Month: diciembre 2008

Un marco para la acción en tiempo de cambios.

Hoy en día, o tienes una Estrategia de Seguridad Nacional o no eres nadie. Sin ir más lejos, Nueva Zelanda tiene una. Si no la tienes, no eres “estratégico”, no tienes “visión global”, careces de un “marco omnicomprensivo de referencia”. Vives en Vetusta. Lo dicho, no eres nadie.

Así que te pones manos a la obra. El punto de partida es fácil. La seguridad es el primer bien que cualquier grupo humano debe proteger, y el Estado moderno no es una excepción. Es la primera necesidad a cubrir. De hecho es condición previa para poder atender cualquier otra necesidad. Hasta la ONG más recelosa de lo militar ha terminado convenciéndose de que “crear un entorno de seguridad” es la primera condición para poder sembrar paz y desarrollo con una mínima posibilidad de que fructifique. La seguridad es por tanto uno de los valores fundamentales, el “interés más vital” que decía John Stuart Mill. Hacer una estrategia sobre un interés tan mayúsculo parece algo razonable.

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Y si avanzamos un poco más en la exploración sentimos que pisamos terreno todavía más firme. La seguridad no es sólo un valor supremo sino que además parece ser ideológicamente “neutral”. Un chollo. Muy pocos valores, por no decir ninguno se ajusta a esta descripción. La libertad por ejemplo. Es un valor supremo, nadie lo duda. Pero la percepción que de ella se tiene, su preeminencia en la escala de valores depende no sólo de las ideas sobre ella y lo que implica, sino también  de la posición de cada uno en la cadena alimentaria. Se esté donde se esté en esa cadena, la seguridad es precondición para desarrollar cualquier proyecto personal. La libertad también, pero el alcance del proyecto dependerá de tu visión de ella. Ser kantiano es algo digno de admiración, aunque tremendamente duro, para qué nos vamos a engañar. Si no lo eres, don Immanuel se te aparecerá por las noches para recordarte tu debilidad. Será un valor absoluto, pero vivirla y no digamos defenderla, puede llegar a ser extremadamente subjetivo. Y qué decir de otros valores como la igualdad o la justicia.

Es cierto que en un plano de reflexión más profundo, la seguridad como valor empieza a perder su vitola de ideológicamente neutral (véase Coery Robin, Fear: Across the Disciplines). Pero esa reflexión se refiere, en carácter y contenido, a elementos ajenos a los que contempla una estrategia de seguridad. Es una reflexión ligada a los límites de la seguridad individual, en la perspectiva de los derechos del otro. En la estrategia, la seguridad es un valor común, no individual. Obviamente, estamos sólo en un ámbito democrático, el que define un Estado de derecho, en cualquier otro, la seguridad no es un bien público que haya que garantizar, es el mecanismo de defensa de los privilegios de una minoría. La mayoría está en una situación de inseguridad esencial.

Cuando te pasas la vida mirando hacia fuera es lógico que sitúes las amenazas en el exterior. El mundo es hostil. Se dice incluso que vive en Estado de Naturaleza. El ser humano nunca vivió en ese estado. Francis Fukuyama muestra con brillantez en la obra The Origins of Political Order que el estado de naturaleza fue simplemente un mecanismo heurístico, extremadamente ingenioso, para revelar la naturaleza humana, las características más profundas del ser humano una vez que se le despoja de lo que le ha incorporado la civilización y la cultura. Pero los grupos sí están en esa situación, y en particular la forma más acabada de organización de esos grupos, los Estados. Así, el mundo de Estados soberanos e independientes es lo más aproximado al Estado de Naturaleza que el ser humano ha llegado a producir. Eso no quiere decir que los Estados se comporten, ni mucho menos sean, sociópatas terroríficos al estilo de los malos malísimos de esos video-juegos donde los niños y los ancianos deben morir primero. Lo que quiere decir, simplemente, es que lo único en lo que los Estados se han puesto de acuerdo es en un supuesto derecho a la defensa propia, a preservar su existencia y a hacer lo que sea necesario para ejercer ese derecho. Por supuesto, ahí está el problema, cada Estado juzga cuándo y cómo su seguridad está amenazada, lo juzga “soberanamente”. Eso es estar en Estado de Naturaleza. Un equilibrio inestable donde los haya.

Hay épocas en las que ese equilibrio es aún más precario. Más allá de las guerras mundiales, las épocas que se llevan la palma son las de transición, es decir, aquellas en las que se va dibujando un mundo nuevo, diferente, generalmente como resultado del agotamiento o colapso del anterior. Estamos ahora en uno de esos momentos. La estabilidad que proporcionaba la destrucción mutua asegurada de la guerra fría fue sustituida, con el colapso de la Unión Soviética, por un efímero tiempo imperial de Estados Unidos. Tendencias como la transferencia de poder, la difusión de éste, el restablecimiento de Asia en su papel central milenario o las nuevas interdependencias de fenómenos y procesos están definiendo un mundo nuevo. Todas las transiciones son complejas y por definición más arriesgadas porque entrañan incertidumbre sobre hacia dónde se va. Decididamente, no viene mal un papel, llamémosle estrategia, que intente hacerse cargo de esos cambios, definir una aproximación compartida por toda la sociedad y fomente más reflexión y acción.

