it will not let Assad fall. He can’t win, but Russia won’t let him lose. That dooms Syria to what looks like endless war, as Assad fights to the last man. There are those who see Syria as a quagmire for Putin, a kind of matched pair to our own folly in Iraq; just as Washington collectively saw Afghanistan as payback for Vietnam. I am not so sanguine.

While Charlie Wilson’s war helped popularize the idea of bleeding Moscow, I don’t think that can be the basis of U.S. policy either. The moral cost is far too high. Aylan Kurdi, the 3-year-old boy whose corpse washed up on a Turkish beach, was fleeing Syria’s civil war, as are hundreds of thousands of the refugees now in Europe. More than half of Syria’s 17 million people have been displaced. Bleeding Moscow means bleeding these people. It may sound strategic in a Pentagon war room, but not when children’s bodies wash up on shore.

Columns are supposed to have a simple solution. An op-ed should have five paragraphs wrapped up in a neat little bow that explains how to fix the problem outlined in the first paragraph. One of my favorite professors (andFP colleague), Kori Schake, used to liken it to the answer in a beauty pageant. She was right, but for the life of me I can’t come up with one. It seems that, sometimes, the world’s pain can’t be solved in a few hundred words of sage advice.

So this column does not have a neat and tidy ending. And that is because I am not sure that it is now possible to save Syria. There is no path to resurrect a state that is failing, not so long as Putin has decided to do whatever it takes to preserve Assad’s awful regime and condemn Syria to endless conflict. We can, of course, make it difficult for Russia to resupply its forces in Syria. Already, some NATO allies, like Bulgaria and Turkey, have denied Russian aircraft over-flight rights. Iraq, too, appears to have turned back at least one aircraft.

And there is surely more we can do to shelter the millions of refugees now fleeing the conflict. Having helped create this mess with the invasion of Iraq and subsequent failure to stop the bloodshed in Syria, the United States and its European allies have an obligation to assist these people. This is especially true of those countries that were the loudest supporters of the invasion of Iraq. Coalition of the Still Willing, right? That includes you, Hungary.

But these measures won’t replace Bashar al-Assad with a figure who could rally moderate Syrians to restore a stable government, let alone stop the bloodshed. At best, they are only an expression of empathy and contrition. Putin has to be convinced to tell Assad it is time to go. Until then, and as long as Moscow is flooding Syria with military assistance, the country’s misery will continue.

El experto en asuntos estratégicos Evan Ellis nos cuenta cómo China y Rusia le disputan a Estados Unidos su hegemonía en América Latina.

http://efectonaim.net/guerra-de-influencias/

El título tiene un tono pesimista, es cierto; sin embargo, sintetiza bien el balance sobre las políticas educativas en el Perú desde su fundación republicana en 1821. Desde luego, un balance como este, que cubre dos siglos de recorrido, solo puede ser sumamente general, disperso e incompleto, y apenas puede ofrecer un esquema hecho con el recuento de algunos pocos procesos. Por supuesto, estos han sido elegidos con la intención de ofrecerle al lector una idea clara de cómo se ha transitado de la aplicación de políticas destinadas a expandir el servicio educativo público en todos sus niveles a partir de ideales modernos nacidos en el siglo XIX, como los de formar ciudadanos con iguales derechos ante la ley, que puedan acceder a los beneficios de la convivencia social y la riqueza producida en la nación, hacia el predominio de políticas que han fomentado en las últimas décadas la participación privada en la educación, incluso con fines de lucro, debilitando al mismo tiempo la acción del Estado y abandonando el potencial democratizador del servicio educativo público, en nombre de la eficiencia y la competitividad que provienen del discurso neoliberal, economicista y empresarial, que ha calado en funcionarios públicos de alto rango, pero también en muchos sectores de la sociedad.

Como se verá, ninguna de las dos fórmulas fueron implementadas en toda su magnitud y con todas sus consecuencias, en parte porque sus promotores no alcanzaron la hegemonía política necesaria. Por ejemplo, la tenaz resistencia de grupos de poder como los gamonales de la sierra sur, los representantes de la Iglesia y el arraigado conservadurismo patriarcal de la sociedad bloquearon hasta bien entrado el siglo XX el acceso a los servicios de educación de los campesinos indígenas y de las mujeres, en tanto que organizaciones gremiales, como la del poderoso magisterio, han mostrado consecutivamente su total y tenaz desacuerdo con el avance de los servicios educativos privados desde la década de 1980.

A pesar de casi dos décadas de continuo crecimiento económico, el gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto en el Perú está por debajo del promedio regional.

Por cierto, las restricciones presupuestales durante las épocas de crisis, como los años que siguieron a la guerra de independencia, fueron una barrera infranqueable para acelerar la expansión de la educación pública. Pero de otro lado, las épocas de auge no siempre fueron aprovechadas para consolidar un sistema de acceso amplio y de adecuada calidad. Solo basta recordar cómo los recursos obtenidos por la venta del guano se invirtieron tardíamente en algunas pocas instituciones de educación media y universitaria; o cómo últimamente, a pesar de casi dos décadas de continuo crecimiento económico, el gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto en el Perú está por debajo del promedio regional. Incluso en Chile, donde la educación privada está sumamente extendida, se invierte más. ¹

Así, las políticas educativas han seguido un curso hecho de marchas y contramarchas que han ocasionado, entre otras cosas, que la calidad del servicio educativo público no haya alcanzado niveles aceptables, salvo de manera excepcional en algunas pocas instituciones y en beneficio de un sector muy reducido de la población; pero incluso esto se ha ido perdiendo. Solo por ilustrar este proceso, recordemos que al menos hasta la década de 1960 se celebraba la excelencia de colegios públicos como el de Nuestra Señora de Guadalupe, fundado en Lima a mediados del siglo XIX. Lo mismo sucedía con universidades como San Marcos, de origen virreinal, o la Nacional de Ingeniería, de factura moderna. La excelencia y el prestigio del que gozaron fue el resultado del trato especial que recibieron de las autoridades del Gobierno, ya sea porque los hijos de las élites se educaban en sus aulas o por el sólido nexo que históricamente existió entre estos centros y el Estado, pues los funcionarios públicos de todo nivel se educaban en estos.

