A proposito del proyecto de ley N° 1841-2007/CR presentado con fecha 7 de Noviembre de 2007, por el cual se propone modificar el artículo 41º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, referente a establecer que las personas, cumplan con el requisito previo de presentar los certificados de antecedentes penales, judiciales y policiales, para que se les expida o renueve las licencias de posesión de armas de fuego.

El citado proyecto se sustenta en que debido al artículo 41° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, al permitirse que el ciudadano/administrado presente una declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales, ello impide a la autoridad policial (lease Discamec, un efectivo control sobre las personas a las que se les otroga licencia para el uso de armas, por lo que hay que exigir la presentación de Certificados oficiales y no declaraciones juradas.

Me pregunto, ¿ no corresponde en este caso a la Dicscamec realizar verificación posterior (artículo 32° de la Ley n° 27444) y sancionar a los que han mentido? En lugar de exigir un papel más de una infomación que el Estado posee, se quiere cobrar al ciudadano para que el propio Estado se enteré que en sus registros hay una persona con antecedentes penales o policiales a la que no debe darle la licencia respectiva. ¿Por que no se aplica lo dispuesto en el artículos 76° y 77°de la Ley N° 27444, referido a la colaboración entre entidades, celebrando convenios, buscando financiamiento para implementar sistemas informáticos compartidos, entre otros?

La exigencia de un papel más no soluciona el problema de la delincuencia, la que en su mayoría no va Discamec a solicitar licencia de uso de armas de fuego. Es decir, si por ahí se coló un delincuente que quizo legalizarse, con este proyecto de ley se va aperjudicar a un número mucho mayor de ciudadanos que no son delincuentes.

De otro lado, los ultimos asesinatos los han enido comentiendo personas que incluso estan legalmente autorizadas para defender la ley y el orden y que se supone no tienen antecedentes penales ni policiales.

No sigamos convirtiendo las excepciones en regla general para sobre ello proponer modificaciones a la legislación vigente, que no ayudan a la modernización del Estado, ni van en la línea de la simplificación administrativa.

Hoy la excepción que se propone será para obtener licencia de armas de fuego, mañana será para trabajar en el Estado (como ya se mencionó en un post nterior) y luego será exigido para todo nuevamente; es decir en lugarr de avanzar se retrocede.

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