Cuando crees que ahí se acaba el trabajo, otros, personas inteligentes y sensatas, más acostumbradas a mirar hacia dentro que hacia fuera, te hacen ver que lo tuyo es sólo una parte, y pequeña, de la historia.  Empiezan a desgranar toda una panoplia de riesgos y amenazas. Cada pliegue de la realidad social, cada recoveco de las decisiones y actividades humanas, individuales y colectivas, esconde un riesgo, una posibilidad de que todo vaya mal, una vulnerabilidad susceptible de ser aprovechada, explotada. No hay que alarmarse, ningún problema, simplemente, la postmodernidad se está despeñando sobre ti.

La postmodernidad tiene muchas cosas buenas. Una de ellas es el haber sembrado una saludable desconfianza hacia la racionalidad y el progreso. Una consecuencia no deseada, pero evidente, de esta desconfianza es la penetración del miedo en la sociedad, y con él, del concepto de riesgo. Durante milenios el principal y casi único temor del ser humano era a la naturaleza. La modernidad, con el progreso económico y la revolución industrial, introdujo el temor, la inseguridad de la propia posición en el sistema productivo. De forma casi paradójica, el avance científico y tecnológico ha ido incrementando la sensación de riesgo, de peligro, de fragilidad. Una narrativa de seguridad podría ambicionar, en principio, dar cabida a todos los miedos de la postmodernidad, siquiera tamizados por la “racionalidad” de la teoría de riesgos –asignar probabilidades a eventos y tomar decisiones en consecuencia es uno de los desarrollos intelectuales más fascinantes de los últimos cuarenta años–. Pero es una tarea vana.

Una selección inteligente, limitando, en número y anticipación catastrófica, las amenazas e incertidumbres se va traduciendo en una narrativa razonable. Entonces, a alguien se le ocurre lo que de verdad va a cambiar algo (las narrativas pueden cambiar percepciones, pero la realidad rara vez se da por enterada de ellas). Se trata de sacar consecuencias institucionales, en sentido amplio, es decir, no sólo qué órganos se van a preocupar de los riesgos y amenazas, sino cómo la necesidad primaria de esta preocupación debe permear toda la sociedad. Cuando te quieres dar cuenta el trabajo está hecho. Es sólo el punto de partida. No eres más estratégico que antes, pero sí tienes algo que no tenías: un marco para la acción.

Los críticos se fijarán en la narrativa. Algunos incluso dirán que esa narrativa no existe y que ese es el principal problema. Otros en el catálogo de riesgos y amenazas: falta esto o aquello. Los menos en la cuestión institucional, siempre más compleja. El debate es parte de la Estrategia. Bienvenido sea.

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Identidad europea y prioridad del espacio postsoviético en un mundo global.

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En contraste con el irritado discurso antioccidental  que domina la política cotidiana y la actividad legislativa rusa tras la vuelta de Vladímir Putin a la presidencia, la concepción de política exterior firmada por el jefe del Estado el 12 de febrero se caracteriza por un tono pragmático y responsable. En una línea de continuidad con las dos anteriores concepciones de la actividad exterior (2000 y 2008), el documento actual refleja además una mayor confianza de los dirigentes en el papel internacional de su propio país e introduce algunas novedades, tales como la colaboración activa del Estado ruso con la Iglesia Ortodoxa y la búsqueda de garantías para la convivencia entre distintas civilizaciones.

El texto tiene también sus contradicciones y pese a reconocer que ningún Estado puede ser una isla en el mundo globalizado, refleja el temor a las influencias ideológicas exteriores, sobre todo en lo que se refiere a los derechos humanos, o la oposición a la “reideologización de las relaciones internacionales”, sin embargo, no le impide abogar por la formación de los valores básicos con ayuda de la religión.

El documento excluye toda mención directa a la “guerra fría”, ese periodo histórico a cuyas secuelas aludía de forma explícita en varias ocasiones la concepción de política exterior de 2008. Hoy, en la “resolución de los problemas internacionales” la “diplomacia de las redes, que se apoya en formas flexibles de participación en múltiples estructuras”, sustituye a “los enfoques con una perspectiva de bloques”, señala el texto.

Rusia cree que las posibilidades del “Occidente Histórico” de dominar en la economía y la política mundial “continúan reduciéndose” y que la “inestabilidad” en las relaciones internacionales se ve incrementada justamente por la resistencia de los Estados occidentales a ser desbancados por los “nuevos jugadores” de Oriente y de la región de Asia y el Pacífico. Esta crítica valoración de Occidente no impide a Rusia considerarse a sí misma como “parte orgánica inseparable de la civilización europea”. Este punto, en la medida que responde a una realidad, es especialmente importante para Europa, pues indica que, -por lo menos filosóficamente-, Rusia no se va a ninguna parte, es decir, que el Estado más grande del mundo no se reorienta política o culturalmente hacia Asia ni se encapsula en una posición aislacionista.

Como parte de esa civilización europea, Moscú aspira a crear con la Unión Europea un “espacio económico y humanitario desde el Atlántico hasta el Pacífico”, para lo cual considera básico suprimir los visados que todavía dificultan los desplazamientos en ese entorno. “Su abolición será un poderoso impulso para la integración entre Rusia y la Unión Europea”, afirma el documento.

