Por Carolina Vera Torres

Alumna de la Maestría de Psicología Comunitaria

La discusión sobre políticas que contribuyan a la construcción de memorias colectivas respecto a los años de violencia política evidencian toda clase de posturas respecto a aquello que ocurrió, causas, hechos y consecuencias -que persisten- como también a los escenarios, imágenes y actores. Han pasado casi 30 años desde los principales hechos de la violencia política, y podemos comprobar que una gran mayoría de peruanos y peruanas, no está enterada de lo que ocurrió, incluso, existe un rechazo a recordar esta agenda pendiente.

Pero no solo nos problematiza la desinformación o el rechazo, sino también posturas que se encargan de justificar toda esa violencia entendiéndola como “costos de la guerra”, es decir, existe una suerte de aceptación naturalizada de esos cuerpos que murieron en tanto consideran que fueron el precio para la “pacificación”.

En el libro “Marcos de Guerra. Las vidas lloradas” (2010), Judith Butler propone elementos vitales para comprender estas posturas que van más allá de los hechos de violencia o sus causas y nos llevan a un terreno general de trasfondo ético y político. Nos invita a desmenuzar esta particularidad y adentrarnos en la profundidad de las estructuras que operan a favor de la permanencia de cierto tipo de construcción de la realidad, de las herramientas que se utilizan para enfocarnos -o desenfocarnos- para aprehenderla. Nos preguntamos en qué medida las personas afectadas por la violencia política -los más excluidos del país (hombres, mujeres quechua hablantes)-, pueden ser sentidas y reconocidas por los otros si precisamente nunca fueron parte de las vidas reconocidas como tales (¿iguales?).

Butler al respecto nos dice: “Un vida concreta no puede aprehenderse como dañada o perdida si antes no es aprehendida como vida”. Ello se establece a partir de ciertos marcos epistemológicos, determinados por relaciones de poder, que se ponen en juego para construir ontológicamente aquello que es aprehendido y que delimita las posibilidades de aparición o existencia. Así nos damos cuenta que las disputas por las memorias no corresponden únicamente a un hecho actual, concreto o delimitado, sino que son el reflejo de problemas más hondos relacionados con las causas de la violencia política: estructuras históricas de desigualdad.

Cuando se habla de las causas estructurales de la violencia, encontramos que fueron la pobreza, la exclusión y la discriminación los elementos que marcaron y produjeron por acción u omisión tan fatídicos hechos. Sin embargo, podemos decir más bien que estas supuestas causas son consecuencia de un sistema que mantiene una estructura naturalizada encargada de delimitar a los cuerpos a “normas, organizaciones sociales y políticas que se han desarrollado históricamente con el fin de maximizar la precariedad de unos y minimizar la de otros”. Y es precisamente por ello que Butler nos propone problematizar estos marcos en los cuales aprehendemos la vida. Y en este sentido la aprehensión de la vida precaria nos invita desde esta mirada de poderes, a replantear una ontología del cuerpo, una ontología social.

Esto nos plantea un problema ético, pues si aquello que se conoce se encuentra estructurado a partir de estos marcos, ¿en qué medida lo que se produce a partir de ello -aquello que vemos y tiene existencia- es reflejo de estos marcos, y nos hace intervenir dentro de los mismos, alejándonos de otras existencias dentro y fuera del sujeto de vida? Frente a ello Butler nos dice que como las normas ya existentes asignan reconocimiento de manera diferencial, se debería producir una serie de condiciones más igualitarias y generales que preparen o moldeen a un sujeto para el reconocimiento, y para el accionar de procesos y cambios más democráticos. Sin embargo, esta lectura ética respecto a la aprehensión de la vida y de las “no vidas” nos permite acceder a un segundo concepto clave, que es el de precariedad. En el planteamiento de Butler, la precariedad no se resuelve con el miramiento o atención individual, sino como una condición social compartida y políticamente inducida, en tanto ésta es condición de todo ser social, que es dependiente y necesita al otro para poder vivir.

Entonces, si partiéramos desde la comprensión que la precariedad es compartida, que se remite a lo más básico y común, que es la vida; y, que como seres precarios y sociales son nuestros marcos sociales, los que hacen posible que la vida pueda ser vivida; no habría especificidad ni justificación para aprehender solo algunas vidas y menos aún a costa de otras. Es así que la problematización de la violencia política, y las memorias, en el marco de estas nuevas categorías permite un acercamiento a la violencia, viendo a esta como un emergente social, que exige una comprensión ética y política de la realidad.