Ha llamado poderosamente nuestra atención una noticia aparecida en las páginas centrales de El Comercio el dia de hoy, en la que el Contralor General de la República, propone que para ingresar a trabajar a la administración pública se exija al postulante que presente un “Certificado de Antecedentes” de no haber sido sancionado en otra entidad del Estado, de cualquiera de los tres niveles de gobierno (Nacional, regional o Local).
Quiero pensar que hay algun error en la noticia, porque considerando los esfuerzos que en los últimos años se viene realizando para lograr la modernización del Estado y los esfuerzos permanentes para simplificar los trámites y la exigencia de papeles innecesarios, una propuesta como esa no encaja en el referido esfuerzo de un estado más moderno.

Fuente: El Comercio
En efecto, es conocido que mediante la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General se creó un registro de sanciones, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuyo nombre es Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido. En ella se registran, independientemente de su régimen laboral o contractual, las sanciones de destitución o despido que hayan sufrido las autoridades o el personal al servicios de una entidad pública, con el objeto de impedir su ingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años.
Dicho registro se encuentra regulado por la PCM (Ver Web PCM) y a él pueden acceder en consulta las entidades públcas para verificar que el personal que estan contratando o designando no este inhabilitado en dicho registro.

Sucede sin embargo, según la noticia comentada, que como las entidades públicas no consultan el referido registro – por dejade´z, negligencia, desconocimiento o ¿conveniencia?- se pretende proponer que cualquier ciudadano que vaya a postular a un puesto en la administración pública deba acreditar que no está sancionado, presentando un Cetificado de antecedentes de dicho registro. Es decir, la ineficiencia e irresponsabilidad de las entidades del Estado se cargan al ciudadano y probablemente ´como dicho documento va a tener un costo de expedición, el costo del mismo ta,bién va ha ser trasladado al ciudadano, haciendo más engorroso el trámite para acceder a un puesto de trabajo.

¿Donde queda lo dispuesto en el artículo 41.1.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando dispone que para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades están obligadas a recibir las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado, en vez del documento oficial, con el mismo mérito probatorio, sobre las condiciones especiales del propio administrado, tales como antecedentes penales, certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, e viudez, de pérdida de documentos, entre otros?

Parece que la aparente propuesta, no ha tenido en cuenta este aspecto, y no creo que se intente dar un paso atrás para modificar este aspecto de la Ley del Procedimiento Administrativo General, más aún cuando es el Estado el que cuenta con la información y no la usa.

Confiamos en que el tema de los servidores o funcionarios públicos que se reciclan, a pesar de estar inpedidos, se soluciones por los caminos que corresponden, pero nunca creando más trabas, papeleos o exigencias de información que el Estado posee, pero que otros servidores o funcionarios públicos no usan o desconocen.

¡Avancemos hacia la eliminación de la cultura del Papel!, lo que ademas vá de la mano con la protección del medio ambiente.