Entre las prioridades de Rusia está el desarrollo de relaciones con los Estados de la región euroatlántica “con los que se encuentra unida, además de por la geografía, la economía y la historia, por profundas raíces de una civilización común”. “En vista de la creciente necesidad de esfuerzos colectivos por parte de los Estados ante los retos y amenazas transnacionales, Rusia apoya el logro de la unidad de la región, sin líneas divisorias por medio de una verdadera colaboración entre Rusia, la Unión Europea y EE UU”, señala.

El posicionamiento como parte de Europa  ha sido una constante en las concepciones de política exterior de Rusia desde que Putin llegó al poder en 2000. Pero su reafirmación tiene por lo menos un valor simbólico hoy sobre el telón de fondo de la retórica antioccidental (sobre todo antinorteamericana) y los coqueteos del mismo Putin con la idea de que su país es en sí “una civilización mundial única”.

Al instalarse en la civilización europea, Rusia indica que juega sus cartas en Europa y no en contra o al margen de este continente. Y eso es un síntoma de que el país ve el panorama mundial con sobrio realismo, dado que sus principales socios económicos y comerciales están en Europa y que una eventual reorientación hacia Asia es una empresa costosa, de larga construcción y de inciertos resultados. Sin embargo, pese a estar en Europa y ser miembro del Consejo de Europa, Rusia quiere reservarse el derecho a actuar a partir de sus propias concepciones y así lo demuestra al reivindicar “los enfoques rusos” de los derechos humanos, una de las novedades de este documento.  De ahí, tal vez, que aparezca algo rebajado el papel del Consejo de Europa (CE). En 2008, el CE era percibido como la institución paneuropea universal encargada de determinar el nivel de las normas jurídicas en todos los países miembros por igual, sin discriminaciones ni privilegios. Hoy, desde la perspectiva rusa, el CE es la entidad que, mediante sus diferentes convenciones, asegura la “unidad del espacio jurídico y humanitario en el continente”.

El Kremlin reafirma su oposición clásica a la ampliación del escudo antimisiles estadounidense y la Alianza Atlántica, pero lo hace sin retórica amenazadora o patética: “Rusia mantiene una actitud negativa ante la ampliación de la OTAN y la aproximación de la infraestructura militar de la OTAN a las fronteras rusas, así como a las acciones que violan los principios de igual seguridad y que conducen a la aparición de nuevas líneas divisorias en Europa”.  Las viejas amenazas se complementan ahora con los desafíos de los nuevos tiempos, que se producen incluso al margen de la voluntad o intención de los agentes del peligro. Por su crisis financiera y económica, y por sus problemas infraestructurales no resueltos y por las incertidumbres sobre su desarrollo, Occidente, y en concreto los países de Europa, se han convertido en una fuente de riesgos globales con una “influencia negativa” sobre Rusia. Los problemas de la Unión Europea, en tanto que principal socio comercial y económico de Rusia, son también problemas y, sobre todo, peligros para ésta.

Esta conciencia de depender y compartir hace que Rusia gane en sobriedad y sentido de la responsabilidad por sí misma y por su entorno, por lo menos sobre el papel. En vez de la autoafirmación propagandista a la vieja usanza, que dejaba entrever la propia inseguridad, Rusia hace un intento de atraer y de potenciar su imagen y sus valores, y  para ello recurre por primera vez al concepto de soft power concebido como una vía de acción que involucra a la sociedad civil y se ejerce con métodos y tecnologías  alternativos a la diplomacia clásica. Moscú advierte sin embargo contra el uso de ese “soft power” y de “proyectos humanitarios y relacionados con la defensa de derechos humanos en el extranjero” para “ejercer presión política sobre los Estados soberanos”, “desestabilizar” o “manipular” la opinión pública.

La concepción de la política exterior rusa es una prueba más de que Putin ve su gran misión histórica en la integración en el espacio postsoviético. La integración acelerada y profunda en la Comunidad de Estados Independientes (CEI)  y otras organizaciones de Estados postsoviéticos es la gran prioridad de la política de Vladímir Putin, por delante de la colaboración con Europa o Euroatlántica. Esta orientación estaba ya perfilada en el decreto de política exterior que Putin promulgó el día de su toma de posesión como presidente el 7 de mayo de 2012. En el escenario privilegiado de la CEI,  Rusia ve a Ucrania como “el socio prioritario” y quiere “involucrarla en la profundización de los procesos de integración”.

Rusia desea que el problema separatista del Transdniéster, uno de los contenciosos territoriales heredados de la desintegración de la URSS, se solucione en el marco una Moldavia “neutral”. De este modo, Moscú está afirmando también que la solución de este conflicto congelado en el corazón de Europa y la reintegración de Moldavia es incompatible con la expansión de la OTAN a la zona. En 2008, la política exterior rusa mantenía este mismo enfoque en relación a Georgia, aquejada de problemas separatistas en Abjasia y Osetia del Sur. Después de haber reconocido a esos dos territorios como Estados en agosto de aquel año, Moscú reafirma su compromiso de garante de su seguridad y viabilidad y exhorta a Tiblisi a reconocer las “nuevas realidades” del Cáucaso.