De eso apenas quedan huellas. La excelencia y el prestigio se han trasladado a unas pocas instituciones educativas privadas, altamente exclusivas, la mayoría de ellas ubicadas en Lima. La celebridad de colegios como Markham, Santa Úrsula, La Salle, Franco Peruano, Santa María, fundados en pleno proceso de expansión y masificación de la educación pública, y de universidades como la Católica, fundada en 1917, o las sesenteras como la del Pacífico o la de Lima, se debe a que en los últimos treinta años sus egresados han desplazado de posiciones importantes en el gobierno y la administración estatal a sus pares que antes egresaban de las instituciones educativas públicas. No se trata de tomar partido por un tipo de gestión educativa en particular, ni de otorgarles una connotación negativa o positiva por su condición de públicas o privadas; se trata simplemente de constatar un hecho y de preguntarse cómo y por qué ocurrió eso, y si para la convivencia democrática de una sociedad es bueno que la mayor parte de su élite burocrática, su clase gobernante, sus líderes políticos, empresariales, científicos y artísticos, provengan de exclusivas instituciones educativas privadas; en tanto que un sector importante de la población es educada en instituciones públicas con una calidad cuestionada hace por lo menos medio siglo.

La madre del cordero: la incumplida promesa igualitaria de los fundadores de la República

En plena guerra por la independencia, un grupo de patriotas criollos elaboró la primera Constitución del Perú en 1823, cuyo artículo 181 decía: “La instrucción es una necesidad común, y la República la debe igualmente a todos los individuos”. Más adelante, en el artículo 184, se hacía alusión a los sujetos de este derecho y a las instituciones a través de las cuales debía materializarse: “Todas las poblaciones de la república tienen derecho a los establecimientos de instrucción que sean adaptables a sus circunstancias. No puede dejar de haber universidad en las capitales de departamento, ni escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños”. Para las élites políticas e intelectuales que condujeron el proceso de independencia, la ignorancia había hecho posible tres siglos de dominio colonial, por lo tanto, la instrucción de la población resultaba un elemento importante para consolidar el nuevo regimen. ²

Así, la instrucción del pueblo, en esta etapa fundacional, fue concebida como un instrumento fundamental en la lucha política, la que además acarreaba mejoras en la condición social y material de los individuos.

De otro lado, los fundadores de la República asumieron que la tarea educativa le concernía fundamentalmente al Estado. No obstante, no se trazaron planes ni acciones claras y consistentes para la instrucción de los sectores populares, compuestos mayoritariamente por indígenas. La excepción fue la adopción durante algún tiempo del método lancasteriano para la enseñanza de la lectura, que se usó en parroquias y municipios de las pequeñas ciudades republicanas. Este resultó el más pertinente por su bajo costo y porque funcionaba mejor que otros en un contexto donde eran escasos los maestros y los materiales. Pero la lenta recuperación de la economía, que tuvo consecuencias directas en el erario, así como las pugnas permanentes de los caudillos militares por el poder en las primeras décadas republicanas, minaron todos los intentos por hacer sostenible y efectiva la tarea educativa del Estado.

Las limitaciones económicas y humanas impusieron a la clase política de la joven república la consigna de que la educación de los sectores populares, a pesar de su importancia en la consolidación del nuevo régimen, era una tarea que se haría efectiva solo a largo plazo. De alguna manera esto sirvió para legitimar la inercia estatal en la instrucción de los indígenas, pese al reiterativo discurso igualitario del grueso de políticos e intelectuales antimonárquicos. A lo que no se renunció fue a la tarea de formar a las clases dirigentes, pues en ellas se hizo recaer la misión de fortalecer la institucionalidad republicana. Por lo tanto, los primeros gobiernos del Perú independiente centraron sus energías y sus escasos recursos en reformar los centros educativos de ”nivel superior”. Se remozaron así viejas instituciones de origen virreinal, como el Convictorio de San Carlos en Lima, para formar letrados y juristas que alimentarían lentamente el aparato burocrático. A este tipo de instituciones accedieron en su mayor parte los hijos de las élites criollas, y ocasionalmente criollos y mestizos pobres a los cuales el Estado dotaba de becas especiales que eran tramitadas a través de redes familiares. ³

Así, quedó claro que los criollos como conductores de la guerra por la independencia serían los mayores beneficiarios del nuevo orden, incluso en el ámbito educativo.

Los indígenas, la población mayoritaria del país, y las mujeres fueron sujetos de una tradicional educación religiosa que se extendió del púlpito a la cotidianidad de los hogares. La Iglesia y la familia cobraron así una gran importancia, al quedar constreñidos estos sectores subalternos al ámbito de acción privada, ya sea en el campo o en el hogar, y por tanto excluidos de la acción pública, como la participación política directa, para la cual sí se requería instrucción formal. Ciertamente, tal y como funcionaba el orden político y social de la época, ni mujeres ni indígenas bregaron por el acceso a esa educación formal, al menos no sostenida ni colectivamente. Ni ellos ni las élites blancas y masculinas pensaron en la conveniencia de ello, sino hasta bien avanzado el siglo XIX e inicios del XX, en el marco de una sociedad que comenzaba a cambiar.

Tampoco los ingresos guaneros que percibió el Perú entre las décadas de 1840 y 1870 fueron destinados a implementar solidas políticas educativas en beneficio del grueso de la población, sino excepcionalmente. Mientras tanto, en Europa el proceso de alfabetización se desarrolló a pasos agigantados en el mismo periodo, y en menor medida también se inició un proceso similar en Argentina, Brasil y Chile. Los ingresos del guano sirvieron para financiar la estabilidad y la paz política, gracias a una mayor capacidad de gasto que apuntó a una estratégica redistribución entre la amplia clientela de los gobernantes que incluía a viejos opositores. ⁴

Esto fue crucial para promover la modernización del Estado peruano, así como para consolidar los negocios de una poderosa y nueva plutocracia que comenzó a darle mayor dinamismo a la economía nacional. En consecuencia, se hizo necesario contar con mayores cuadros calificados para llevar adelante el proceso de modernización estatal y satisfacer los requerimientos de una actividad comercial y productiva más intensa y moderna. De esta manera, la educación se posicionó con fuerza en la agenda política. Sin embargo, como en los primeros años republicanos, la educación que se privilegió fue la de las élites, reformándose por completo la Universidad de San Marcos, así como otras universidades del interior. Se crearon además la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Agricultura, también escuelas de artes y oficios, y nuevos colegios de media, algunos de ellos por iniciativa privada.

