La presente página constituye un espacio de opinión en el que los profesores de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la PUCP escriben sobre diversas materias relacionadas con la regulación de servicios públicos y sus áreas de especialización. Esperamos que estas columnas contribuyan al debate público sobre la regulación en el país y sea una fuente de ideas para la mejora de nuestra institucionalidad regulatoria. Las ideas que se presenten en esta columna son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión institucional de la Maestría ni de la PUCP.

Por Gonzalo Ruiz Díaz, Director de la Maestría en Regulación de los Servicios Públicos

Hace más de 20 años, rige en el Perú un esquema institucional que busca aislar las decisiones relativas a la fijación de tarifas por la prestación de servicios públicos de cualquier interferencia, no solo de aquella proveniente de la industria sino también de la que surja de los gobiernos de turno. Dos episodios recientes, sin embargo, han sentado un mal precedente con relación al necesario respeto de la autonomía e independencia de los órganos encargados de conducir estos procesos.

El primer episodio data de abril de este año, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros, hizo público un anuncio según el cual indicaba que quedaría sin efecto el alza de las tarifas de agua y saneamiento, decretada por el organismo regulador SUNASS, en Moquegua. En aquel entonces, se argumentó que sólo se trataba de un cambio en la fuente de financiamiento para la provisión del servicio (se explicó que OTASS asumiría el financiamiento de la brecha tarifaria por el servicio) y que ello no implicaba una intervención en las decisiones técnicas que correspondían al regulador. Sin embargo, la sola participación de PCM en un anuncio sobre temas de competencia exclusiva de SUNASS, fue considerado por muchos como una injerencia indebida en temas tarifarios.

“[…]el reciente incidente en el sector eléctrico, junto con el ocurrido en el sector de agua, hacen flaco favor a la construcción de un sistema regulatorio que brinde seguridad y certidumbre para la inversión en infraestructura.”

Seis meses después, en un nuevo episodio, esta vez en el sector energía, el Ministerio de Energía y Minas a través de un decreto supremo decidió intervenir en un proceso regulatorio en curso, conducido por el regulador OSINERGMIN, vinculado con las tarifas de distribución de energía. Mediante este decreto, el Ministerio dispuso la creación y actuación de nuevas etapas, estudios, audiencias y análisis del procedimiento tarifario; lo cual en los hechos obligaba a reconducir un proceso, que ya se encontraba en su fase final (y que finalmente culminó el día de ayer). Dicha decisión del Ministerio se habría basado entre otros aspectos, en la preocupación planteada por la industria con relación a cambios drásticos de metodología introducidos por el regulador, cuestionamiento a sus estimados de costos y diversos factores que impactaban en una reducción significativa de sus ingresos (alrededor del 22% en el Valor Agregado de Distribución). Más allá de estos argumentos (algunos de las cuales pueden ser legítimos), las reacciones no se dejaron esperar, y tras un comunicado publicado por OSINERGMIN y de diversos sectores, el gobierno dejó sin efecto la medida, cinco días después.

Si bien el retroceso del Ministerio es saludable y oportuno, el control de daños ha implicado costos importantes como la salida de un profesional competente a cargo del Viceministerio de Electricidad. A pesar de la rectificación, el reciente incidente en el sector eléctrico, junto con el ocurrido en el sector de agua, hacen flaco favor a la construcción de un sistema regulatorio que brinde seguridad y certidumbre para la inversión en infraestructura. Es natural que entre las partes involucradas existan discrepancias basadas en argumentos legítimos y justificables. Sin embargo, dichas diferencias deberían resolverse al interior del proceso tarifario, sin cortocircuitos.