El documento firmado por Putin expresa claramente el deseo de reducción de armamento y desarme global, en las mejores tradiciones del líder soviético Mijaíl Gorbachov. Moscú insiste en la adopción un régimen global de prohibición de pruebas nucleares inspirado en el acuerdo entre la URSS y EE UU de destrucción de misiles de medio y corto alcance. Asimismo, Moscú rechaza el emplazamiento de armas en el espacio, y está a favor de  una amplia colaboración con Estados Unidos en el control de armamentos y reducción de las armas nucleares ofensivas estratégicas en nombre de una “estabilidad estratégica global”. En relación al sistema global de defensa antimisiles contemplado por Washington,  Rusia quiere que le sean facilitadas “garantías legales de que no está dirigido contra las fuerzas rusas de contención nuclear”.

Según el documento ruso, en el mundo adquiere un peso creciente la búsqueda de la así llamada “tsivilizatsionaia identichnost”,  expresión que puede traducirse aproximadamente por “identidad cultural” o “identidad desde el punto de vista de la pertenencia a una civilización”. La búsqueda de las raíces culturales es el reverso de los procesos de globalización, constata el documento, según el cual “en Oriente Próximo y en el Norte de África la renovación política y socioeconómica de la sociedad a menudo se realiza mediante la afirmación de los valores islámicos”. Ante la existencia de procesos análogos que afectan a otras identidades en otras regiones, hay que prevenir los conflictos entre civilizaciones y evitar que se impongan los valores de una cultura a otra, señala el texto. En él, Rusia vuelve a invocar la supremacía de la ONU, condena las acciones unilaterales para abordar las crisis realizadas al margen del Consejo de Seguridad y también las interpretaciones sui géneris de las misiones pacificadoras.

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Olvídense de los BRICS. He aquí siete países que, sin que estuviera previsto, conviene seguir de cerca.

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El entusiasmo que impulsó el descubrimiento de los “mercados emergentes” en los 80 y el dinero fácil que disparó el crecimiento durante el boom de la primera década de este siglo son cosa del pasado. Los países más elogiados -Brasil, Rusia, India y China- están sufriendo una gran desaceleración, lo cual ha hecho que la tasa media de crecimiento de los países en vías de desarrollo haya vuelto a su antiguo nivel normal entorno al 5%. La economía mundial actual tiene un crecimiento moderado y desigual, y están apareciendo nuevas estrellas, países que hasta ahora no se habían valorado. Olvídense de los BRICS: estos siete países son las verdaderas estrellas ascendentes que conviene seguir de cerca:

1. Filipinas: La inmensa riqueza en recursos naturales de este país está todavía en gran parte por explotar, y su renta per cápita, estancada desde hace tiempo, sigue siendo inferior a 3.000 dólares (unos 2.300 euros), pero eso significa que tiene mucho margen para crecer. Desde su elección en 2010, el presidente Benigno “Noynoy” Aquino se ha esforzado en cumplir por fin la promesa hecha por su dinastía de devolver a Filipinas el brillo que tenía hace medio siglo, cuando se le consideraba el siguiente tigre del este asiático. Aquino ha dirigido unas reformas económicas que han hecho que el gasto público sea más transparente y ha presionado para aumentar los ingresos fiscales. Y gracias a su éxito en el sector de la deslocalización, la economía filipina ha visto crecer las rentas y extenderse la nueva riqueza.

2. Turquía: Los dos próximos miembros del club formado por las economías de un billón de dólares van a ser unas grandes democracias musulmanas: Indonesia y Turquía. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha aportado a su país ortodoxia económica, al controlar la hiperinflación  que estaba disparada cuando llegó al poder en 2003, y normalidad, al ofrecer oportunidades a musulmanes devotos a los que los regímenes laicos anteriores impedía obtener buenos puestos de trabajo. Con ello, en definitiva, incluyó a la mayoría de la población en la economía establecida, y desde ese momento Turquía no ha dejado de prosperar y de aprovechar el éxito de sus exportaciones de automóviles y el auge en el sector de los servicios financieros.

3. Indonesia: Casi todas las economías que han crecido fundamentalmente gracias a la exportación de materias primas -como Brasil y Rusia- han sufrido una brusca desaceleración debido a la crisis económica mundial. Pero Indonesia es una economía impulsada por las materias primas que, sin embargo, ha encontrado el equilibrio: entre su mercado exportador y su saludable economía de consumo, entre el capital nacional y los generadores provinciales de crecimiento, cada vez más dinámicos, y en un líder, Susilo Bambang Yudhoyono, que comprende los principios fundamentales de la reforma económica. Eso hace que el país sea el máximo ejemplo de los tigres del sureste asiático que quedaron neutralizados en la crisis financiera de 1997 pero hoy están volviendo a rugir.

4. Tailandia : Como el resto de sus vecinos, el país sufrió durante la crisis financiera del este de Asia a finales de los 90, cuando la devaluación de la moneda china de pronto restó competitividad al sureste asiático. Sin embargo, a medida que el renminbi se ha revalorizado en los últimos años y los salarios chinos han ido en aumento, la región, y en particular la fabricación en Tailandia, ha vuelto a ser competitiva. La incógnita tailandesa es la tensión política aparentemente interminable entre la capital y el campo. Si la primera ministra Yingluck Shinawatra puede contenerla, Tailandia está bien situada para prosperar como principal corredor comercial de la cuenca del Mekong.