La expansión educativa y la segregación por la calidad

La expansión de la educación básica destinada a los sectores populares se inició en el gobierno civilista de José Pardo, a comienzos del siglo XX. Esto fue posible por la favorable coyuntura económica que se alcanzó gracias al crecimiento y la diversificación de las exportaciones luego del desastre de la guerra contra Chile. Pero además fue fundamental el cambio de percepción sobre la población indígena gestada entre las élites políticas e intelectuales, que dejaron de ver en ella una carga pesada para el progreso y la consolidación de la nación peruana para más bien incluirla en ese proceso tal y como se había proyectado en los años fundacionales de la República. Sin embargo, su inclusión tuvo como condición su transformación cultural, que involucraba cambiar sus prácticas cotidianas y comunales, así como su idioma. El objetivo era “civilizar” a los indígenas, “occidentalizarlos”, y la educación se convirtió en el instrumento más adecuado para llevar a cabo esa tarea. Por medio de ella, los indígenas debían convertirse en mano de obra calificada para las distintas industrias, pues se pensaba que solo el trabajo podía redimirlos de su pobreza y al mismo tiempo incluirlos en el corazón mismo de la sociedad moderna que querían edificar los civilistas.

En los años treinta, se declaró la gratuidad de la educación primaria en los establecimientos públicos, luego en los años cuarenta sucedió lo mismo con la secundaria y tres décadas después con la educación universitaria.

El proceso fue lento, se puede decir incluso que se extendió por casi todo el siglo XX, y durante todo ese tiempo fue la iniciativa estatal quien la condujo y sostuvo. Ya en los años treinta, se declaró la gratuidad de la educación primaria en los establecimientos públicos, luego en los años cuarenta sucedió lo mismo con la secundaria y tres décadas después con la educación universitaria. Desde luego, en el camino nuevos objetivos fueron apareciendo, como la efectiva incorporación cultural y política de los indígenas dentro de la agenda estatal de ordenamiento de la sociedad. Este camino no fue fácil, y más bien estuvo lleno de baches. Por ejemplo, en el campo este estuvo marcado por la resistencia de las élites locales, gamonales que veían en ello un peligro para mantener su poder. En ese escenario, no fue excepcional que los maestros de escuela fueran catalogados de subversivos y terminaran convertidos en inesperados líderes sociales, sobre todo cuando el proceso de expansión de la educación básica permitió que muchos indígenas se hicieran ellos mismos maestros. ⁵

Cuando el sistema educativo alcanzó sus índices más altos de expansión entre las décadas de 1950 y 1990, como resultado del crecimiento demográfico, las presiones sociales por acceso a mayores niveles educativos, las propias políticas inclusivas puestas en marcha desde el Estado y por la iniciativa empresarial, y las desigualdades en la calidad del servicio público y el privado se hicieron cada vez más evidentes; esto debido a que la gestión estatal se preocupó más por absorber la enorme demanda de educación descuidando la calidad de este, mientras que en las instituciones privadas se procuró mantener el adecuado servicio e incluso ponerlo a la vanguardia del sistema. Estas desigualdades terminaron edificando una realidad a todas luces segregacionista, como ha ocurrido en otros países de la región.  ⁶

A fines en la década de 1950, este fenómeno ya se mostraba claramente. Por entonces, los encargados de los procesos de admisión a varias universidades de Lima daban cuenta con asombro y desconcierto de cómo la mayor parte de los postulantes eran desaprobados, incapaces de desarrollar entre otras cosas ejercicios de comprensión de textos recogidos de los planes de educación media. Además, para los catedráticos que fungían de jurados de las pruebas orales, muchos de los postulantes habían desarrollado pobres niveles de comunicación verbal, que los incapacitaba para recibir formación universitaria. Ya en los años sesenta, se ensayaron algunos diagnósticos al respecto, uno de los cuales decía que en este proceso de masificación de la educación básica se impuso un modelo urbano y occidental de escuela y de contenidos, que jugaron en contra de la efectiva formación de una población que vivía en el campo o apenas comenzaba a integrarse a la vida en la ciudad. ⁷

También se habló por entonces de la pobre calidad de los maestros, muchos de ellos sin la formación necesaria, que se habían incorporado con cierta facilidad a la carrera magisterial ante el crecimiento de la demanda de servicios educativos que el Estado atendió.

Sin embargo, aun con estas limitaciones, miles de jóvenes accedieron a un cupo en las universidades públicas e iniciaron un proceso de intensa politización del espacio universitario en la década de 1950, entre otras cosas, para evitar que sus expectativas de ascenso social fueran frustradas al exigírseles mejoras significativas en su rendimiento académico, tal como ocurrió al instaurarse el gobierno de las fuerzas armadas en 1968, cuando apenas cinco meses después se promulgó una nueva Ley Universitaria que condicionaba la gratuidad de la enseñanza y la permanencia en la universidad a la obtención de calificaciones aprobatorias, sin acompañar estas medidas con políticas de apoyo y subvención a miles de jóvenes que debían trabajar para sustentarse. Por estas razones y otras de índole ideológica, los estudiantes de las universidades públicas se convirtieron en los opositores más acérrimos del régimen militar.

Paradójicamente, en el gobierno de Velasco Alvarado se intentó implementar una ambiciosa reforma de la educación pública sustentada en la voluntad de hacer profundas transformaciones sociales, que permitieran quebrar las enormes brechas de desigualdad a través de las inclusión de los sectores menos favorecidos, como los campesinos, los obreros y los migrantes, en los beneficios de la propiedad de la tierra, la producción de la riqueza y de la participación política. El fortalecimiento de la calidad del servicio educativo público, con una enorme cuota de formación para el trabajo industrial, y una mayor regulación de la educación privada, todavía poco extendida, formaron parte medular del proyecto velasquista. Sin embargo, la implementación de estas reformas sufrió de baches insalvables, como la oposición de gremio magisterial y de los estudiantes universitarios, así como de falta de recursos suficientes.

A la caída de Velasco, aquel proyecto comenzó a ser desmontado. Con el retorno a la democracia en 1980 e iniciada la guerra interna entre el Estado y Sendero Luminoso, la educación pública no solo siguió deteriorándose y la brecha de calidad con las instituciones educativas privadas se fue haciendo más profunda, sino que además miembros del gremio magisterial, así como muchos jóvenes universitarios, si bien una minoría respecto al total de ellos, se vieron envueltos en la atroz violencia de la guerra, en nombre de una ideología radical que buscaba derruir los cimientos del Estado y el sistema capitalista para edificar en su reemplazo un orden igualitario, sin clases sociales. La lucha contra Sendero y su derrota final en la década de 1990 durante el gobierno de Alberto Fujimori implicó la estigmatización de los estudiantes de las universidades públicas, así como de maestros sindicalizados, algunos de los cuales fueron encarcelados, torturados o asesinados extrajudicialmente por miembros de las fuerzas armadas, en una vorágine de terror que marcó como nunca el enorme distanciamiento entre los actores educativos del sector público y las élites en el gobierno.

