La presente página constituye un espacio de opinión en el que los profesores de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la PUCP escriben sobre diversas materias relacionadas con la regulación de servicios públicos y sus áreas de especialización. Esperamos que estas columnas contribuyan al debate público sobre la regulación en el país y sea una fuente de ideas para la mejora de nuestra institucionalidad regulatoria. Las ideas que se presenten en esta columna son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión institucional de la Maestría ni de la PUCP.

Por Hebert Tassano Velaochaga,  Docente de la Maestría en Regulación de los Servicios Públicos

En el contexto actual de nuestro país, desde el Congreso se han escuchado voces que planean modificar el diseño institucional de los Organismo Reguladores, con la excusa de “reforzarlos”, por ello resulta importante que desde la Maestría en Regulación de los Servicios Públicos, nos detengamos a ver cómo está diseñado nuestro sistema y como le ha ido a otros países en sus reformas recientes.

El Estado debe cumplir el papel de garantizar el correcto funcionamiento del mercado mediante la supervisión de su funcionamiento con la finalidad de evitar abusos y corregir los desvíos que ocasionan la llamada competencia imperfecta y los monopolios naturales o legales.

Para lo cual resulta indispensable el fortalecimiento institucional del país y la creación de organismos reguladores que eviten que se originen conductas anti competitivas en los sectores regulados – control ex ante- y de una agencia de competencia que la promueva y sancione las prácticas anti competitivas de manera – control ex post –

En ese orden de ideas, para que nuestro sistema económico sea posible, el Estado peruano ha creado, dentro de su estructura, organismos reguladores especializados como el  Indecopi que es la agencia de competencia y a cuatro (4) organismos reguladores de servicios públicos, que gozan de autonomía presupuestaria, financiera, económica, técnica, funcional y política.

Se ha optado por regular los servicios públicos, ya que la organización económica en las industrias que proveen los servicios públicos es uno de los aspectos más complejos de la actividad económica.

En el Perú, el crecimiento de las industrias reguladas en cobertura y calidad, entre otros factores, ha sido muy significativo. No cabe la menor duda que el modelo funciona, los reguladores han cumplido un rol de dar seguridad jurídica y transparencia que ha incentivado las inversiones, por lo tanto cualquier reforma que se desee realizar debe apuntar a mejorar su autonomía,  sus capacidades de fiscalización y la contratación (y retención) de personal altamente calificado.

Se ha optado por regular los servicios públicos, ya que la organización económica en las industrias que proveen los servicios públicos es uno de los aspectos más complejos de la actividad económica.

En el año 2013, España consideró necesario efectuar una revisión de su sistema de agencias reguladoras y de competencia (tenía un sistema de separación de funciones similar al peruano), debido a que desde el año 2011, el número de Organismos Reguladores se había incrementado a cinco: la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria y la Comisión Nacional del Sector Postal. Adicionalmente, la Ley 2/2011 de 4 de marzo de 2011, creó un sexto Organismo Regulador del Sector Transporte. Según mencionan los artífices de esta reforma, la razón principal para llevarla a cabo, fue la necesidad de incrementar la coherencia entre los reguladores sectoriales y la autoridad de competencia – en particular por los conflictos ocurridos entre el regulador de las telecomunicaciones y la CNC-.

Así, en el año 2013 se crea la Comisión Nacional de los Mercados y  Competencia (CNMC) se agruparon las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

De acuerdo a Delgado y Otero[1]el diseño de la CNMC hasta la fecha no ha logrado que se lleven a cabo las sinergias esperadas, por el contrario, el organigrama de dicha institución responde solo a la suma de los antiguos reguladores con un escaso número de unidades comunes, tampoco se ha advertido que entre las diversas áreas que la integran exista una relación fluida o se trabaje de forma integrada. En el año 2016 se planteó la idea de volver al esquema anterior, por lo que la reforma se encuentra en constante evolución.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Confederación la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución de dicho país en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones; y es aplicable a todas las áreas de la actividad económica. Esta reforma constitucional le dio autonomía constitucional a su agencia de competencia.

Asimismo, como parte de la modificación del artículo 28 de la Constitución Mexicana se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones. En ese sentido, el artículo 5 de la LFCE señala que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que asume las competencias que en este sector tenía la CFC.

Esta reforma institucional cuyo objetivo principal ha sido fomentar la competencia ya está dando algunos resultados positivos. En el sector telecomunicaciones se ha roto el monopolio de Telmex, lo que ha originado que el costo de una llamada celular haya disminuido en 20%; y el monopolio de Televisa, que ha aportado mayor diversidad y libertad de prensa en la televisión. Asimismo, el costo de las tarifa de electricidad comercial ha disminuido hasta en 22% y la de electricidad doméstica en 11%, debido a la apertura del sector a la participación privada.[2]

Como hemos visto el diseño institucional en el Perú de los organismos reguladores y la agencia de competencia, sobre la base de lo dispuesto en la Constitución ha sido exitoso.

En otros países se han dado reformas en el tema visto, algunas cuestionadas y otras con éxito (mayores poderes y autonomía constitucional), también está el caso de la reforma en Brasil que pro espacio no hemos podido desarrollar. Por lo tanto, si en el Perú deseamos dar un paso en reformar los organismos reguladores, debemos de tomar en cuenta los casos de éxito y no retroceder y debe ser hecha técnicamente y no políticamente, si no tenemos cuidado el precio lo pagarían todos.

[1] Ibídem.

[2] Editorial de la Revista América “Reformas de Peña Nieto empiezan a dar resultados”. N°94, Edición Perú, 2016.

Sobre el autor: Hebert Tassano Velaochaga

Magíster en Regulación de los Servicios Públicos,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú                                                     y el IEDE Business School, Universidad Europea                                                   de Madrid, España. Miembro del Consejo Directivo                                                del Instituto Nacional de Calidad (INACAL).                                                              Se desempeñó como Presidente del Consejo                                                  Directivo de INDECOPI y Presidente del                                                            Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL.