Estamos en emergencia. El rebrote o segunda ola de la pandemia nos toma justo en el momento en que se inicia la campaña electoral y la aparición de nuevas variantes que producirán mayores contagios.
Simultáneamente, con el incremento del número de contagios y de fallecidos de la última quincena, se ha observado el desplazamiento de varios candidatos para realizar eventos presenciales en los que, más allá de su voluntad y que se desarrollen en ambientes abiertos, no se garantiza la distancia social, el uso de mascarilla y la permanencia de los participantes por un tiempo prolongado. El candidato atrae gente –pues de eso se trata– que quiere darle la mano, abrazarlo y tomarse una foto. Evitarlo puede llevar a ser denunciado por los simpatizantes de sus competidores. La presencia de algunos candidatos impulsa a los otros a hacer lo mismo, para no perder en la carrera de generar adhesiones. Los candidatos saben perfectamente que caminatas, pequeñas reuniones, visitas a mercados, desayunos o comidas al paso, ponen en riesgo a ellos mismos, a los electores, a sus equipos de campaña y a los periodistas que cubren los eventos, pero no están dispuestos a suspenderlos. Estas pequeñas manifestaciones están pensadas para que sean cubiertas por los grandes medios y producir insumos para sus redes sociales y no para las cincuenta o cien personas presentes. Eso es parte de una estrategia donde se combinan modalidades de campaña, uso de medios y mensajes diferenciados.
Si todo esto resulta peligroso, ¿qué se debe hacer? Las invocaciones a la responsabilidad de parte de los candidatos no han sido suficientes. Las normas restrictivas de parte del Ministerio de Salud (Minsa) ya señalan la prohibición de la realización de eventos, de manera general. Pero, en esta campaña, no se cumple. Se requiere una norma específica, pues estamos delante de una dinámica competitiva en la búsqueda de votos, que no cesará por autocontrol. Solo queda, en aras de proteger un bien superior, la vida y la salud públicas, prohibirlos. El Ejecutivo, a través del Minsa y el Ministerio del Interior, en coordinación con los organismos electorales, debe dar una norma específica con claras sanciones. No es posible que los candidatos pongan en riesgo la salud pública y nos hagan llegar al 11 de abril en una situación de incremento alarmante de la pandemia, provocando un alto riesgo a los electores, por lo que algunos considerarán legítimo no acudir a votar, con el daño que esto provocaría al proceso electoral en su conjunto. Los organismos electorales ya han trabajado protocolos de bioseguridad, sobre todo para el día de la jornada electoral. De lo que se trata es de complementarlos. A los candidatos les queda realizar caravanas de autos, propaganda visual estática en calles y plazas, publicidad en los medios de comunicación, que ahora se ha incrementado con dinero público, así como el uso intensivo de las redes sociales. Finalmente, los medios deben poner en evidencia qué candidatos violan la norma y no cubrir sus eventos. Estamos en emergencia sanitaria, no hay otra salida (El Comercio, lunes 11 de enero del 2021).