Cuando aún no se salía de ese dramático contexto, el gobierno dispuso a través del Decreto Ley 882 de 1996 medidas que permitieron el lucro en las empresas del sector educativo, una iniciativa que en varios momentos del siglo XX había sido vetada porque contravenía el espíritu democratizador de la educación como un servicio público, más allá de si era brindado por el Estado o entidades privadas. Con ello se daba inicio a una inédita etapa en la historia de la educación que significó el vertiginoso aumento de instituciones educativas privadas en todos los niveles. Estas, en apenas dos décadas, casi han sobrepasado a la atención brindada por las instituciones públicas, aunque en la mayoría de los casos sin garantías de su mayor calidad, restringida todavía a algunas pocas sumamente exclusivas. De alguna manera esta lógica privatista ha significado uno de los golpes más duros a la promesa de una sociedad igualitaria que los fundadores de la república proyectaron construir echando mano de la educación. En Chile, este fenómeno se inició en los años ochenta, durante la etapa dura de la dictadura de Pinochet; dos décadas después se decía en un informe de la OCDE que: “el chileno es un sistema escolar conscientemente estructurado por clases sociales”. ⁸ No estamos lejos de eso.

Como en otras partes de América Latina, desde hace décadas la escuela y la educación en general han dejado de ser medios efectivos para que los sectores populares puedan escapar de la pobreza.

En el caso peruano, los perdedores, como lo demuestran numerosas evaluaciones en distintos momentos, han sido ante todo los pobres, que hoy en día rondan el 30% de la población, ⁹ pero que hace tres décadas superaban a la mitad del total de peruanos, los que además hasta los años cincuenta vivían mayoritariamente en el campo. Por ejemplo, en el año 2007, la evaluación en habilidades de comprensión lectora hecha por el Ministerio de Educación a estudiantes de segundo grado de primaria arrojó dramáticos resultados: en promedio, apenas dos de cada diez estudiantes de escuelas públicas alcanzaban puntajes que indicaban un desarrollo adecuado. Es decir, ocho de ellos estaban desprovistos de una habilidad básica que los condenaba a un desastroso desempeño escolar, con secuelas en su futuro educativo y en otros ámbitos de la vida. Lo mismo sucedía cuando se evaluaron las habilidades matemáticas. ¹⁰

Si bien en evaluaciones más recientes aquellos resultados han mejorado, desde una perspectiva histórica, los hechos nos dicen que la escuela pública no garantiza desde hace mucho tiempo los aprendizajes necesarios para que los niños de los sectores populares que se han educado ahí puedan enfrentarse con éxito a las exigencias de los siguientes niveles educativos, y menos aún para tener luego alguna oportunidad de acceder a los mercados laborales de mejor posicionamiento. Por lo tanto, como en otras partes de América Latina, desde hace décadas la escuela y la educación en general han dejado de ser medios efectivos para que los sectores populares puedan escapar de la pobreza. Por el contrario, el tipo de educación que reciben los condena a permanecer en ella, reforzando así las desigualdades.

El cierre: la calidad como agenda democratizadora

Desde los años noventa, todos los gobiernos han promovido a nivel de la educación básica algunas políticas que pretenden mejorar la calidad del servicio, y han sido particularmente importantes los programas de capacitación docente, pues ha dominado y sigue dominando la idea de que el descalabrado de la educación pública ha sido en gran parte responsabilidad de las deficiencias del trabajo docente y de la intransigencia de los dirigentes del poderoso Sutep. Con modificaciones de diverso grado, estos programas continuaron extendiéndose y profundizándose, a lo que se sumaron luego medidas más ambiciosas, como la implementación de la carrera magisterial, que conlleva mejoras salariales y de profesionalización, y de otro lado se hicieron también profundas reformas en los planes de estudio y en las prácticas pedagógicas. En cierta forma, el Estado retomó una decidida acción sobre la educación básica y últimamente también sobre la educación universitaria, convirtiendo a la calidad en el principal objetivo de todas estas medidas. Sin embargo, la idea de calidad que se ha posicionado prioriza ante todo la lógica de la eficiencia y la competitividad, funcional a la apuesta política y al modelo económico neoliberal que se han impuesto en las últimas décadas. La calidad solo ha sido asumida tangencialmente como un elemento fundamental para convertir a las escuelas públicas en espacios reales de democratización y a la educación como un eslabón primordial en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.

Al observar todo esto resulta difícil dejar de pensar que el Perú sigue siendo políticamente uno de los países más conservadores de la región. Nuestra clase política, pero también un sector importante de intelectuales y tecnócratas, no han querido o han temido fomentar políticas educativas que se distancien de la lógica privatista hegemónica, y tampoco se han enfrentado con éxito a los poderosos sectores empresariales y otro tipos de poderes fácticos, como ha sucedido hasta cierto grado en Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela y últimamente incluso en Chile. En esos países, como hace doscientos años, los discursos igualitarios parecen haber calado con más fuerza, y además han encontrado en la última década canales políticos institucionales a través de los cuales se le quiere devolver a la educación su potencia democratizadora, sin descuidar su centralidad en la producción de riqueza. En la experiencia de nuestros vecinos, la calidad y la equidad parecen ir de la mano. Aquí esto todavía no parece ser posible; por el contrario, se ha llevado a límites insospechados la participación privada en el sector, sin montar siquiera mecanismos adecuados que regulen la calidad del servicio que brindan y que procuren al mismo tiempo convertir a las escuelas, colegios, institutos y universidades promovidas por los empresarios en espacios donde también es posible aprender a construir una sociedad menos segregacionista y más igualitaria y tolerante.

En enero de 2011, Luiz Inácio Lula da Silva dejó de ser presidente de la República Federativa de Brasil tras ejercer la jefatura de Estado durante 8 años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se retiraba del Palacio del Planalto con una alta popularidad entre los brasileño —lo cual es aspecto fundamental para explicar la victoria de su “delfín”, la actual presidenta Dilma Rousseff— y con un reconocimiento, tanto de actores nacionales como extranjeros, por su labor al frente del gobierno de Brasil. La figura deLula generaba admiración en los círculos políticos del mundo por su trayectoria política: se trata de un exlíder sindical y de izquierda que, sin estudios universitarios ni experiencia previa en el ámbito público, llegó a la presidencia del país más importante de Sudamérica. En ese marco, no sorprendió que en 2010 la revista Times lo considerara como una de las 25 personalidades más poderosas del mundo.