5. Polonia: Entró en la Unión Europea en 2004 y es un caso de país en el momento dulce, el periodo en el que un Estado miembro se ha incorporado a la UE pero todavía no ha adoptado el euro. Es estable, atrae inversiones y recibe subsidios de la Unión, y ha hecho las reformas necesarias en sus instituciones financieras, además de reducir su déficit para cumplir los requisitos de la UE. Al mismo tiempo, no sufre la misma inestabilidad que implica la incorporación al euro (véase Portugal y España). Sigue creciendo a mucha más velocidad que la media europea y no tiene prisa por adoptar la moneda única. De hecho, Polonia confirmó hace poco su condición de modelo de reformistas con una dura revisión de las pensiones que eleva la edad de jubilación a los 67 años, cuando todavía muchos europeos se jubilan antes de los 60.

6. Sri Lanka: Las guerras han desbaratado numerosas economías en pleno crecimiento, pero pocas durante tanto tiempo como en el caso de Sri Lanka, donde la rebelión tamil de los 80 no terminó hasta hace unos cuantos años. Fue un milagro que la economía srilankesa pudiera crecer a un 4-5% durante ese periodo, cuando casi un tercio del territorio y el 15% de la población estaban aislados por los combates. Ahora el país está volviendo a incorporar las provincias que controlaban los rebeldes, y, con su situación estratégica en las rutas navieras entre India y China, y una población muy alfabetizada, debería empezar a crecer a mucha más velocidad.

7. Nigeria: En un país plagado durante años de dirigentes corruptos, el presidente Goodluck Jonathan se ha comprometido a hacer reformas y a fomentar las inversiones en agricultura, petróleo y gas natural y, sobre todo, energía eléctrica. De momento, el volumen de electricidad que genera toda Nigeria es tan poco como el de algunas ciudades pequeñas en Inglaterra, y esa falta de suministro eléctrico fiable hace que el país sea uno de los mercados más caros del mundo para las empresas que desean establecerse. Ahora bien, en un lugar así, no hace falta mucho para mejorar porque el nivel inicial es muy bajo, dado que su renta per cápita es de solo 1.500 dólares. El vuelco histórico que ha supuesto pasar de un mal gobierno a uno bueno, dedicado a mejorar las infraestructuras básicas e impulsar las inversiones, quizá baste para que Nigeria sea el que crezca más rápido del mundo durante los próximos cinco años y, en el proceso, se convierta en la mayor economía del continente africano.

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A diferencia de lo que ocurre en España, en Estados Unidos comprar políticos es legal.

			© Dante Martín Ugarte – Fotolia.com

La mayoría de los españoles cree que el nuestro es un país más corrupto que Italia, Marruecos o incluso China, según el último barómetro del Instituto Real Elcano. Algunos autores publican que somos endémicamente corruptos. Nada de esto es cierto.

En términos absolutos, estamos en el lugar número 30 de la lista de países por corrupción en 2012 elaborada por Transparencia Internacional. Este ranking de limpieza de las instituciones públicas lo encabeza Finlandia y lo cierra Sudán, en la posición número 174, y se apoya en los datos de percepción de la corrupción elaborados en base a encuestas de opinión. China ocupa la posición 80 y Marruecos, la 88.

Especialmente interesante es la comparación con Estados Unidos, para muchos adalid del buen gobierno y la democracia. En la lista de Transparencia Internacional, se sitúa en la posición 18, con un grado de limpieza de 78 sobre 100, frente al 65 de España.

En Estados Unidos la percepción de la corrupción pública es menor que en España. Eso es, entre otras cosas, porque ésta allí está legalizada e incorporada en el sistema.

Una de las claves para que un sector público se considere limpio es que el sector privado no pueda comprar favores políticos a cambio de dinero. Pero Washington es, en ese sentido, un mercado persa donde las empresas pagan las campañas de los congresistas encargados de las comisiones que los regulan, o donde los prohombres de la economía suelen codearse con los prohombres de la política a los que han ayudado a conseguir su puesto.

Gran parte de este entramado es trasparente, eso sí. Los gastos electorales los revisa la Comisión Federal Electoral (FEC); los datos de lobying o cabildeo se publican en la Oficina del Senado para los Estamentos Públicos y hay comités del Senado, de la Cámara y del Ejecutivo para revisar la ética de las contribuciones.

Pero la ecuación no cambia. Cuando gran parte de los políticos están a la venta y dependen, fuertemente, del dinero privado para su elección, el sistema democrático sufre una profunda distorsión. Algunos lo llaman corporatocracia: son las grandes empresas las que presionan para poner y quitar ayuntamientos, gobiernos estatales, congresistas o presidentes.

En este sentido, y por comparación, España es un país mucho menos corrupto que Estados Unidos. En Washington comprar políticos es, en general, legal; en Madrid, no.

