En los últimos seis meses, la democracia peruana se redujo a dos poderes de Estado. Desde el 1 de enero de 2008 hasta fines de junio nos encontramos en una evidente fuera de juego político y de abdicación legislativa del Congreso de la República. Este Poder del Estado decidió en diciembre de 2007 aprobar la Ley N° 29157 y otorgar amplias facultades al gobierno nacional para que adecue la implementación del TLC y los Acuerdos Comerciales, y en mérito a esa normas Alan García ha promulgado 102 decretos legislativos.

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Las potestades otorgadas versaban sobre ocho tipos de materias, pero que en su interior implicaba entregarles facultades sobre amplísimos temas, que van a configurar un nuevo diseño de un Estado neoliberal, que concluye lo iniciado por Alberto Fujimori entre 1991 y el año 1995. Una segunda ola neoliberal, mientras el mundo retrocede en este tipo de apuestas. Los temas sobre los que ha legislado están relacionados con la facilitación del comercio, las mejoras del marco regulatorio de las actividades comerciales vigentes, el fortalecimiento institucional, simplificación administrativa y modernización del Estado, modificaciones en la administración de justicia en lo que respecta a materia comercial y lo contencioso administrativa. También comprenden la promoción de la inversión privada, el impulso a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad y el desarrollo de capacidades; así como la promoción del empleo y de la micro, pequeña y mediana empresa, y el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental y mejora de la competitividad de la gestión agraria.

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Sin embargo, lo más sorprendente es la capacidad que tiene el actual Congreso para quedarse fuera de juego, quedarse sin una agenda política nacional, e incluso sentirse ninguneado por el Poder Ejecutivo, que se da el lujo de emendarle la plana usando las facultades legislativas que le otorgó en diciembre. Luego de un proceso de diálogo, debate y acuerdos políticos, y en medio de la exposición mediática el presidente de la República con el presidente del Congreso y otro ministros de Estado firman la promulgación de la Ley de Tercerización que el parlamento trabajó. Días después, el propio García, esta vez sólo promulga el decreto legislativo N° 1038 que precisa los alcances de la Ley de Tercerización , pero afectando su espíritu principal.

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¿Podrá este parlamento operar sus facultad de control político sobre estas normas que se han diseñado sin mayor discusión y de manera vertical?. ¿Es normal que por los acuerdos comerciales que firman países como Estados Unidos y otros países desarrollados, dejen en “outside” a sus parlamentos? ¿Habrá reacción en el parlamento o se encuentran pasmados frente a esta avalancha de decrcetos legislativos?

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El problema no es que los Poderes Ejecutivos legislen e incluso más rápido que los parlamentos, la laves está en que estos últimos no deberían autoaplicarse acciones tan drásticas que quedan fuera del juego político. Lo cierto es que con el argumento de que lo que se han aprobado son medidas técnicas, que un espacio político como el Congreso no podría procesar con velocidad, los decretos legislativos tienen un ropaje tecnocrático con evidente intencionalidad política. Y la estrategia es sacara esta discusión del espacio de la representación política donde las voces de otras propuesta técnicas hubieran podido dar el debate público.Es obvio que la andanada de decretos legislativos debe tener más de un “error”, “exceso” o transgresión, por la velocidad como han sido concebido dichas normas, sin ser debatidas, sin solicitar opinión y ser producto del trabajo de gabinete y de los interéses económicos

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Hoy la tarea del parlamento se acrecienta por que tiene el reto de crear un sistema -que no posee- de control político eficaz para monitorear y realizar un seguimiento eficaz de cada una de estas medidas dadas que incluso pudieran contravenir la propia Constitución Política. Incluso, la próxima disputa política sobre la presidencia del Congreso, tiene un elemento adicional el que debe hacer el parlamento con los decretos legislativos. Nunca se vio un parlamento que otorgara facultades tan amplísimas a un Ejecutivo, y quedara prácticamente desnudo. Las facultades legislativas implicaban agendas cerradas y no abiertas, precisamente porque tenian el propósito de buscar ejercer posteriormente el control político de las normas promulgadas por el Poder Ejecutivo.

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Hay que recordar que los 56 votos que otorgaron dichas facultades estuvieron formados, principalmente, por el APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo. Pero, estos decretos legislativos y el efecto que tengan en el corto o mediano plazo pasaran la factura a estas organizaciones políticas, y si existen aciertos el único que cosechara será el oficialismo.

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Lo más urgente que debe pelear la oposición política – si se logra nuclear y organizar- es alcanzar la formación de una Comisión Investigadora o Comisión Especial encargada del seguimiento e investigación sobre la formulación, diseño y promulgación de los decretos legislativos, que al mismo tiempo permita tomarle el paso a esta normatividad y proponga los cambios que se requieran.

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Hoy día se hace más urgente que la presidencia del parlamento se encuentre en manos de sectores de la oposición. Quiero creer que todavía es posible, aunque estos mismos sectores muestran cada día todo lo contrario.