En sus primeros meses como expresidente, Lula fue condecorado e invitado a participar en múltiples eventos mundiales, de entre los cuales destacan su disertación en el Foro Social Mundial y el doctoradohonoris causa que le otorgó la Universidad de Coímbra-Portugal. Dichas invitaciones tenían la finalidad de que el exmandatario explicara los motivos del “milagro brasileño” que él había logrado concretar.

El reconocimiento obtenido por Lula permitió que distintas voces comenzaran a utilizar una categoría vedada generalmente del diccionario político latinoamericano, recuperando así la noción de “estadista”. Para 2011, Lula era visto como una excepción a la regla regional dado que había logrado estar por encima de las divisiones partidarias y de los tradicionales sectores en pugna, a partir de una inquieta y creativa búsqueda del “bien común”. Cabe indicar que su gestión de gobierno se caracterizó por sacar a muchos de sus compatriotas de la pobreza con la particularidad de no “atentar” contra el capital y los negocios. Por este motivo, el denominado establishment empresarial apoyó las políticas económicas del PT.

En ese contexto particular, Lula comenzó a desempeñar un doble papel como expresidente. A la par que mostró su apoyo a la figura de Rousseff, creó el Instituto Lula para poder organizar e institucionalizar su poder y prestigio. Mediante “donaciones de empresas y personas que se identifican con los objetivos del instituto” el instituto abrazaba el objetivo de “cuidar el acervo histórico y ofrecer un intercambio internacional de la experiencia política del Expresidente”. De hecho, una de las principales tareas realizas por Lula y por su instituto fue la de continuar una de sus políticas de gobiernos más emblemática en materia de política exterior, como fue la de ser un permanente interlocutor e intermediario entre las principales empresas multinacionales brasileñas —como Odebrecht, Camargo Correa y Petrobras, entre otras— con gobiernos extranjeros, con el objetivo de concretar millonarias inversiones.

En marzo de 2013 el diario Folha de S. Paulo publicó una serie de telegramas oficiales de Itamaraty donde se revelaba que casi la mitad de los viajes al exterior como exmandatario (13 de 30) fueron financiados por grandes empresas brasileñas con importantes inversiones en el extranjero como OAS, Camargo Correa y Odebrecht. Las visitas a Angola, Benín, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Gana, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Nigeria, Panamá, Portugal, Sudáfrica y Venezuela coincidieron con el interés de empresas brasileñas de concretar y ampliar diversas inversiones y negocios.

Si bien, en ese entonces algunos analistas y periodistas calificaban y criticaban la actuación de Lulacomo “cabildero” o como “embajador de las multinacionales brasileñas”, nadie de la elite política y judicial de Brasil impugnaron su accionar. Por el contrario, al igual que ha acontecido con distintos líderes mundiales con cierto prestigio —como Felipe González en España y William Clinton en Estados Unidos— el papel de Lula era visto con buenos ojos dado que en un mundo caracterizado por la férrea disputa de mercados, “asociaba su prestigio al de las empresas”, en palabras de la embajadora de Brasil en Maputo Lígia Scherer.

El entonces reconocido empresario Marcelo Odebrecht —hoy procesado en el marco de las investigaciones de Lava Jato— señalaba que las acciones de Lula estaban en sintonía con aquellos “estadistas” que, con visión de futuro, “traen ganancias económicas legitimas para sus empresas y para sus países de origen y sirven para la implementación geopolítica de gobiernos que con sus empresas intentan ocupar espacios estratégicos más allá de sus fronteras”. En este sentido, debido a la influencia directa de la figura de Lula sobre el gobierno de Rousseff y la vinculación entre su “actividad privada” con el cuerpo diplomático de Itamaraty, años atrás identificamos dicha realidad por medio del concepto de “diplomacia expresidencial”.

Este escenario de elogios y de admiración por las acciones de Lula como expresidente cambió rotundamente en 2 años, principalmente en lo que respecta a la visión del establishment brasileño. La figura del “estadista” comenzó a ser presa de la fuerte polarización política que comenzó a experimentar Brasil desde la campaña electoral de 2014, la cual se ha agudizado en los primeros meses del segundo mandato de Rousseff. En un escenario de extrema fragilidad debido a la delicada situación económica y ante la explosión de los hechos de corrupción en torno a Petrobras, Rousseff no solo ha perdido la confianza de sus votantes, sino también su liderazgo en la coalición de gobierno — tanto en las propias filas del PT y en particular dentro de la de su partido aliado, el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)— provocando una mayor virulencia en los círculos opositores que ven factible la salida anticipada del gobierno del PT. Ante el escaso poder de la actual mandataria, la oposición brasileña sabe que la única supervivencia que pude llegar a tener el PT más allá de 2019 se reduce a la figura de Lula.

En esta nueva y cambiante realidad debe comprenderse cómo ha mutado la caracterización de la figura de Lula. Muchos de quienes lo catalogaban como estadista hoy lo acusan de corrupto. Por tal motivo, no sorprende que en los últimos meses un grupo de fiscales haya comenzado a investigar las actividades de Lula como expresidente, imputándole el delito de “tráfico de influencias” a favor de los negocios internacionales de la constructora Odebrecht. Con esa imputación Lula también comienza a formar parte del banquillo de los acusados por hechos de corrupción.

En definitiva, ¿el expresidente brasileño es un estadista o un corrupto? Para responder dicho interrogante es necesario resaltar la célebre frase de Friedrich Nietzsche: “no hay hechos, hay interpretaciones”. En el lapso de 4 años el mismo hecho —el de interceder, dado su condición de Expresidente, por los intereses de las empresas brasileñas en el exterior— paso de ser interpretado en los círculos políticos brasileños como una acción propia de un estadista a otra cercana a las peores prácticas corruptas, máxime si tenemos en cuenta que los hechos en cuestión son públicos desde 2013.

Por último, e independientemente del juicio de valor que cada ciudadano puede realizar y de la existencia o no de pruebas en torno al delito señalado, la reflexión política sobre la situación de Lula debe centrarse en puntualizar el deterioro relativo y progresivo del proyecto político del PT bajo la presidencia de Rousseff. En ese marco, cualquier noción de “consenso” que aspiró y logró Lula en sus 8 años de gobierno se ha desvanecido, siendo el dato nodal de la política brasileña, al igual que muchos de los países que giraron a la izquierda en el siglo XXI, la conflictividad y la tensión a partir de la disputa por el poder con los sectores opositores. En esa reyerta política que hoy experimenta Brasil nadie parece quedar al margen, inclusive aquellos que alguna vez fueron señalados como grandes y acreditados “estadistas”.