Estados Unidos permite las donaciones anónimas; España, no

En teoría, todo contribuyente estadounidense ha de desvelar las contribuciones directas que realiza a los candidatos o a los partidos, pero las aportaciones indirectas, a través de los Super Comités de Acción Política (los llamados Super PAC), no tienen por qué hacerse públicas. Es decir, que un empresario o un sindicato pueden entregar una cantidad ilimitada de dinero a un Super PAC y hacerlo de forma anónima. Éste puede operar para favorecer a un candidato o destruir al contrario, normalmente comprando un espacio comercial en las televisiones y emitiendo anuncios políticos, la principal herramienta de propaganda en el sistema político estadounidense.

Estos comités pueden operar sin límites con ese dinero, con el único requisito legal de que no haya coordinación entre la campaña del candidato y el Super PAC. Un requisito irrelevante que se circunvala de la siguiente forma: los Super PAC los forman ex asesores de la campaña que saben perfectamente cuál es el objetivo. Por ejemplo, el Super PAC republicano “Restaurar nuestro futuro” (Restore Our Future) fue creado por antiguos miembros de la campaña de Mitt Romney y se gastó 142 millones de dólares (unos 100 millones de euros). American Crossroads, el gestionado por el muñidor republicano Karl Rove, 91 millones. “Acciones Prioridad USA” (Priorities USA Action), el demócrata, puso 66 millones sobre el tapete.

En total, estos grupos presuntamente independientes se han gastado al menos 534 millones de dólares en las últimas presidenciales, según el diario The New York Times. La mayoría (426 millones) fue desembolsada por los republicanos.

Estados Unidos permite las donaciones ilimitadas; España no

En el año 2010 el Tribunal Supremo estadounidense decidió que no era inconstitucional que las empresas donaran dinero sin límite a los partidos políticos o a los candidatos. El argumento judicial venía a ser el siguiente: la Constitución protege la libertad de expresión de los ciudadanos; las corporaciones son como ciudadanos y por tanto tienen derecho a la libertad de expresión. Para las empresas, el uso del dinero en política equivale a la libre expresión de su opinión. Por tanto, del mismo modo que se respeta la libertad de expresión en un ciudadano ha de respetarse el uso del dinero en política por parte de grandes compañías.

El dinero de verdad (the big money, como lo llaman en EE UU) suele estar más del lado republicano. Los hermanos Koch, magnates de las industrias del mismo nombre, son los temidos mecenas que ponen y quitan reyes en el viejo Gran Partido Republicano (GOP). Sheldon Adelson, el multimillonario de los casinos, ha entregado, a través de sus empresas Las Vegas Sand y Adelson Drug Clinic un total de 95 millones directos a los distintos candidatos republicanos. Otras empresas como Contran Corp o Perry Homes han dado 31 y 23 millones respectivamente, todo según datos oficiales recopilados por OpenSecrets.org.

El centro izquierda también depende, aunque en menor instancia, de grandes financiadores: sin el sindicato de profesores ASSN o el de trabajadores del automóvil United Auto Workers, los demócratas no sólo habrían tenido 30 millones de dólares menos en contribuciones directas, sino que habrían perdido una cantidad que se desconoce en dinero indirecto de donaciones particulares de sus millones de miembros.

Estados Unidos permite las contribuciones de empresas contratadas por el Gobierno; España no

La empresa de defensa Lockheed Martin se convirtió en 2008 en la compañía que más cobró por contratos con el Estado de la historia del país: 36.000 millones de dólares (un tercio de lo gastado en educación, por ejemplo), según cálculos de FedSpending.org. Al mismo tiempo, la corporación es la principal contribuyente de Howard McKeon, el jefe del Comité de Servicios Armados de la Cámara de representantes.

Muchas otras grandes empresas se gastan cada año decenas de millones de dólares en cabilderos de la calle K, la conocida avenida de Washington repleta de empresas de presión política, a escasa distancia del Capitolio y de la Casa Blanca. Allí, un ejército de abogados, muñidores, ex congresistas o ex trabajadores del Congreso cobran salarios de centenares de miles de dólares por utilizar sus agendas de contactos con los legisladores de EE UU. Es de esta forma, por ejemplo, que los grandes bancos han conseguido aguar hasta la máxima dilución posible gran parte de las regulaciones de la ley de reforma del sistema financiero (el Acta Dodd-Frank para la Regulación de Wall Street y la protección del Consumidor) o, directamente, impedir la implementación de muchas de ellas.

En Estados Unidos las campañas son, ajustadas por tamaño, tres veces más caras que en España

La última campaña electoral, la que terminó esencialmente con el mismo resultado vigente (Barack Obama presidente; el Congreso dividido entre el Senado demócrata y la Cámara de Representantes republicana) costó nada menos que 2.000 millones de dólares. Fue con diferencia la más cara de la historia, una vez ajustada por la inflación. Con el dinero se pagaron vuelos, publicistas, consejeros de campaña, anuncios de televisión, anuncios de prensa, pancartas, abogados, coches, chóferes y, en fin, todo lo que uno necesita para recorrer y hacer campaña en un país con 50 estados. Esos 2.000 millones de dólares son del orden de 40 veces más de lo que se gasta en España en una campaña (65 millones de dólares en 2012). ¿Estados Unidos tiene más gente y todo es más caro? Cierto en parte, pero el PIB es 16 veces superior, no 40.