Latinoamérica se encuentra en una encrucijada. Los escándalos de corrupción que azotan a la región están afligiendo peligrosamente la confianza en los gobiernos y en las instituciones. En algunos países, las protestas callejeras exigen la renuncia de los presidentes y en otros éstos están tocando fondo en las encuestas de opinión. A la decepción con la democracia se suma el desencanto por la corrupción en gobiernos reformistas de centro izquierda. Estos gobiernos llegaron al poder con grandes expectativas de justicia social en la región que sigue siendo la más desigual del mundo a pesar de una década de crecimiento económico sin precedente, tirada por un auge del precio del petróleo y de los minerales. En 1846, el novelista francés Théophile Gautier se lamentaba por “la inexplicable tentación de la corrupción, incluso para las almas más honestas”.

¿Cómo recuperar la confianza en un contexto cambiante, con un crecimiento económico más lento y una desigualdad persistente? En ese sentido, es fundamental cuestionarse si esta crisis indica que la corrupción ha empeorado o que la transparencia ha mejorado, así como la denuncia y prosecución de la corrupción. ¿Estamos viendo un auge de la corrupción o el fin de la impunidad?

Sin embargo, al mismo tiempo persisten altos niveles de desigualdad y baja movilidad social, agravados por un sentimiento de impunidad. A medida que las economías se desaceleran, la tolerancia al despilfarro y la corrupción disminuye. “Las actitudes se están endureciendo”, dice Eduardo Leite, en su libro How Latin America is getting to grips with corruption. “Lo que por algunos puede ser considerado una parte aceptada de las negociaciones de la región ha sido reconocido gradualmente como un impedimento mayor para el progreso y la prosperidad.”

Las personas están más conectadas, mejor informadas y son más demandantes. Los medios sociales están progresivamente reemplazando a los partidos políticos como medio de movilización social de una generación nueva que no ha vivido bajo ninguna dictadura y que ha crecido en paz y en democracia.

De igual forma, las personas son más exigentes con sus gobiernos y esperan más integridad de sus políticos. En el pasado, había cierta resignación ante la corrupción, que incluso se justificaba como un sobre-costo que engrasa las ruedas de la economía y permite acelerar los trámites burocráticos. En la década de 1960, el eslogan del político brasileño Ademar Pereira de Barros era “roba, pero hace las cosas” (“rouba mas faz”). Estos tiempos ya no existen. Hay mayor conciencia y consenso sobre los efectos nefastos de la corrupción que está lijando las ruedas del desarrollo, reduciendo la competencia y aumentando el costo de hacer negocios.

La crisis actual también representa una oportunidad. De hecho, la celeridad y profundidad con la cual varios gobiernos han respondido a los escándalos de corrupción son inusitadas. Muchos han sido veloces en cuanto a sus respuestas políticas, con renuncias de ministros y reestructuración de gabinetes, como en el caso de Chile y de Honduras. También hubo respuestas de más amplio alcance, con la introducción de reformas institucionales y legales, como en el caso de Chile y de México. Estas incluyen la reestructuración del sistema nacional anticorrupción, la regulación del financiamiento de los partidos y la mitigación de los conflictos de interés.

Asimismo, los sistemas de integridad y las instituciones de control se están fortaleciendo para poder cumplir su rol de garante de la integridad de los recursos públicos. Por ejemplo, las contralorías de Brasil, Chile y Perú han mejorado su capacidad de disuasión de la corrupción. Los ministerios públicos y fiscales generales también han sido veloces en iniciar investigaciones penales en contra de empresarios, políticos y burócratas influyentes, como en Brasil y en Panamá. Incluso se iniciaron juicios políticos en contra de presidentes en ejercicio. Estas respuestas reflejan las instituciones políticas que paulatinamente están madurando y las autoridades judiciales que se han vuelto cada vez más independientes.

Sin duda, lograr que los gobiernos sean abiertos es parte de la solución. Prevenir y castigar la corrupción requiere más transparencia e instituciones más fuertes para acabar con la impunidad. Pero, para recuperar la confianza en el gobierno, también es necesario que sean más eficientes en cuanto a su capacidad de dirigir las políticas y de brindar servicios públicos, así como ser más transparentes en su interacción con los ciudadanos. La legitimidad de los gobiernos se basa tanto en la integridad de la acción pública como en la calidad de los servicios prestados por el Estado. En este sentido, hay tres elementos clave que serán muy útiles para ayudar a que los ciudadanos vuelvan a creer en sus gobiernos .

En primer lugar, un gobierno más abierto y transparente es fundamental para fijar la integridad, fortalecer la ética del servicio público, y fomentar la participación ciudadana como fuerza para cambio. En este aspecto se ha progresado un poco. Son 19 los países de la región que han adoptado el acceso a las leyes de información —siendo el más reciente Paraguay— y la mayoría de esos países ha introducido la transparencia en la contratación por medio de los portales en línea. La legislación antisoborno y antilavado de dinero se está afirmando en Brasil y en México. Las lagunas legales que abren oportunidades para la corrupción se están cerrando y los procedimientos administrativos engorrosos se están simplificando mediante impulsos de “desburocratización”, como ocurre en Brasil. Las innovaciones tecnológicas y las soluciones de gobierno electrónico están dando lugar a una mayor transparencia y una profundización de la rendición de cuentas. Además, las agencias de auditoría están siendo más precisas y más proactivas con el objetivo de detectar e impedir la corrupción, para ayudar no solo a fijar la integridad en la burocracia, sino también a mejorar la calidad del gasto público.

Estos desafíos son especialmente fundamentales para los gobiernos locales de países con recursos naturales abundantes que han visto dispararse sus ingresos durante la última década. Muchos de estos carecen de las capacidades necesarias para administrar correctamente las regalías mineras y lastransferencias públicas. La transparencia no solo ayuda a que los ciudadanos sean fiables, también mejora las políticas del gobierno. Aquí, el talón de Aquiles es la calidad de la inversión pública en particular por los gobiernos locales . Por ejemplo, Colombia ha puesto todos sus datos sobre pagos de regalías en una plataforma georreferenciada en línea para que todos puedan ver cuánto dinero ingresa al gobierno mediante los pagos de regalías y en qué se gasta. Las transferencias de regalías ahora se suspenden si el municipio beneficiario no informa de qué manera las gastan.

Un segundo aspecto clave es hacer que los gobiernos sean más eficientes en la gobernanza del sector público. Ciertamente, lograr una mayor integridad y mejores servicios son dos caras de una misma moneda. En Latinoamérica, las personas están gozando de una vida más larga y más saludable. Los gobiernos están adoptando mejores políticas y han logrado implementar una mayor disciplina fiscal. Sin embargo, las políticas públicas no siempre se implementan según lo previsto y esto origina una “brecha de implementación” que se convierte en una “brecha de expectativas”. A menudo, los gobiernos prometen demasiado y no cumplen, lo cual genera cinismo y frustración.

Asimismo, la desaceleración económica genera ansiedad social. Una gran parte de la clase media que salió de la pobreza en la última década se encuentra en una situación de vulnerabilidad, con riesgo de recaer en la pobreza. La buena noticia es que las protestas reflejan una energía recién descubierta en las sociedades que luchan por vivir mejor y exigen más de sus gobernantes. El crecimiento de la clase media y la movilización de los ciudadanos mejor conectados aumentan las expectativas de mejores servicios y disminuyen la aceptación de la corrupción. Las personas están menos dispuestas a aceptar la captura del Estado por intereses particulares.

Para lograr que los gobiernos sean más eficientes es necesario simplificar la burocracia y aprovechar las innovaciones tecnológicas con el fin de brindar mejores servicios. En muchos países de la región, la maraña burocrática que deben sortear los ciudadanos es asfixiante y también sofoca la competitividad y el emprendimiento. La simplificación de los procedimientos administrativos tiene también un gran potencial para disminuir las oportunidades de corrupción. Uruguay liderada el camino en la región en materia de gobierno electrónico y se comprometió a que todos sus procesos burocráticos estén disponibles en línea para el 2017. Sin embargo, la reforma más importante y desafiante esprofesionalizar la burocracia y evitar la politización mediante el patronazgo. No se trata de disminuir el tamaño del Estado sino hacerlo más eficiente e imaginativo, con servidores públicos competentes y comprometidos por el bien público.

La tercera prioridad es hacer que los gobiernos sean más eficientes en la manera que conducen las políticas públicas y controlar el rendimiento de la administración. Como en el sector privado, se requieren modelos de gestión que fijen prioridades estratégicas e indicadores de desempeño claros que faciliten la rendición de cuentas a los ciudadanos con base en resultados. El desarrollo económico y social requiere un sector público capaz de facilitar estos procesos. Más eficacia significa ramas ejecutivas que coordinan y reglamentan las políticas públicas y el fortalecimiento requerido del centro estratégico de gobierno. También es necesario que mejore la calidad de la información sobre la que se toman las decisiones. Los países necesitan invertir más en su capacidad estadística y asegurar datos confiables a través de institutos estadísticos independientes.

Recientemente, desde el Banco Interamericano de Desarrollo realizamos un estudio de 24 países en su capacidad institucional para una gestión pública basada en resultados. Si bien la región avanzó de un puntaje de 2,0 sobre 5,0 en 2007 hasta 2,4 en 2013, le queda mucha tarea por delante. El área mejor evaluada en 2013 fue la gestión pública financiera, con 2,9 puntos; las más bajas fueron presupuesto por resultados y seguimiento y evaluación, ambas con 1,9 puntos.

En resumen, para recuperar la confianza en el gobierno se necesita más transparencia; también se requiere gobiernos que cumplan. La modernización del Estado es una tarea compleja pero no atajable. Sin duda, hay un cambio generacional en la región que exige nuevas formas de gobernar y lo que ha cambiado profundamente son las expectativas de la gente. Las tecnologías están revolucionando las relaciones entre el ciudadano y el Estado, permitiendo mayor transparencia y mejor rendición de cuentas.

En medio de la primera gran crisis del siglo XXI destaca el caso de Grecia, no solo por la enorme deuda —en términos relativos— sino también por la manera en la que esta pudo acumularse al margen de todos los controles y de la supervisión de las instituciones de la Unión Europea. Además, la crisis griega ha supuesto cambios significativos en sus estructuras sociales y políticas como en ningún otro país.

Los recientes acuerdos de rescate alcanzados por el gobierno de izquierda griego y las instituciones financieras europeas y mundiales podrían interpretarse bajo la luz de la historia. De hecho, parece que en varias ocasiones las razones geopolíticas han tenido un mayor peso del que se les atribuye al momento de valorar la posición de Grecia dentro del contexto internacional.

Tanto su clima y la condición insular de una parte de su territorio como su cercanía, y por ende, su influencia en las primeras civilizaciones, llevaron al florecimiento durante cuatro siglos de la antigua Grecia. Su dominio cultural fue tal que incluso en nuestros días sigue siendo un referente sobre lo que pertenece o queda excluido —por ser considerado bárbaro— de la civilización occidental.

Bajo el Imperio otomano, la región que hoy conocemos como Grecia pudo mantener cierto rango de libertad debido a su posición geográfica, que le permitió tener el control de gran parte del comercio del Imperio. El nacionalismo griego, que surge a principios del siglo XVIII, se ve reforzado por las potencias europeas. Francia, el Reino Unido y Rusia apoyaron la independencia de Grecia. Sin embargo, fue con Rusia y por razones más de índole cultural y étnica, que se forjó una alianza que parece hoy más vigente que nunca.

Pese a que la Primera Guerra Mundial le permitió a Grecia consolidar su territorio, no fue sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en punto focal de la política de contención de cara al inicio de la Guerra Fría. Cuando los británicos entraron a Grecia sabían del control que los comunistas ejercían sobre la resistencia, incluso a 70 años del fin de la guerra han comenzado a circular versiones sobre cómo, más que liberación, los británicos llegaron a Grecia a realizar una “limpieza” que permitiera la restauración de la monarquía.

Como era común durante la Guerra Fría, cualquier régimen era preferible al comunismo. En el caso de Grecia, tras la guerra civil y varios intentos por instaurar un gobierno que por lo menos en apariencia fuera democrático, se toleró una dictadura militar. Es justo decir que la Comunidad Económica Europea trató, a través de medios diplomáticos y sanciones económicas tibias, de debilitar a la junta militar. De hecho, el Acuerdo de Asociación que se había firmado con Grecia en 1961 fue suspendido al tiempo que se pedía su retiro del Consejo de Europa.

Al restaurarse la democracia, se reactivaron los mecanismos para el ingreso de Grecia a la Comunidad Europea. Claro está que en ese momento aún faltaba mucho para que entraran en vigor los criterios de Copenhague que ahora regulan el ingreso de nuevos miembros a la Unión Europea. Sin embargo, el caso de Grecia es, por decir lo menos, diferente si se le compara con la experiencia previa de adhesión cuando se incorporaron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en 1973.