Hay que tener en cuenta las diferencias en la cultura política: en EE UU las campañas duran más (meses frente a las dos semanas españolas), y se hacen a pie de calle además de en los estudios de televisión. Pero el coste creciente está ruborizando a propios y extraños.  Para empezar porque algunos dudan de que este gasto influya de forma decisiva en un sentido o en otro, pero deja a los políticos debiendo favores a sus financiadores. Segundo, porque la necesidad de tanto cash esencialmente liquida las oportunidades de los candidatos que no tengan muchos padrinos detrás. Esto se percibe más en las “primarias”, los procesos de selección en los que cada partido elige a su candidato. Ahí el dinero es la clave: si Sheldon Adelson te da un cheque en blanco como a Newt Gingrich en el partido republicano, subes; si andas corto de fondos como Gary Johnson , tus posibilidades de aparecer en los grandes medios o ser invitado a los debates desaparecen.

Y, además, en Estados Unidos hay decenas de condenados por corrupción política

Sólo en el último año, de forma estatal, se ha condenado por extorsión, soborno, financiación ilegal, fraude electoral o enriquecimiento ilícito a, al menos, una docena de representantes de estados como Arizona, Illinois, Chicago, Indiana, Nueva Jersey o Massachussets. En 2010 el caso de mayor envergadura fue el de la condena del gobernador de Illinois, entre otros. En 2009, un representante de Luisiana y otro de Alaska. La lista es larga.

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Este año volverá a hablarse de los grupos insurgentes que figuran a continuación. No todos se encuentran entre los más conocidos, ni entre los mejor dotados, pero se esperan desenlaces a corto plazo que condicionarán su futuro y el de los Estados en los que operan.

Las insurgencias que aquí se detallan son seis exponentes de grupos armados con fuerte capacidad de desestabilización territorial y política, a veces sobre el conjunto del territorio en el que se asientan, y en otros casos sobre zonas concretas en grandes Estados. Dentro de esta pequeña selección hay grupos que se valen de la guerra de guerrillas, del terrorismo o de una confrontación militar directa con las fuerzas oficiales, pero en todo caso coinciden en su determinación de subvertir el orden establecido e imponer en el ámbito político su particular visión territorial, ideológica o religiosa. No figuran múltiples insurgencias menores, ni grandes redes terroristas con agendas políticas no definidas, ni tampoco algunos de los grupos más importantes y conocidos, como la milicia libanesa de Hezbolá o las FARC colombianas, por ejemplo.

Los seis grupos se han seleccionado por su capacidad de desestabilización, por su vigencia, porque se esperan noticias importantes relacionadas con ellos y por tener una entidad considerable, pero también porque, a pesar de ello, tienen más posibilidades de quedarse fuera del radar mediático que otros grupos mejor conocidos.

Al Shabab (Somalia)

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Al Shabab, más que un grupo insurgente, es un fiel reflejo de Somalia. El paradigma del Estado fallidosigue hoy controlado en buena medida por una inmensa constelación de milicianos radicales. Esa constelación es Al Shabab, los talibanes del Cuerno de África, permeados por Al Qaeda, dados también al pillaje marítimo, al crimen organizado y dotados de una fuerza creciente de más de 14.000 insurrectos.

La todopoderosa milicia, hasta hace poco intocable, comienza a dar señales de debilidad. Kenia, el vecino comparativamente rico, ve con cada vez más recelo el descontrol que hay en su patio trasero. Nairobi también teme que Al Shabab erosione la crucial industria turística del país, lo que le llevó en octubre del año pasado a aumentar con miles de efectivos su contribución a la operación militar de la Unión Africana en Somalia. A pesar de haber sufrido muchas bajas y de haber perdido la sensación de impunidad y dominio libre de toda oposición efectiva que ha ejercido durante años, Al Shabab mantiene importantes campos de entrenamiento y sigue en posesión de la mayor parte del territorio.

M23 (República Democrática del Congo)

La rebelión que azota el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha adoptado varias denominaciones. El Movimiento 23 de marzo (M23, que hace referencia a la fecha del año 2009 en que sus predecesores firmaron un frustrado acuerdo de paz con el Gobierno) es la última de estas marcas. Conocidos abusadores de la población civil, los miembros de M23 tomaron la ciudad de Goma el pasado noviembre, ante la impotencia de las fuerzas congoleñas y de la MONUSCO, la mayor operación mundial de Naciones Unidas. Tras amenazar con avanzar hasta la capital del país, Kinshasa, sólo la presión internacional pudo hacerles dar un paso atrás.

Distintos gobiernos africanos, actuando bajo los auspicios de la ONU, han conseguido firmar un acuerdo de paz con el M23, pero la insurgencia tiende a regenerarse bajo siglas distintas y actores similares, ya que los problemas continúan estando ahí. La RDC sigue siendo el escenario de una guerra regional, atrapada entre los estertores de las matanzas entre hutus y tutsis que salpicaron de sangre a sus vecinos en los 90, y el ansia por las materias primas. Los cerca de 9.000 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) invertidos en la MONUSCO no han servido para evitar la violencia; los líderes de la misión se plantean ahora derrotar por medio de drones a los renegados del M23, pero todas las iniciativas chocan con la reticencia de Ruanda, el supuesto patrocinador de los insurgentes.