Debemos recordar que, en paralelo a las tribulaciones políticas en Grecia, el proceso de unificación europeo estaba teniendo sus propias complicaciones. En este sentido, la crisis de la década de 1970 en Medio Oriente originó una recesión económica mundial que puso freno al ímpetu integracionista. Sin embargo, las cuestiones políticas adquirieron fuerza y comenzó a discutirse la necesidad de formular una “identidad europea”. Los objetivos originales de la Comunidad Europea de generar paz y estabilidad se transformaron al de convertirse en un ícono de la democracia. Por este motivo, las razones por las que Grecia fue admitida como miembro con plenos derechos a menos de diez años de haber transitado de la dictadura parecen nuevamente responder más a una decisión de índole política que a la búsqueda del cumplimiento de los estándares que asegurarían el buen funcionamiento de la Unión Europea.

Si bien la economía griega creció durante el gobierno militar, su desempeño estaba por debajo del promedio de los nueve miembros de la Comunidad Europea. Sin embargo, Grecia —la cuna de la civilización occidental— tenía que ser parte del proyecto ya que se encontraba en el centro de la definición “europea”. Además, había que aprovechar el impasse semidemocrático establecido con Costas Karamanlis para generar un andamiaje institucional que hiciera imposible el regreso de los militares. Cabe señalar que este mismo argumento —que veinte años más tarde retomó la Unión Europea como factor primordial para incorporar a los países exsocialistas— tuvo mucho peso a la hora de valorar las incorporaciones de España y Portugal.

Pese a que muchos señalan al agotamiento del Estado de bienestar como una de las razones principales de la debacle griega, lo cierto es que este modelo se comenzó a poner en marcha hasta mediados de la década de 1970 y su grado de cobertura no fue tan amplio. La falla podría encontrarse más bien en el proceso de “europeización”, como se le conoce a los cambios sociales, políticos y económicos generados a partir del momento en el que un país se convierte en miembro con plenos derechos de la Unión Europea. En Grecia esta transformación significó sobre todo modificaciones en su política exterior, obviamente volcándose hacia el multilateralismo. El retiro de las tropas griegas de la estructura militar integrada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), más que un rompimiento con Estados Unidos, intentaba dar señales de diversificación.

Sin embargo, estos cambios no ocurrieron en el ámbito económico y administrativo. De hecho, un análisis contrafactual, publicado en la página del Centro para la Investigación Económica y Políticademuestra que Grecia es el único miembro que, de no haber entrado a la Unión Europea, tendría un mayor PIB per cápita, principalmente debido a la falta de competitividad de sus principales sectores productivos. Esto convierte a Grecia en el país que menos provecho ha sacado de su adhesión. Otros autores como Michael M. y Theodore P. argumentan que la persistencia de la corrupción y las malas prácticas administrativas son fuertes razones que podrían ayudar a explicar mejor la burbuja económica de aparente crecimiento que reventó en 2008. En este sentido, habría que valorar hasta qué punto las autoridades europeas solaparon esta ineficiencia.

La crisis pegó fuerte a Grecia porque era el país más endeble, sobre todo en términos institucionales. Sin embargo, la historia y la geografía volvieron a recuperarse como fuertes argumentos cuando se trató de ponderar su posible rescate. Como se mencionó anteriormente, Grecia y Rusia tienen lazos históricos estrechos pero, bajo el cariz de la crisis, esta relación toma un nuevo significado: es moneda de cambio. El año pasado, en el marco de la cumbre de la OTAN, Estados Unidos comenzó negociaciones para la instalación de una segunda base militar en Grecia, a lo que la Coalición de Izquierda Radical, Syriza obviamente se opone. A esto se suma el hecho de que, el mismo día en que los ministros de economía de la Unión Europea se reunieron para decidir el futuro de Grecia, el primer ministro Alexis Tsipras visitó a Vladimir Putin. Por otro lado, pese a que los resultados se verán a muy largo plazo, seguramente algunos funcionarios europeos están considerando el papel de Grecia como parte del proyecto del gasoducto Trans Antolia (Tanap) que transportará gas desde Azerbaiyán hasta Italia, pasando por Turquía y Grecia.

Finalmente, la posibilidad de la salida de Grecia de la eurozona sentaría un precedente peligroso, tal como lo estableció cuando fue admitida por razones políticas más que económicas. Ahora hay muchos más elementos políticos en juego, desde la reputación de la Unión Europea hasta la organización que privilegia la negociación hasta las presiones de índole global como las cuestiones de seguridad ante la sombra del Estado Islámico que se cierne sobre Europa y las aspiraciones expansionistas de Rusia. Además habría que incorporar el papel de actores fuera de marco institucional de la Unión Europea, como la OTAN.

Cabe entonces preguntarse, ¿en qué medida los programas de rescate han sido motivados por estas variables geopolíticas más que por razones puramente de eficiencia económica?

For the last half-century, Middle Eastern energy has driven—and continues to drive—the economic growth of Asia. Looking forward, virtually all of the growth in global energy demand over the next two decades will be in South and East Asia, further strengthening Asia-Middle East energy trade. As energy ties increase, Middle Eastern investment capital is becoming increasingly important in Asian economies, and Asian firms are increasingly dominant in building Middle Eastern infrastructure.

For more than two centuries, the Middle East has had a Western reference point for its economic and security needs, and a Western reference point for elites contemplating a modern political and social order. But for cultural, political, and economic reasons, some seek to use pan-Asian ties as a counterweight to a Western order.

This project will seek to understand two related sets of questions:

First, what are the strategic implications of a Middle East that looks increasingly eastward rather than westward, and an Asia that feels more intimately tied to the Middle East? This study will analyze how Middle Eastern and Asian powers will respond—economically, politically and militarily—to trade patterns that are increasingly intra-Asian. Will new norms and institutions develop, and if so, how will they differ from existing ones?

Second, how should the United States respond to growing linkages in a region that is literally on the other side of the world? As U.S. energy imports dwindle and Asia economies (and militaries) grow, should the United States continue to play an outsized role protecting Asian maritime routes, or is it better to encourage the countries that rely on them directly to take a more active role? Would the absence of a U.S.-shaped security environment prompt others who have been reluctant to invest in global public goods to invest more, or would it lead to more self-interested behavior? Should the United States invest more or fewer resources—diplomatic, economic and military—in this region or shift the mix between them, and what implications would such shifts have for U.S. global interests?

The Other Side of the World