Al Houthi (Yemen)

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La guerra que golpea el norte de Yemen desde que, en 2004, el líder de una secta chií  lanzara la rebelión Al Houthi para crear un Estado independiente en la región de Sa’dah, no es sólo un factor de desestabilización, sino también un escenario alternativo del enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán. Los rebeldes Houthi llevan años lanzando ofensivas y conquistando y perdiendo territorios. Algunas zonas han llegado a quedar de facto bajo su poder, ante la impotencia del Ejército yemení, exprimido por los esfuerzos de sofocar otro movimiento secesionista en el sur y, más recientemente, el establecimiento en su territorio de Al Qaeda en la Península Arábiga.

Los yemeníes cuentan con el apoyo de Arabia Saudí para combatir a Al Houthi, derivado del empeño de Riad en consolidar el dominio del sunismo. Irán, bastión del chíismo, es el principal sostén de los insurgentes. La caída del presidente yemení Ali Abdulá Saleh en 2011 envalentonó a los rebeldes, que desde entonces han conquistado centros gubernamentales e infraestructuras. El conflicto es difícilmente resoluble, sobre todo porque Yemen es el teatro de operaciones de grandes fuerzas regionales, porque su ínfimo nivel de desarrollo asegura un flujo de jóvenes dispuestos a la lucha, y porque los recursos militares del país están exhaustos en ese triple ariete que conforman Al Houthi, al Qaeda y los independentistas del sur.

Ejército para la Independencia de Kachin (Myanmar)

Myanmar (antigua Birmania) vive un despertar cuasidemocrático. Sin embargo, sus fronteras se desangran en múltiples guerras étnicas. La más importante de todas ellas es la que enfrenta al Estado con el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA). Creado en 1961 como reacción contra un golpe de Estado centralizador, KIA cuenta con alrededor de 8.000 soldados que aspiran a la secesión de un territorio septentrional colindante con China. Su lucha ha sido intermitente y estuvo paralizada durante 17 años, hasta que se reactivó en junio de 2011. A principios de este año se acordó otro alto el fuego, pero las fuerzas armadas oficiales, conscientes de su superioridad militar, lo incumplen repetidamente.

El desenlace de la guerra con el KIA no amenaza sólo la estabilidad del país, sino también la nueva dirección que ha tomado la administración. El hecho de que los soldados oficiales ignoren el alto el fuego plantea la duda de hasta qué punto controla el nuevo Gobierno a sus fuerzas armadas, y recuerda a los donantes que Myanmar sigue siendo parcialmente una dictadura militar. Los abusivos hábitos de unas tropas que desobedecen las instrucciones gubernamentales ponen en riesgo no sólo el proceso de paz con el KIA y con otros ejércitos étnicos, sino también la nueva idea que el mundo se ha hecho de Birmania.

Naxalitas (India)

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La insurgentes maoístas en los Estados del este de India, conocidos de forma genérica como naxalitas, son considerados por el Gobierno como la mayor amenaza interna para el país. Sus alrededor de 20.000 miembros armados han dejado más de 6.000 muertos en algo más de veinte años de actividad, y su objetivo es ambicioso: controlar India. Aunque sus pretensiones parezcan  inasumibles y su efecto a escala nacional pueda ser moderado, a nivel local es enorme (actúan fundamentalmente en tres Estados, cuya población combinada es de 160 millones de personas). Además, su discurso es peligroso porque tiene un justificado armazón social; las denuncias de los naxalitas ante la injusticia del sistema les ha ofrecido cierta legitimidad que obstruye los esfuerzos para derrotarlos. Cada vez más sofisticados en sus métodos, han pasado de la guerra de guerrillas a un uso creciente de dispositivos explosivos improvisados.

Su lucha por los desheredados se traduce paradójicamente en un freno al desarrollo de los territorios en los que actúan. La amenaza de que los naxalitas atacarán cualquier iniciativa gubernamental sirve a las autoridades para eximirse de la responsabilidad de invertir en esos Estados. Los insurgentes ponen al Gobierno indio en una incómoda posición, entre quienes denuncian los abusos de sus tropas para sofocar la rebelión y quienes exigen más mano dura.

Boko Haram (Nigeria)

Boko Haram puede traducirse como “la educación occidental es pecado”, pero tal denominación resulta insuficiente para retratar las ambiciones de este grupo. Su pretensión es derrocar al Gobierno y crear un Estado islámico en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana. Los objetivos de sus ataques son dispersos, y oscilan entre lo local (repetidos atentados contra los cristianos de la región) y una incierta ambición global (su mayor atrevimiento, hasta la fecha, fue el atentado contra las instalaciones de Naciones Unidas en Abuja).

Boko Haram, cuya lucha se ha cobrado ya miles de muertos, se nutre de la desafección de los nigerianos del norte, más pobres que los del sur y, por lo tanto, más propensos a sentirse alienados por una administración central culturalmente lejana y plagada de corrupción. A medida que gana adeptos y polariza la sociedad nigeriana según criterios religiosos, los insurgentes suponen una amenaza creciente a la estabilidad del Estado. La abusiva política de mano dura de las fuerzas del orden y las ejecuciones sumarias no ayudan a sofocar esta insurgencia, sino que le confieren legitimidad.

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